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Si algo faltaba para agravar la crisis del fútbol colombiano y la división entre sus dirigentes era que sus patrocinadores tiraran la toalla. BetPlay y Win Sports, empresas que financian sus torneos en alto porcentaje, como consecuencia de la suspensión de actividades desde hace cuatro meses, solicitaron a la Dimayor revisar contratos. Ambas firmas, pese a la falta de competencia, cumplieron con sus aportes hasta mayo, pero ante la ausencia de retribución publicitaria, la situación es insostenible y esta semana anunciaron que no pueden pagar más, sobre todo si se aplaza el reinicio del campeonato previsto para el 1° de septiembre.
El canal de televisión y la casa de apuestas en línea se solidarizaron durante los primeros meses de la pandemia, con la esperanza de que apenas el Gobierno autorizara se podría reanudar el torneo de primera división. Por eso estuvieron a la expectativa hasta mediados de junio, cuando Dimayor recibió los protocolos de bioseguridad para el retorno de las actividades. Pero el proceso, que se supone se iba a agilizar, hoy está estancado. Solo Nacional, Equidad, Cali, América y otros pocos tienen lista la logística. El resto de los 36 equipos ni siquiera cuentan con recursos económicos y físicos para cumplir las exigencias.
Fuentes consultadas sostuvieron que el tema de Win Sports y BetPlay es delicado, pues sus recursos representan más del 80 % del dinero con el que funciona un equipo en Colombia. “No se habla de renegociar el contrato, porque está firmado hasta 2026. El acuerdo estipula que al año la Dimayor entrega dos torneos de liga y en 2020, por la pandemia, solo se jugará uno. Win ya pagó más del 50 % de este año y lo hizo hasta principios de junio”, sostuvo una persona que conoce los negocios de la Dimayor. En pocas palabras, no pagará más esta temporada si no hay garantía de reponer la liga que no se jugará. “No se puede pretender el 100 % de recursos si no hay espectáculo”.
Desde hace un mes los patrocinadores buscan una reunión con la Dimayor. La propuesta de Win es plantear que se reponga la liga que no se jugará por la del primer semestre de 2027. “No es extensión ni renegociación. Es que repongan un servicio que no se ha prestado y por el cual el canal está dispuesto a pagar para que no se afecten las finanzas de los equipos. En el canal pueden optar por no pagar durante el segundo semestre, pero eso ahondaría la crisis y sería traumático para los clubes. La división interna es la que tiene frenado todo”, dijo otra fuente.
La división en la Dimayor
Para varios presidentes de los equipos, la falta de planificación refleja a la dirigencia dividida. Desde hace más de un año, buena parte de los 36 clubes de primera y segunda división han manifestado su inconformidad con Jorge Enrique Vélez en la presidencia. El directivo antioqueño llegó a mediados de 2018 para facilitar la creación del canal prémium, que entró a funcionar en enero pasado. Luego planteó el negocio de los derechos internacionales de televisión, que lo tiene en el ojo del huracán. El acuerdo firmado en 2019 con Latin American Equity Sports, del fondo estadounidense Prudent Corporate Finance, prometía ingresos por US$300 millones en diez años.
Ese negocio fue una ilusión que sirvió para calmar a la oposición y alargar la agonía. Ahora, los abogados de Dimayor buscan la forma de demandar o cancelar el contrato, mientras, al parecer, la firma argentina Torneos y Competencias espera el desenlace para presentar una propuesta que llegaría al 10 % del beneficio presupuestado. Además, en el informe presentado a los clubes en la asamblea pasada —rechazado por 17 de los 36—, Vélez destacó el aumento de los ingresos por patrocinios, el ahorro en gastos de funcionamiento y la implementación de una nueva tecnología en la parte administrativa.
Sin embargo, para muchos de los clubes, no justificó éxitos deportivos ni organizativos, por lo que han pedido su salida. En la división se habla de tres grupos: uno que defiende a ultranza la gestión de Vélez y reúne a ocho clubes, la oposición abierta de trece presidentes y los neutros, que esperan la decisión que más los beneficie.
Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad, aseguró que “el fútbol colombiano se contagió del virus de la politiquería. Prima la defensa a una persona sobre la institucionalidad”. Otro directivo agregó: “Por menos sacaron al expresidente Jorge Perdomo, a quien acusaron de alinearse con cinco clubes”.
Zuluaga reconoció que ha faltado transparencia y solidaridad entre los representantes de los equipos para acabar con una situación insostenible. Édgar Páez, de Tigres, sostuvo que “(Vélez) es un hombre que no conoce de fútbol. Queremos que las cosas se hagan al derecho, sin violar los estatutos de la Dimayor y en beneficio de los 36 clubes, no solamente de algunos”. A ellos se han sumado críticas de los presidentes de Santa Fe, Cortuluá, Patriotas, Huila, Envigado, Orsomarso, Cúcuta y Llaneros, entre otros, por la mala relación que ha tenido con el Gobierno y el manejo de los recursos en estos tiempos de crisis.
Aunque no han sido mayoría, desde el jueves toma fuerza la versión de que cada vez son menos los directivos que respaldan al presidente y que sus horas en el cargo están contadas. Perdió apoyo de clubes que confiaban en el rescate financiero, pero que ya se resignaron a que este no va a llegar. Sin embargo, a su lado siguen, por ahora, los representantes de América, Medellín, Nacional, Pereira, Once Caldas, Valledupar, Leones y Alianza Petrolera. “Se le acabó la credibilidad y la legitimidad. Qué garantías tenemos si llegamos a tener un problema con uno de los clubes que lo respaldan”, es la conclusión a la que llegan los de la oposición.
¿Y los futbolistas qué?
A la puja por el poder en Dimayor, consecuencia de errores e intereses de sus integrantes que han sido incapaces de acordar el sistema del campeonato, se suma el descontento de los futbolistas, los menos consultados para la toma de decisiones. Cuando amenazaron con huelga, el año pasado, Vélez aseguró que el tema laboral dependía exclusivamente de los clubes y prefirió hacerse a un lado. Ahora tampoco ha actuado frente a la situación contractual de muchos deportistas a quienes se les suspendieron, cancelaron o modificaron arbitrariamente los contratos durante la pandemia.
“Los jugadores de Bucaramanga firmaron un acuerdo y van a recibir el 75 % del sueldo, pero no les pagan abril, mayo y junio, aunque es demandable. Hay problemas con Danovis Banguero en Tolima, a quien le suspendieron el contrato, así como en América a Matías Pisano, Pedro Franco y Juan Pablo Segovia”, explica Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro. “En Jaguares resolvieron el tema, pero en Real San Andrés está el dilema de la licencia no remunerada. Muchos clubes prometieron pagar contratos cuando vuelva la competencia y diluyen todo. Otros acordaron pagar cuando retomen los entrenamientos. En Caldas, los jugadores terminaron recibiendo una miserableza”.
Los protocolos, otra discordia
Entre el tire y afloje con el Gobierno, en el que hubo hasta acusaciones de querer torpedear el fútbol colombiano y evitar su regreso este año, la Dimayor, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud lograron crear un protocolo para el entrenamiento y la competencia. Fue emitido el 17 de junio y, desde ese momento, se puso en marcha un plan para que el retorno de la Liga sea el 1° de septiembre. Sin embargo, la falta de recursos y no lograr que un solo laboratorio practique las pruebas a los 36 clubes han sido los primeros obstáculos.
Luego de que se iniciara la cuarentena obligatoria, el presidente de la Dimayor manifestó que había encontrado a una empresa canadiense, Athletics and Health Solutions Inc., para que planeara y aplicara el protocolo. Sin embargo, la sociedad extranjera no tenía idoneidad para realizar la gestión. Jorge Enrique Vélez se defendió y sostuvo que se trataba de la nueva compañía de una empresa con muchos años de experiencia. La decisión fue retirar la propuesta y esperar la respuesta del Gobierno, que la segunda semana de mayo, a través del Ministerio del Deporte, rechazó el protocolo argumentando que existían diez interrogantes. La respuesta de Vélez fue que eran cuestiones fáciles de solucionar, lo que provocó molestia en el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quien ripostó: “En este momento no hay nada fácil de responder”. Un nuevo golpe al presidente de la Dimayor utilizado por sus opositores para pedir su salida porque, supuestamente, terminó de romper una relación con el Gobierno, ya deteriorada por declaraciones inapropiadas en el pasado.
La luz llegó con el protocolo de seguridad de seis fases para el retorno de los entrenamientos y la competencia. Los principales requerimientos son la aplicación de dos pruebas moleculares PCR (que determinan eficazmente si hay algún contagiado) y cuatro pruebas rápidas (o serológicas) para seguimiento; entrenamientos con máximo diez personas, distanciamiento de seis metros cuadrados y prohibición de que los jugadores utilicen las duchas de los camerinos.
Las tres primeras fases del protocolo (planeación, alistamiento y condición de salud) comenzaron el 18 de junio e irán hasta el 16 de julio. En ellas, los equipos deberán entregar los listados de cuarenta personas que hacen parte del plantel profesional que retorna a las prácticas, de las cuales solo puede haber 22 jugadores y cinco de espejo (una especie de suplentes ante alguna posible lesión). El siguiente paso es la aplicación de pruebas COVID-19, que se deben realizar entre el 10 y 15 de julio.
En principio, la Dimayor realizó una invitación pública para seleccionar un proveedor que realizara el diagnóstico de los 36 equipos profesionales, con presupuesto máximo de $2.500 millones, pues el objetivo era hacer 8.514 pruebas moleculares y 9.524 serológicas. Sin embargo, el proceso quedó desierto. No hubo una empresa que cumpliera con los criterios exigidos, específicamente el cubrimiento territorial y el respaldo financiero.
La decisión de la Dimayor fue establecer que cada club sea responsable de contratar con un laboratorio las pruebas moleculares y que entregará hasta $26 millones como subsidio. Esto generó malestar en la oposición, que lo calificó como un presupuesto bajo, teniendo en cuenta que Dimayor tenía en sus planes gastar hasta $2.500 millones y subsidiar a todos los clubes que ahora, sumidos en la crisis, tienen que sacar de su bolsillo. Otros manifestaron que se debe a falta de planeación, pues hay multinacionales que sí lograron firmar contratos con gestores de salud con cobertura en todo el país. “La Dimayor inició el proceso tarde”, concluyeron.
La rectora del balompié profesional advirtió que el equipo que no realice los reportes en los tiempos estipulados corre el riesgo de perder días de entrenamiento, individuales y luego grupales, previstos del 17 de julio al 19 de agosto, día en que aspiran a que el Gobierno entregue el aval para iniciar la competencia.
Si se cumple el cronograma, la pelota volverá a rodar en septiembre. Ya no serán cuatro equipos clasificados sino ocho y se jugarán dos cuadrangulares de los que saldrán los finalistas. La disputa por el último cupo a la Copa Sudamericana será entre los doce equipos eliminados, que se dividirán en tres cuadrangulares. El ganador de esa liguilla enfrentará al mejor reclasificado que no haya accedido a torneo internacional. “Esto es innecesario si buscan salvar el contrato de televisión, porque nadie va a tener interés en un partido entre el noveno y último de la liga”, recalcó una fuente.
Aunque se acordó que el torneo de la Primera B se va a realizar y que habrá ascenso, lo que no es claro es que se juegue la Liga Femenina, a pesar de que hay dinero, pues la Federación Colombiana de Fútbol dio US$500.000 y FIFA otros US$500.000 específicamente para eso. Adicionalmente el Ministerio del Deporte aportó $1.400 millones.
El regreso del fútbol depende del cumplimiento de los protocolos, de la posibilidad de que los equipos sigan teniendo financiación y de la voluntad de regresar a la competencia.
“Esto no es de buscar un responsable. Es trabajar primero por el regreso, luego por las finanzas y después solucionar los problemas internos”, expresó el presidente del Cali, Marco Caicedo. Otro directivo agregó: “Trabajaremos a pérdidas porque no se van a recibir taquillas y no todos los patrocinios se van a reactivar. La necesidad es volver, es la única forma de generar ingresos”. Mauricio Romero, del América, añadió: “Esta división ha provocado que los procesos sean lentos”.
Si bien la última palabra la tendrá el Gobierno, que aún no define qué ministerio, si el de Deportes o el de Salud, tendrá que supervisar el cumplimiento del protocolo, la evolución de la pandemia del COVID-19 en el país es la que realmente marcará el cronograma del retorno a la competencia profesional.
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