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Las irregularidades en los contratos para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19 continúan saliendo a flote. El alcalde de Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego, se enfrenta a las acusaciones de la Fiscalía, pues el Juzgado Segundo Promiscuo de ese municipio le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
El ente acusador lo señala del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, por presuntas irregularidades en contrato para la atención de la emergencia por coronavirus. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el convenio contemplaba capacitación para la prevención de la enfermedad y la compra de insumos como guantes, tapabocas y gel antibacterial, entre otros, con un contratista que, al parecer, carecería de idoneidad para celebrar el convenio.
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Además de sobrecostos en los elementos adquiridos, se conoció que los productos serían de mala calidad y otros no guardarían relación directa con el contrato.
A las irregularidades se sumaron otros funcionarios del gabinete, que fueron cobijados con detención domiciliaria. Se trata de Daniel Fernando Alcaraz, secretario de Salud, Hugo Aldemar Suarez, secretario de Planeación y supervisor del contrato, y el contratista Julián Andrés García. El secretario de Salud también fue imputado por falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.
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La defensa de los presuntos responsables apeló ante los jueces penales del Circuito.