Un día como hoy hace 17 años, la periodista de El Espectador Jineth Bedoya Lima se dirigió a la cárcel La Picota para hacer una entrevista que terminó en tragedia. Bedoya fue secuestrada durante diez horas por tres paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, a quienes investigaba para un reportaje. Pasaron nueve años para que la periodista finalmente confesara que fue violada durante su cautiverio y a partir de ese momento, ha sido la abanderada de una lucha incansable de la búsqueda de la verdad, así como de la visibilización de todas aquellas mujeres que, como ella, fueron víctimas de violencia sexual.
‘No es hora de callar’ ha sido el lema de su campaña, que se vio reconocida en el 2014 cuando su caso fue declarado de lesa humanidad por la Fiscalía, debido a que los ataques que sufrió correspondieron a su condición de periodista y mujer. «Entre mujeres nos entendemos, porque sabemos la grandeza de lo que es dar vida y el modelo machista que rige el mundo ha llevado a que los hombres hagan la guerra, a que sean los que tengan la potestad de firmar la paz y, a que siempre, seamos las mujeres las que llevemos la peor parte de la confrontación”, expresó la periodista en una intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese mismo año en un acto público, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, proclamó el Decreto 1480 que estableció el 25 de mayo, como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual.
En su boletín No. 12, titulado ‘Del fin de la guerra a la erradicación de la violencia sexual contra las mujeres: un reto para la paz’, la corporación Sisma Mujer nos presenta algunos datos: Según Medicina Legal, el 85% de los casos de violencia sexual en el 2016 fueron contra mujeres y niñas, mientras que en el marco del conflicto armado la cifra es mayor: las mujeres y niñas representan el 93% de los casos (RUV).
Frente a este panorama, Sisma Mujer destaca la importancia de la fecha, como una invitación a denunciar y a construir un país libre de agresiones y de impunidad. Pero la corporación es enfática, en que debe ser un esfuerzo conjunto entre la sociedad y el Estado: “Lo anterior debe pasar por voluntad política gubernamental desde el orden nacional, que no rechace, sino que combata efectivamente las múltiples violencias que afectan a las mujeres, a través de procesos pedagógicos que apunten a la transformación de las prácticas culturales, que ayuden a desmontar el mandato de masculinidad en el que los hombres se creen dueños de los cuerpos y vida de las mujeres”, señaló en su boletín.
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