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Pliego de cargos a cuatro empresas constructoras del edificio Space y cinco personas naturales como representantes legales, miembros de junta y calculista – diseñador, formuló la superintendencia de Industria y Comercio.
La decisión se fundamenta en una presunta violación de las disposiciones sobre calidad, idoneidad y seguridad en proyectos inmobiliarios como Space, Continental Towers, Asensi y Colores de Calasania.
Según la entidad de control, se podría configurar una violación del artículo 6 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) que obliga a los constructores y todos aquellos que participan en el diseño, la autorización y ejecución de los proyectos inmobiliarios a asegurar la calidad, idoneidad y seguridad de los inmuebles que ofrezcan en el mercado.
Recuerda el informe que el 12 de octubre de 2013, se desplomó la Torre 6 de la Unidad Residencial Space en Medellín, construida por Lerida CDO y como consecuencia del colapso de la Torre 6, se declaró la situación de calamidad pública en la totalidad de dicha unidad residencial.
Señala la superintendencia que como resultado se ordenó la evacuación temporal de los moradores y ocupantes de las Torres 1 a 5 de la Unidad Residencial Space construida por Lerida CDO y del aledaño Edificio Asensi, construido por Alsacia CDO, se declaró el estado de ruina de la Unidad Residencial Space, ordenó la evacuación temporal e inmediata de los habitantes y propietarios de la Urbanización Continental Towers.
Señala el informe que como consecuencia de lo anterior, el superintendente Delegado para la Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó como medida preventiva a VIFASA CDO que traslade por su cuenta a los residentes del Conjunto Residencial Colores de Calsasanía a sitios de habitación que se encuentren en condiciones similares a las que gozaban antes de la orden de desalojo, o, en su defecto, que cancele a los residentes el equivalente en dinero al costo de un arrendamiento mensual en un lugar de similares características.
Luego de realizar las respectivas visitas administrativas de inspección a los cuatro proyectos inmobiliarios y requerir información a los presuntos infractores, la superintendencia de Industria y Comercio, formuló pliego de cargos a las sociedades constructoras y personas naturales mencionadas anteriormente, por la presunta violación del estatuto del consumidor.
Destaca el informe de prensa que en caso de que el proceso termine declarando que existió violación del Estatuto del Consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer sanciones, por cada infracción, de hasta 1.232 millones de pesos equivalentes a 2.000 salarios mínimos.
Los representantes legales, miembros de las juntas directivas y personas naturales investigadas, podrán ser sancionados individualmente, por cada infracción, con multas de hasta 184 millones de pesos y la prohibición del ejercicio del comercio de hasta cinco años.