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Los anuncios que hace una semana hicieron en conjunto los fiscales generales de Estados Unidos, Loretta Lynch, y de Suiza, Michael Lauber, sobre ampliar la investigación por el escándalo de corrupción de la FIFA, efectuar nuevas detenciones y empezar a tomar decisiones sobre los ya involucrados empezaron a ser toda una realidad ayer, luego de que en horas de la mañana anunciaran la aprobación de extradición de Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la FIFA y expresidente de la Confederación Suramericana de Fútbol.
Efectivamente, la justicia suiza autorizó la extradición a Estados Unidos del antiguo dirigente uruguayo, implicado en el escándalo de corrupción.
La Oficina Federal de Justicia (OFJ) indicó en un comunicado que el antiguo vicepresidente de la FIFA, detenido el pasado 27 de mayo en Zúrich junto con otros seis responsables de la organización, a petición de Estados Unidos, tiene 30 días para recurrir la decisión ante el Tribunal Penal Federal.
Eugenio Figueredo, que fue futbolista y presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol entre los años 1997 y 2006, es sospechoso de haber aceptado sobornos de millones de dólares por parte de una sociedad de marketing deportivo cuando era vicepresidente de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) y más tarde como vicepresidente de la FIFA.
Los pagos habrían transitado por institutos financieros estadounidenses y tendrían que ver con la organización de la Copa América de los años 2015, 2016, 2019 y 2023.
La fiscalía de Nueva York también le reprocha a Figueredo que haya conseguido la nacionalidad estadounidense por medio de falsos certificados médicos presentados en 2005 y 2006.
La justicia estadounidense había emitido una orden de arresto en su contra el pasado 20 de mayo y pedido su extradición a las autoridades suizas el 1º de julio. Eugenio Figueredo ha estado detenido desde su arresto en la ciudad de Zúrich.
La Oficina Federal de Justicia consideró que se daban todas las condiciones necesarias para extraditar al exdirigente uruguayo, entre ellas el hecho de que los delitos que se le imputan sean punibles en el derecho suizo, precisó el organismo.
La justicia estadounidense afirma que, al aceptar sobornos a cambio de contratos, Eugenio Figueredo habría vulnerado la libre competencia y distorsionado el mercado de los derechos relacionados con los medios de comunicación para la Copa América.
Otras empresas de comercialización deportiva habrían sido perjudicadas, al igual que las confederaciones y federaciones de fútbol afectadas, a las que se impidió negociar contratos más favorables. “En Suiza, este comportamiento sería punible en tanto que comercio desleal”, asegura la OFJ en su comunicado.
El código penal suizo también castigaría el hecho de que Figueredo presentara falsos certificados médicos en su proceso de naturalización.
La justicia neoyorquina imputó a 14 personas en este caso: nueve miembros de la FIFA, todos de Suramérica y América Central, y cinco hombres de negocios del sector del marketing deportivo. La investigación, iniciada por Lynch cuando era fiscal en Nueva York, apunta a que se entregaron US$150 millones en sobornos y comisiones en los últimos 25 años.
Fue en la ciudad suiza de Zúrich donde estalló el mayor escándalo de la historia del fútbol el pasado 27 de mayo, en la víspera del congreso de la FIFA en el que fue reelegido para un quinto mandato como presidente el suizo Joseph Blatter. La policía suiza detuvo, por petición de la justicia estadounidense, a siete altos responsables de la organización acusados de corrupción.
A la pregunta de si el presidente dimitido de la FIFA, Joseph Blatter, iba a ser interrogado por las autoridades estadounidenses, Lynch rechazó dar más detalles, explicando con cierto tono de humor que no podía comentar el “programa de viaje” del dirigente suizo, de 79 años, cuyo sucesor al frente del fútbol mundial se conocerá el próximo 26 de febrero, durante el congreso extraordinario de la organización.
La investigación estadounidense partió en 2011 de la colaboración entre el FBI y Chuck Blazer, exsecretario general de la Concacaf, quien reconoció haber cobrado sobornos de Marruecos y Sudáfrica en el proceso de atribución de los Mundiales de 1998 y 2010.