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En medio del proceso de socialización del proyecto de ley para regular la actividad de los futbolistas en Colombia, que el Gobierno se apresta a presentar al Congreso, el litigio del jugador de Millonarios Yhonny Ramírez mantiene alborotado el universo del balompié nacional. Esta vez por la negativa de un magistrado de la Corte Constitucional a la opción de que el alto tribunal revise la tutela que el volante paisa entabló contra la Dimayor y la Federación de Fútbol en el sonado pleito laboral que desde hace casi un año libra con el Boyacá Chicó.
A pesar de que el propio ministro de trabajo, Rafael Pardo, le pidió a la Corte Constitucional que aceptara la revisión de la tutela de Ramírez, entre otros aspectos porque ayudaría a esclarecer muchos de los dilemas que tendrán que ser tratados en la ley de los futbolistas, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt consideró que el tema no era significativo. Su colega Luis Ernesto Vargas, quien hizo sala con Pretelt para definir este asunto, terminó declarándose impedido porque actualmente hace parte de la Comisión Arbitral de la Dimayor.
La única opción ahora para que la Corte Constitucional examine la tutela es que otro magistrado proponga su revisión o que lo haga el defensor del Pueblo o el procurador general de la Nación. Con otro inconveniente a la vista: aunque el defensor Jorge Armando Otálora se ha mostrado interesado en que esa discusión se dé en la Corte, él mismo es también miembro de la Comisión Arbitral. A su vez, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio, quien tendría que participar en el debate, es actual miembro de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.
La pelea entre Yhonny Ramírez, Chicó, Millonarios y los tribunales deportivos de la Dimayor y la Colfútbol viene desde 2012. En enero de ese año, los dos equipos firmaron un convenio deportivo de cesión temporal de préstamo con cargo y opción de compra para que el jugador militara con el cuadro bogotano hasta diciembre de 2012. La cifra de la posible transferencia quedó en $500 millones. En el camino, el futbolista entró en pleito con Chicó y, alegando justa causa, dio por terminado su vínculo laboral con el equipo boyacense.
Con la advertencia de que estaba pendiente de resolverse este conflicto, la Comisión del Estatuto del Jugador autorizó en febrero de 2013 que Ramírez siguiera jugando con Millos. Casi de inmediato, Chicó entabló litigio ante la misma comisión, pidiendo que se condenara al equipo albiazul a pagar $500 millones pactados, que además le dieran $100 millones más por perjuicios causados, que el jugador fuera suspendido en su actividad entre seis meses y dos años y que Millonarios no pudiera inscribir jugadores por dos temporadas.
La Dimayor admitió la demanda del Boyacá Chicó y fue en ese momento cuando Yhonny Ramírez, con el apoyo de la Asociación de Futbolistas Profesionales, presentó una tutela ante la jueza civil municipal, alegando que fuera la justicia laboral ordinaria la que resolviera el pleito por tratarse de diferencias en contrato de trabajo. El 19 de junio de 2013, la jueza le otorgó la razón al jugador, pero la Dimayor apeló y el 25 de julio de 2013 otra jueza revocó el fallo y decidió que la pelea debe saldarse en los tribunales deportivos del fútbol.
En esas condiciones, la única opción es que la Corte admita revisar el caso. Más aún después de que la Dimayor, el 29 de agosto, conminó a Millonarios a pagar $500 millones al Chicó, bajo la consideración de que está vigente el convenio deportivo firmado entre los equipos. Ni un sola referencia al dilema del contrato laboral entre Chicó y Ramírez, precisamente, la razón por la que la Asociación de Futbolistas Profesionales le ha pedido a la Corte que evalúe el caso. En su opinión, la Dimayor no puede pasar por alto el contrato laboral.
“Si la Dimayor desconoce la posibilidad de que los jugadores terminen sus contratos cuando exista una justa causa, eso quiere decir que el derecho fundamental al trabajo no existe para los futbolistas en Colombia”, comentó Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación, quien libra la pelea por el jugador tanto en la Dimayor como en la Corte. El dueño de Chicó, Eduardo Pimentel, se ha limitado a explotar en su cuenta de Twitter profiriendo amenazas contra los periodistas que documentan el caso, especialmente en El Espectador y la revista Semana.