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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido que sea la Fiscalía Anticorrupción la que se haga cargo del llamado caso Negreira, sobre los pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira por parte del FC Barcelona.
Para ello emitió este martes un decreto en el que establece que la competencia para conocer los hechos que constituyen objeto de las Diligencias Previas 348/23 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona pase a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia.
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Según la denuncia interpuesta ya por la Fiscalía Provincial de Barcelona, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito continuado de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal o un delito continuado de apropiación indebida, así como un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
A partir de ahora será esta Fiscalía Anticorrupción la que lidere la instrucción de la causa.
La Fiscalía ha denunciado por estos hechos al FC Barcelona y a sus expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, y ha propuesto que el actual presidente del Barça, Joan Laporta, sea citado como testigo.
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La querella fue interpuesta ante el Juzgado de Instrucción n°1 de Barcelona para que se acumule a las diligencias previas incoadas a raíz de una querella presentada por el árbitro del VAR Estrada Fernández contra Negreira.
Además de Rosell -que fue presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014- y Bartomeu -entre 2014 y 2020-, la denuncia se dirige contra el exdirector ejecutivo del club Óscar Grau y el exdirector de Deportes Profesionales Albert Soler, que eran “de la máxima confianza” de Bartomeu, según el Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, el club azulgrana “alcanzó y mantuvo” un “acuerdo verbal estrictamente confidencial” con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, para que, “a cambio de dinero”, realizase “actuaciones tendientes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase” y en los “resultados de las competiciones”.
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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, admitió este lunes que “es el peor momento del fútbol español” tras estallar el caso de presunta corrupción arbitral en el que está envuelto el Barcelona.
La semana pasada la Fiscalía española acusó al club catalán de haber pagado 7,3 millones de euros (US$7,8 millones) a una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, exárbitro español y antiguo número 2 del estamento arbitral.
El Barça se defendió que esos pagos, entre 1994 y 2018, se realizaron por asesoramiento en temas arbitrales.
“Sí, que yo recuerde”, contestó Tebas en una entrevista al canal Vamos al ser preguntado si era el peor momento del fútbol español.
“El problema que tenemos es el peor. Hay unos pagos reconocidos por el Barcelona. Es algo anormal”, añadió el dirigente de la patronal del fútbol español.
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Estas declaraciones se produjeron pocas horas después de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, denunciara que estas acusaciones corresponden a una campaña de “ataques feroces” contra el club azulgrana. “El Barça es un club con valores. El club es admirado y reconocido en todo el mundo. También pasa que algunos, motivados por la envidia, intentan erosionar nuestra reputación con campañas hechas desde la mala fe”, declaró en un acto institucional.
También este lunes, el diario El País informó que los exentrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde serán llamados a declarar como testigos en este caso.
Por su parte, el gran rival deportivo del Barcelona, el Real Madrid, anunció que se apersonará en el procedimiento judicial por “corrupción en el ámbito deportivo”.
Barcelona, según Tebas, no puede ser sancionado a nivel deportivo, puesto que los hechos han prescrito tanto para las autoridades deportivas españolas como europeas.
A nivel penal, los acusados podrían enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión y el club podría ser sancionado con una “suspensión de actividad hasta la disolución”, declaró a la AFP Alberto Palomar, profesor de derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
Una atmósfera en la que parece que difícilmente podrá respirar el Barcelona, que este fin de semana recibirá a Real Madrid en un partido decisivo para LaLiga.
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