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Este martes llega a la Asamblea Departamental de Antioquia la discusión, en último debate, del proyecto de ordenanza que busca la transformación de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), un tema que ha generado amplias controversias y que en segundo debate, el pasado miércoles 11 de noviembre, fue abordado durante 13 horas, en medio de tensiones y dudas jurídicas.
Con 100 años de historia, la Fábrica es una de las empresas más grandes del departamento, el promedio de ventas anuales supera los 52 millones de unidades y le genera a Antioquia cerca de $1,3 billones al año. De acuerdo con Luis Peláez, diputado de la oposición, el gobernador Aníbal Gaviria dijo que realizaría todos los estudios técnicos para la transformación de la Fábrica de Licores de Antioquia, sin embargo, en febrero presentó un proyecto de ordenanza en el que se le otorgaban todas las facultades para reestructurar la Fábrica, pero la Asamblea se negó. Para julio lo presentó de nuevo con cuatro artículos que también le daban la potestad de reformarla. Finalmente, en septiembre, se presentó un proyecto con 30 artículos, que fue aprobado en primer debate a principios de noviembre en la Comisión Quinta, y es el que está a un paso de hacerse realidad, pese a los cuestionamientos.
El gerente Javier Ignacio Hurtado le explicó a este diario que el proyecto se presentó para cumplir con un exhorto del Consejo de Estado emitido en 2018, en el cual solicitaba que la Fábrica de Licores de Antioquia se transformara en dos años en una Empresa Industrial y Comercial del Estado. Según Hurtado, en 2002 los trabajadores presentaron un pliego de peticiones para negociar, pero la Gobernación no lo aceptó por el régimen laboral que tienen, por eso las denuncias llegaron hasta esa instancia.
La transformación implica que quienes hasta ahora han sido empleados públicos de carrera administrativa pasarán a ser trabajadores oficiales. Según el gerente, esto solucionaría los problemas laborales, pues podrán organizarse y negociar; además afirma que ninguno será despedido y que se les reconocerán los años que llevan en la Fábrica. También habrá cambios en el régimen legal y contractual, la empresa tendrá autonomía presupuestal y administrativa, pues ya no será una unidad de la Secretaría de Hacienda.
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Para el diputado Peláez, se perderían 100 años de historia, pues el proyecto crea una nueva Fábrica, mas no transforma la que ya existe. En esto coincide el presidente de la Asamblea Departamental, Rubén Callejas, quien sostiene que este es un paso hacia la privatización por las amplias funciones que se le otorgan a la junta directiva que puede, por ejemplo, comprar y vender activos sin la autorización de la Asamblea. Callejas recuerda que el gobernador Gaviria, en el período de 2004, intentó vender la Fábrica de Licores y también fusionó Une (división de telecomunicaciones de EPM) cuando fue alcalde.
Según el presidente, no hay garantías laborales, pues la nueva empresa es “de papel”. De acuerdo con el proyecto, las maquinarias, los equipos, terrenos y activos intangibles quedarían en manos del departamento y la fábrica recibiría los inventarios, con unos activos de $145.000 millones y unos pasivos de $66.000 millones. “Esto es una masacre laboral, porque hoy quien tiene estabilidad laboral no la tendría con la nueva fábrica”, dice. La misma inquietud la han manifestado los sindicatos y, según el diputado Peláez, ni siquiera existe un artículo que garantice la permanencia de los 343 empleados.
Otra preocupación es que deje de entrar el dinero que actualmente se usa para temas como salud y educación. Aun así, el gerente Hurtado asegura que con el modelo que van a implementar, de cuentas de participación, se garantizarán “los mismos flujos de dinero, que entrarán como ingresos corrientes de libre destinación y se utilizarán para las mismas inversiones, sin afectar el presupuesto del departamento”.
En contraposición, Peláez comenta que actualmente con la aplicación de la Ley 1816, el 51 % de la venta de cada botella de licor va para salud y educación. Dentro de la nueva fábrica, la Gobernación aporta el 98 % del capital de la empresa y el 2 % restante lo aporta la FLA. Con el nuevo modelo, las contribuciones las pagará cada parte de acuerdo con lo que gana, y según Peláez, “con ese cambio el departamento solo va a recibir en destinación específica el 51 % del 2 % que le pertenece a la Fábrica. A la Gobernación entrarían los ingresos como ganancias del contrato de cuentas por participación, es decir, no se le puede aplicar la ley, sino que sería un ingreso de libre destinación”. El diputado de oposición considera que la división de la Fábrica, con una mayoría en manos de la Gobernación, es el primer paso para privatizarla.
Uno de los reparos de Callejas es que el gobierno departamental ha asumido el exhorto como una obligación, por encima del artículo 144 de la Ley 2010 de 2019, que dice que las empresas de licores en Colombia conservarán la naturaleza jurídica que tengan hasta esa fecha. Frente a ese argumento, el gerente asegura que el artículo no soluciona el tema laboral, de hecho, el 10 de septiembre perdieron 43 demandas.
Asimismo, la gerencia alega que la transformación les permitirá ser más competitivos, pues desde 2012 con los tratados de libre comercio se desgravaron casi por completo los licores importados, eliminando la ventaja de los nacionales en precios y, posteriormente, en 2016 se acabó el monopolio porque los departamentos ya no pueden restringir el ingreso de productos a sus mercados. “Estamos enfrentando un mercado abierto, por eso requerimos usar las herramientas que da el Estado a las EICE”, afirma. El proyecto también permitiría la incursión en el cannabis medicinal, porque se ampliará el objeto social, pudiendo acceder a otros mercados.
Para la diputada María Eugenia Lopera, se trata de una transformación necesaria para que la Fábrica sea competitiva y pueda usar todas las herramientas que tiene a su alcance. Señala, además, que se quiere generar miedo alrededor del proyecto, pero que los trabajadores serán los beneficiados. “Con el modelo de cuentas de participación se garantizará que siga siendo 100 % pública y que los recursos se usen para los diferentes proyectos de inversión, en especial educación y salud”, afirma. En esto coincide el diputado Jaime Cano, quien asegura que ser Empresa Industrial y Comercial del Estado permitirá que la FLA mejore su distribución.
¿Presiones de la Gobernación?
El diputado Peláez explica que desde que el gobernador Aníbal Gaviria retomó funciones ha ejercido presión en la Asamblea para que el proyecto se apruebe. Dice que el 21 de octubre se reunió con la coalición de Gobierno durante cuatro horas para decirles a los diputados que no pueden votar negativamente ni presentar ponencias negativas frente a su proyecto de ordenanza. “Eso es lo que necesitamos, ¿cuál es el cronograma?, y segundo, ¿cuáles son los ponentes? Porque no acepto dos ponencias que están en duda, para que mañana en el orden de Rodrigo, pero usted no ha dicho que no, pero tampoco ha dicho que sí y puede mañana decir que no en la ponencia y entonces yo sí no acepto eso”, se escucha en un audio que grabó uno de los diputados cuando se le activó el micrófono a otro miembro de la Asamblea durante la reunión de la entonces coalición de Gobierno.
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Del mismo modo, el presidente de la Asamblea, que inicialmente era parte de la coalición, denuncia que en una reunión el gobernador insistió para agendar el cronograma, “le manifesté que la Asamblea tenía autonomía y dependencia, no le gustó mi intervención, siguió buscando que no nos paráramos de la mesa sin establecer un cronograma y yo me retiré”, asevera. Según dijeron algunas fuentes a El Espectador, después del primer debate el gobernador habría llamado a otros diputados para conformar una nueva coalición de Gobierno. Ahora esta cuenta con 18 miembros de la Asamblea, ocho de ellos son del Centro Democrático -partido con el que compitió en las elecciones- incluido el excandidato a la Gobernación Andrés Guerra. Aníbal Gaviria no se ha referido sobre el tema.
