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En los últimos días, ha vuelto la normalidad en la mayoría de las vías que se mantenían bloqueadas por el paro minero, que se extiende por el nordeste y Bajo Cauca antioqueño hasta el sur de Córdoba. Tras los desbloqueos, las caravanas humanitarias han podido llegar a los municipios que se han visto afectados, desde el pasado 2 de marzo, por las manifestaciones que mantienen los mineros a la espera de la reanudación de los diálogos con el Gobierno Nacional.
Al respecto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se refiere a la situación del departamento luego de que se ordenó a la Fuerza Pública desbloquear las zonas afectadas, así como llama la atención en que algunos de los municipios de la zona se mantienen las tensiones y el comercio cerrado por las presiones de los grupos ilegales que siguen atemorizando y extorsionando, como por ejemplo ocurre hoy en Remedios, donde permanecen cerrados las tiendas y restaurantes, mientras que alrededor de 8.500 estudiantes no han podido ir a clases.
Sobre lo que viene, el mandatario se refiere al Distrito minero en el que trabajan desde hace un año y del que se ha venido hablando con el Gobierno Nacional, así como de los inamovibles en las negociaciones con los voceros del paro.
¿Cómo está el departamento?
Se ha avanzado en la solución de la situación, por ejemplo, el viernes, cuando se decidió que por la acción de la Fuerza Pública se empezarían a levantar las barricadas y las obstaculizaciones y se buscara normalizar la situación en el territorio, se avanzó en temas importantes como desbloquear la Troncal del nordeste que comunica a Yolombó, Yalí, Vegachí, Remedios y Segovia, y en la noche ya estaba libre la movilización. De hecho, el sábado se organizó una caravana humanitaria para llevar abastecimiento a esas comunidades.
También se tenía obstaculizada la vía entre Montería y Caucasia, en dos puntos: uno en el río San Jorge y otra en el sitio de Campoalegre. Esos dos obstáculos ya fueron removidos y el sábado también pudimos llevar una caravana de abastecimiento. Esas caravanas se han seguido haciendo en esos puntos, es decir que hay un avance importante en la normalización.
¿Cuáles son las zonas más graves?
Cáreces y Tarazá, donde se han mantenido algunos de los árboles inmensos que tumbaron sobre las vías y que estamos removiendo con la Fuerza Pública. Obviamente, continúan algunas zonas con disturbios, pero ha habido mayor control por parte de la Policía y el Ejército en municipios como Zaragoza, Nechí, Caucasia. Esperamos que esta semana se controle, con lo que llegaríamos a un nivel medio de normalización.
¿Y después qué sigue?
El comercio sigue amedrentado en los municipios. En algunos sigue abierto, en otros sigue abriendo y cerrando de forma esporádica, por lo que aspiro a que con la llegada de la Fuerza Pública y la apertura de las vías, el comercio vaya cogiendo confianza para permanecer abierto y con eso facilitar el abastecimiento de la gente. Lo otro es que con las vías abiertas hemos podido abastecer los hospitales que tenían escasez de oxígeno y otros medicamentos y aspiramos que con la apertura de la Troncal de Occidente vamos a poder llegar con la caravana a otros municipios.
¿Qué llevan las caravanas humanitarias?
Desde el primer momento quisimos motivar la caravana en el nordeste y no nos la dejaron pasar. Intentamos nuevamente el miércoles, tampoco pudimos pasarla y obviamente tuvimos que devolvernos porque no queríamos que se presentara ningún hecho violento, pero ya el viernes pasamos el nordeste y el sábado el Bajo Cauca. Han estado compuestos de vehículos de carga alta, camiones de diferentes empresas y comercios de la región, escoltadas por la Policía y acompañadas en las vías por el Ejército y la gobernación de Antioquia. Han llegado a los municipios para proveer los comercios con los que esas empresas tienen convenio.
¿Cómo está Nechí y El Bagre? Que fue precisamente donde se hicieron los operativos previos al paro minero
Continúa la anormalidad. Hay temor por las extorsiones y las amenazas de los grupos ilegales. Hay que reconocer que la situación allí, de Caucasia, Tarazá y Cáceres es de tensa calma. En algunos con mayor normalización, más apertura del comercio, como es el caso de Caucasia, pero en los otros sigue siendo esporádico por las amenazas. Lo otro es que estaba bloqueado el paso por el Lleras, que sirve para ir de Caucasia al Bagre y Zaragoza, ya también fue levantada, por lo que dentro de poco podemos establecer caravanas internas, por ejemplo de Caucasia a Nechí.
¿Los que están atemorizando a los municipios son los mismos que dice que están involucrados en el paro minero?
Clarísimo. Los grupos ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, que es el que tiene dominio en buena parte del territorio, donde está la movilización y los actos violentos. Es el grupo que está detrás de esto, de las extorsiones, están detrás de la instrumentalización de mineros para que vayan al paro. Yo he denunciado cosas tan graves como que van a los municipios en la noche para montar a la fuerza en volquetas a mineros hombres y jóvenes para que hagan presencia obligatoria en las áreas de desorden. El ministro de Defensa lo ha reconocido públicamente y como lo saben los habitantes del nordeste, pero no lo dicen precisamente por el temor. Por eso es que este grupo ha tenido la capacidad de intimidar a municipios enteros y autoridades y es precisamente este grupo el que está detrás de la protesta violenta porque yo he dicho y repito que esto no es una movilización social sino una falsificación. No hay otra manera de entender toda la violencia que ha habido, desde obstruir la vía con árboles inmensos y centenarios, hasta extorsionar a comerciantes y mineros y llegando al punto de quema de ambulancias, lo que traspasa todos los límites.
¿Qué pruebas tienen contra el Clan del Golfo?
Le he entregado todas las pruebas a los organismos correspondientes. Cientos de mensajes de Whatsapp que le envían a los comerciantes para chantajearlos y extorsionarlos; grabaciones tanto de video como de audios, en donde dan órdenes de pagar a los jóvenes para que ejecuten tareas violentas, como atacar a la Fuerza Pública. Desafortunadamente, eso está en ese contexto complejo de utilización como fachada de un paro minero y una minería, por parte de este grupo ilegal, para no asumir la responsabilidad, frente al país y la Paz total, de estar claramente detrás de estos hechos de violencia.
¿Han hablado de acciones a largo plazo?
Tiene que haber una presencia continua de la Fuerza Pública, pero además una presencia integral más completa del Estado e integral a mediano y largo plazo. Se lo hemos dicho así a los agentes en el territorio y la propuesta de un Distrito Minero, que hoy el Gobierno Nacional quiere complementar con el concepto de agro minero, que es columna integral de una salida mucho más estructural a este tema y que ha hecho la gobernación de Antioquia, en compañía de las alcaldías, universidades para evitar que la situación solo sea la atención de la coyuntura.
La destrucción ambiental que está viviendo el Bajo Cauca es la más grande que se ha visto en la historia de Antioquia. Más de 15.000 hectáreas al año son destruidas por la minería ilegal y la siembra de coca, pero además cientos de ríos pasan de ser unas corrientes cristalinas, por unos bosques nativos exóticos y únicos a ser ríos de lava y mercurio y unos terrenos desérticos deforestados. Todo eso requiere una acción más estructural de mediano y largo plazo.
¿Ya hay avances sobre eso?
Hemos venido trabajando en el Distrito minero desde hace más de un año. Eso lo tenemos muy estructurado y hay un avance porque fue presentado en las mesas y fue acogido como una opción muy importante para buscar una salida pacífica. El Gobierno Nacional lo conoció y está abierto para que lo ampliemos y lo dialoguemos con los mineros. Todo esto se debe dar en un ambiente de paz, cuando no haya vías de hecho contra la población y la Fuerza Pública, porque sería muy complejo tratar de construir una solución y al mismo tiempo estar dejando que se someta al territorio a la violencia de los últimos días.
¿En cuánto tiempo se podría implementar?
El ideal es que sea muy rápido. La situación no da espera y uno quisiera que se diera en una semana, en la medida que desaparezcan esos otros fenómenos de violencia y en una semana inmediatamente se debería propiciar una reunión de más alto nivel y allí acoger las líneas que se definan para el Distrito agro minero y arrancar. Pensaría que todo ese proceso no debería demorarse más de un mes, porque el sentido es de urgencia.
¿En la mesa de negociación con los mineros en qué están de acuerdo y en qué no ceden?
Un inamovible, que comparto con el Gobierno Nacional, es no claudicar en contra de la destrucción ambiental y la financiación de los grupos ilegales a la minería ilegal. Eso no lo puede aceptar el Estado ni el gobierno departamental. Esa es la línea roja básica. De resto podemos hablar de la formalización de los mineros pequeños, de los medianos, de la inversión en el territorio en proyectos masivos de reforestación, como lo hemos propuesto, de las inversiones en otras áreas, no solo productivas sino sociales, como por ejemplo es trascendental la educación, para darle alternativas de trabajo a los jóvenes, por fuera de la ilegalidad. Línea roja hay una y lo demás vamos a conversarlo y a construirlo.
