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En una decisión votada por abrumadora mayoría, los futbolistas profesionales de Colombia de las ramas masculina y femenina decidieron ejercer su derecho a la huelga en protesta por no haber llegado a un acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor en nueve puntos cruciales que estaban en discusión.
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) explicó que la decisión, anunciada el pasado 12 de marzo, está amparada en dos artículos del Código Sustantivo del Trabajo (CST): el 444, que determina que para declarar la huelga debe haber un apoyo mayoritario de los trabajadores, y el 445, que dice que el cese solo podrá efectuarse transcurridos dos días hábiles a su declaración y no más de 10 días hábiles después.
Del total de 1.221 futbolistas vinculados con Acolfutpro, que participaron en la decisión anunciada el pasado miércoles, 1.067 (87,4 %) optaron por la huelga, mientras que 154 (12,6 %) eligieron el tribunal de arbitramento. Si no se llega a un acuerdo antes del miércoles 26 de marzo, los jugadores y jugadoras de los torneos profesionales del país entrarían en paro de manera indefinida.
Hubo casos similares en menor escala, como la vez que los jugadores profesionales del Quindío no se presentaron para jugar con Millonarios porque no les habían pagado sus salarios (2011), pero si la huelga anunciada la semana pasada llega a entrar en vigor, el fútbol profesional colombiano enfrentaría una crisis inédita, pues nunca había sido una decisión del grueso de profesionales en el país.
Acolfutpro señaló en un comunicado que, tras la finalización de la etapa de arreglo directo que tuvieron con la FCF y la Dimayor, en el proceso de negociación colectiva que la Asociación tiene con ambos organismos y que contó con la mediación del Ministerio del Trabajo, se lograron acuerdos parciales, pero que hubo otros nueve puntos sensibles que todavía generan incertidumbre.
“Cuando se cierra la etapa de arreglo directo, mediante el acta que suscribimos el 25 de febrero en el Ministerio del Trabajo, ahí se deja constancia de lo que acordamos y lo que no. El 26 de febrero levantamos porque ellos (Dimayor y FCF) ya no se sentaron más, aduciendo que el señor Fernando Jaramillo (entonces presidente de la Dimayor) había renunciado”, explicó Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, en diálogo con El Espectador.
Hubo acuerdos, como el establecimiento de un mínimo de 70 horas consecutivas entre la hora de inicio de un partido y el siguiente que se programe de un mismo club, las semanas de descanso entre torneos y las fechas límites del calendario, entre otros.
Los puntos en los que todavía persisten diferencias son los siguientes: Estatuto del Jugador, Código Disciplinario, minuta única, pólizas de salud, partido anual de la selección de Colombia, participación sobre derechos de televisión, reuniones con los futbolistas de la selección, entradas para partidos y protocolo contra discriminación, acoso y violencia de género.
“Todos son urgentes. Para nosotros los temas de regulación son claves. El Estatuto del Jugador y el Código Disciplinario son esenciales, y de la parte financiera, pues derechos de imagen y derechos de televisión. Los jugadores han pedido eso. Sabemos que el contrato fue pésimamente negociado”, agregó González Puche.
Sobre el Estatuto del Jugador, una de las dificultades que ha enfrentado Acolfutpro es que el Mindeporte no ha requerido a la FCF la modificación del artículo 32 de la mencionada norma. La Asociación presentó ante la Corte Constitucional un incidente de desacato en 2022, y a pesar de que la solicitud prosperó, todavía no hay un control efectivo de la cartera.
Por su parte, uno de los inconvenientes con el Código Disciplinario es que este reglamento vulnera derechos fundamentales de los futbolistas, entre ellos el de la protesta. Uno de los ejemplos es la queja que la Asociación elevó luego de que 11 jugadores del Bucaramanga fueran multados por realizar un acto simbólico en noviembre del año pasado, en la que se taparon la boca con esparadrapos en referencia a que no podían quejarse del arbitraje.
Respecto a las pólizas de salud, una de las solicitudes de Acolfutpro es que la FCF, que cada año ingresa cifras multimillonarias por patrocinios, destine un porcentaje concertado por ambas partes para que las y los futbolistas profesionales del país estén asegurados.
Los futbolistas también quieren una mejor repartición de los derechos televisivos del fútbol profesional colombiano. El porcentaje que lleguen a acordar funcionaría a partir de 2027, pues el contrato actual con Win Sports tiene vigencia hasta finales de 2026.
Otro de los puntos de discusión es el partido anual de la selección de Colombia, para que el dinero que genere se destine para hacer un fondo de retiro, a través del cual los futbolistas reciban al final de su carrera una suma de dinero. “Al contrario de lo que muchos dicen, hay futbolistas que ganan $3 millones y $4 millones y punto. Con eso sobreviven, para que al terminar sus carreras por lo menos tengan algo”.
Acolfutpro igual quiere que no se le pongan barreras a la hora de cuadrar espacios para reunirse con los jugadores de la selección nacional. “¿Qué les cuesta a los directivos permitir que nosotros nos reunamos? Nada, porque nosotros pagamos los tiquetes y nos vamos a ver con los jugadores”, agregó González Puche.
Uno de los puntos de discusión, con especial importancia en el caso del fútbol femenino, es el protocolo contra discriminación, acoso y violencia de género, que fue ordenado por la Corte Constitucional luego de que en 2019 el entonces presidente del Tolima, Gabriel Camargo, tuviera que retractarse por unas declaraciones denigrantes en contra de las mujeres que juegan fútbol a nivel profesional.
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