Imagínese que las autoridades no tuvieran la obligación de responder sus preguntas y que lo ignoraran cada vez que necesita saber algo. Afortunadamente, la Constitución colombiana impide que esto pase, para lo cual se inventó el derecho de petición.
Según la abogada Laura Robledo, el derecho de petición es una herramienta muy valiosa que tenemos todos los ciudadanos porque nos sirve para que las autoridades y cualquier empresa pública o privada conteste las peticiones que tenemos.
Textualmente el artículo 23 de la Constitución nacional contempla:
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
¿Qué puede pedir con un derecho de petición?
El reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información; consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
Según la abogada de Amigo Legal, “es importante que tenga en cuenta que este derecho puede ejercerse sin necesidad de abogado; simplemente debe descargar el derecho de petición, completar los datos y presentarlo ante la empresa o autoridad respectiva.
Generalmente, las autoridades tienen 15 días hábiles para contestar sus peticiones; si no le contestan dentro de este tiempo, puede presentar una acción de tutela, porque se le estaría vulnerado su derecho fundamental de petición.
¿Ante quién se presenta el derecho de petición?
Ante cualquier autoridad administrativa, estatal u oficial; es decir, contra cualquier institución del Estado.
¿Se puede presentar un derecho de petición ante una empresa privada o una persona natural?
En principio el derecho de petición está dirigido para hacer peticiones y solicitudes ante entidades y autoridades públicas o estatales, pero hay casos en que también aplica para empresas o instituciones privadas.