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¿Qué hacer cuando un profesor invita a una de sus alumnas a salir y ella no le corresponde? Esto le sucedió a Ana*, egresada de la Universidad de Antioquia (UdeA) de Medellín, quien además recibió comentarios por parte del mismo hombre, al que llamaremos Juan*, sobre lo mucho que le gustaban sus demás compañeras.
Ante su incomodidad, Ana tomó la decisión de evitar a Juan a toda costa: en los pasillos, en los salones, y en los espacios de su facultad. Después de eso, Ana le contó a El Espectador que Juan le bajó las notas. “Incluso me puso un 3.7 en un curso porque, según él, lo que escribí no era importante. Tiempo después mandé ese mismo artículo a la Universidad de Medellín, sin modificaciones, y ahí sí me lo publicaron”.
Esto sucedió en 2016 cuando Ana cursaba su posgrado mientras daba clases en la UdeA, en donde Juan era su jefe directo. En ese momento, Ana puso en conocimiento a la universidad de lo que sucedía pero no recibió respuesta. “En cambio, me dejaron de llamar para que diera clases y ahí fue cuando decidí devolverme para mi ciudad natal”, contó ella.
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A pesar de que este caso sucedió hace seis años, denuncias de este tipo, asociadas a las Violencias Basadas en Género*, son lugar común en la Universidad de Antioquia. El 13 de septiembre una nueva ola de denuncias estalló. Hubo desmanes en el campus por parte de grupos encapuchados feministas, y se desencadenó la suspensión temporal de las clases mientras, a través de asambleas estudiantiles, se debatían las supuestas carencias de la UdeA para tratar casos de violencia sexual, específicamente de acoso. Grafitis, panfletos y otras intervenciones se divulgaron con el nombre de los docentes, presuntos victimarios.
Las encapuchadas feministas, incluso, divulgaron una lista en la que estaba el presunto acosador de Ana junto a otros profesores de la UdeA. “La mayoría de ellos son ‘vacas sagradas’, o sea profesores vinculados que llevan mucho tiempo en la universidad y que son de planta”, contó Ana.
Los temores de las docentes que acompañan las denuncias
Julia* es profesora de una de las Facultades de la Universidad. Cuenta que varias estudiantes han acudido a ella para recibir ayuda por casos de violencia sexual. “A cada rato llegan chicas y me comentan las situaciones por las que han pasado: profesores que les hacen comentarios, que las invitan a salir, o que incluso las agreden físicamente. Son situaciones muy delicadas que se han intentado llevar por la Ruta Violeta de la universidad, que se supone trata los casos de Violencias Basadas en Género”.
Varios profesores, en medio de su proceso disciplinario, afirmaron que las relaciones que sucedieron con las estudiantes fueron desde “el consenso y el amor”, mientras que ellas señalaron que eran menores de edad en el momento de la presunta agresión.
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Jorge*, abogado y docente de la UdeA, contó que, en medio de sus acompañamientos a estudiantes que denuncian, varias le han manifestado temor de involucrarse en un proceso penal a través de la Fiscalía. “Ellas no tienen confianza, le tienen mucho temor a cómo pueden realizarse procesos con sus testimonios. Sin embargo, la Universidad tiene un deber que está incumpliendo y es el de llevar los casos ante la Fiscalía cuando tienen conocimiento de denuncias de género y violencia sexual. Por eso, ellas deciden elevar su proceso a lo disciplinario en la UdeA. Lo que muchas están buscando es una reparación para ellas con la suspensión o el despido de los docentes de la UdeA”, dice Jorge.
Según la Universidad de Antioquia se tiene conocimiento de seis denuncias presentadas por las víctimas en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, según la concejala de Medellín, Dora Saldarriaga (movimiento Estamos Listas), hay mucha desinformación al respecto.
“La universidad en sí no está remitiendo a la Fiscalía los casos de los que tiene conocimiento, pero no todas las conductas de acoso son de tipo penal. Es posible que algunas denuncias de la UdeA no se configuren para la Fiscalía, y ahí es cuando deben ser denunciados disciplinariamente”, explica Dora.
Según ella, la Universidad debe hacer un proceso para comprobar lo denunciado, en este caso, a través de la Ruta Violeta. Si se verifica que el caso es penal, es deber de los servidores públicos denunciar ante “la entidad competente” según está establecido en el artículo 67 del Código Penal.
“Aunque ese deber de denuncia no está dentro de los reglamentos de la UdeA, sus docentes y administrativos sí son funcionarios públicos que deberían cumplir el Código”, puntualizó Jorge.
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¿En qué consiste la ruta?
En 2019, Ana decidió cursar un doctorado en la UdeA, y en la presentación final de su proyecto de tesis volvió a encontrarse con Juan, pues era uno de los docentes evaluadores. “Él y otra profesora dijeron que mi investigación era una conversación de cafetería y que no tenía importancia. Me sentí minimizada”, contó ella.
Meses después de caer en una depresión, Ana decidió presentar una denuncia en la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD) de la Universidad de Antioquia por Violencia Basada en Género (VGB), teniendo como precedente un presunto caso de acoso contra Juan.
Los integrantes de la comunidad universitaria pueden dar a conocer su caso de Violencia Basada en Género en la dependencia de Bienestar Universitario. Allí les ofrecen dos vías: la primera es el apoyo psicológico, y la segunda la oportunidad de elevar su caso a la UAD.
También se ofrece que el Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual de la UdeA otorgue acompañamiento jurídico a las personas que lo necesiten.
La Universidad de Antioquia le dijo a El Espectador que “en la mayoría de los casos reportados durante los últimos tres años, en el marco de la Ruta Violeta, el ofensor no tiene vínculo con la Universidad de Antioquia y el evento no se presenta en espacios de la institución”.
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Por la misma línea, la estadística de la Dirección de Bienestar Universitario dijo haber atendido 213 casos a través de la Ruta Violeta en los últimos 3 años:
- En 2020 se atendieron 83 casos. El 57,8% de los ofensores no tenían vínculo con la Universidad y el 80,7% no sucedió en espacios de la Institución.
- En 2021 fueron 71 casos: el 69% de los ofensores no tenían vínculo con la UdeA, y el 84,5% de los casos no sucedieron en espacios de la Institución.
- Hasta el 30 de julio del 2022 se atendieron 59 casos. En ellos se identificó que el 59,3% de los ofensores no tienen relación con la UdeA, y que el 83,1% de los casos no sucedieron en espacios de la Institución.
Sin embargo, también en los últimos tres años, 15 de esos procesos sí tuvieron como presuntos ofensores a miembros de la UdeA: 11 de ellos eran docentes y administrativos, y 4 eran estudiantes.
Jorge dice que desde que ocurrieron los desmanes en la Facultad de Derecho el pasado 13 de septiembre, las directivas han tomado decisiones que deben “reconocerse y aplaudirse desde las buenas voluntades particulares de algunos funcionarios”.
Esas decisiones son, por ejemplo, el fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Disciplinarios (UAD) con la creación de una unidad diferenciada de asuntos de género. Además, la Universidad de Antioquia le dijo a El Espectador que dos abogadas especialistas en género ingresaron a la UAD.
En Bienestar Universitario se contrató a una abogada para apoyar la asesoría técnica y jurídica “para la formulación de la política institucional”, y dos psicólogas para la atención psicosocial a la comunidad universitaria.
Falta de acompañamiento
Jorge aún tiene reservas frente al tratamiento que la UdeA le ha dado a casos pasados y recientes. Según él, hay una falta de acompañamiento jurídico a las estudiantes que desean denunciar un caso de violencia sexual. “La universidad no tiene un protocolo ni de prevención ni de atención a las VGB. Lo que tienen es una ruta institucional llamada la Ruta Violeta”.
A la dependencia de Jorge han llegado muchas solicitudes de acompañamiento, pero, según él, “como nosotros somos docentes con pocas horas contractuales, tenemos que utilizar nuestras horas libres para acompañar a las estudiantes”.
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Otras profesoras, como Alexandra*, temen involucrarse en ciertos casos “por miedo a las retaliaciones de la universidad”. Por eso, en algunas asambleas estudiantiles se solicitaron garantías laborales para las docentes que apoyan a las denunciantes.
Se ha reportado, incluso, que algunos profesores acusados por presunta violencia sexual han denunciado en la Fiscalía por injuria y calumnia a las estudiantes que los señalaron públicamente, por ejemplo, a través del escrache*.
Eso suele suceder antes de que el mismo proceso disciplinario que se da dentro de la universidad falle en contra o a favor de ellas para suspender o despedir a sus supuestos agresores.
“Más fácil sancionan disciplinariamente a las chicas por hacer escrache, que a las personas que ellas están denunciando. Ante un sistema judicial que no atiende realmente lo que necesitamos, el escrache es una forma que implica, para nosotras, responsabilidad y crítica”, explica Alexandra.
Por su parte, la UdeA afirma que sí ha sancionado a algunos docentes en los últimos tres años: “ocho por trato irrespetuoso o actos de irrespeto; seis con una sanción de suspensión en el cargo, y dos con anotación en la hoja de vida como sanción”.
¿Qué ha pasado desde el 13 de septiembre?
Luego de que sucedieran los desmanes y que la UdeA informara de las mejoras a su Ruta Violeta, se decidió que algunas facultades retomaran clases a partir del 14 de octubre. Sin embargo, la Facultad de Economía anunció que continuaría en Asamblea Permanente.
Jorge afirmó que dos de los profesores de la Facultad de Derecho contra los que se levantó un proceso disciplinario fueron suspendidos temporalmente de su cargo, y que, a raíz de eso, enviaron un derecho de petición a la UdeA con preguntas respecto al estado actual de su situación, exigiendo el debido proceso.
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Sin embargo, El Espectador tuvo conocimiento de que ese correo se lo enviaron también a algunos estudiantes de la Facultad de Derecho, a lo que una de ellos respondió que no había pedido recibir ese tipo de mensajes “hostigantes y revictimizantes”.
Previo a eso, uno de los docentes también envió un correo con copia a algunos estudiantes que contenía “memes” que hacían alusión a su situación y la de otros compañeros.
Por ahora, otras estudiantes como lo fue alguna vez Ana esperan fallos respecto a docentes que presuntamente las acosaron. En palabras de Dora, las Violencias Basadas en Género en la Universidad de Antioquia, y otras a nivel nacional, no son un asunto de moda sino una problemática histórica antes ignorada y silenciada.
“Es posible que lo que pasa pueda prevenirse con pedagogía: cátedras de prevención, sanción y garantías de no repetición”, dice la concejala. “¿Que va a pasar con las chicas que han generado las asambleas? Ellas han sido señaladas. ¿Y qué vamos a hacer con los casos que no se tramitaron y que tienen una profundas heridas en las egresadas?”.
