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Del 5 al 21 de octubre se realizará en nuestro país la Copa Libertadores Femenina. el torneo más importante del balompié de mujeres de América Latina. Aunque hay expectativa e ilusión, los precedentes del torneo en las ligas de varios países vuelve a poner sobre la mesa la importancia de garantizar las condiciones básicas para las futbolistas en la región.
En Colombia, donde se realizará el certamen, llevamos una semana hablando de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio a los dirigentes y algunos equipos del fútbol colombiano por lo que la entidad sugiere como una especie de “cartelización” en la Liga Femenina.
Según la Resolución que lleva el número 56062 del 20 de septiembre de 2023, se ”habría corroborado la hipótesis que sugiere que los agentes del mercado en cuestión habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia, desde el 2017 a la actualidad”.
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Alianza Petrolera, América, Atlético FC, Atlético Huila, Bogotá FC, Bucaramanga, Cali, Chicó, Cortuluá, Cúcuta, Envigado, Equidad, Fortaleza, Llaneros, Junior, Millonarios, Nacional, Once Caldas, Orsomarso, Pasto, Patriotas, Quindío, Real Cartagena, Real Santander, Santa Fe, Tolima y Unión Magdalena son los equipos investigados.
Pero no solo son los clubes, la investigación y el pliego de cargos de la SIC también es contra Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor; Eduardo Méndez, Diego Perdomo, Jorge Enrique Vélez, Carlos Mario Zuluaga, Carlos Barato y Óscar Ignacio Martán.
Lo que arroja la investigación de la SIC es que en la Liga Femenina no se cumplen con las garantías para que exista el libre mercado, y que las condiciones no son iguales a las que existen para el balompié masculino. De ser así, se comprobaría, entre otras cosas, que el rechazo de los fondos públicos se hizo para evitar la vigilancia y auditoría de los clubes y la Dimayor, así como los acuerdos para fijar los salarios de las jugadoras que, en muchos casos, no pasaba del salario mínimo legal vigente.
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En días pasados, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, aseguró en una entrevista para Caracol Radio que: “No me puedo referir a puntos puntuales del pliego. Definitivamente no hay cartelización desde lo que significa el tratamiento laboral que tenemos con las jugadoras profesionales, hay un término por un torneo y ese término desde la contratación corresponde al termino contractual desde el punto de vista laboral. Si hay un torneo por ocho meses el contrato se hace por 10. Esos contratos no son uniformes para todas, el tema salarial es diferente, en el fútbol femenino hay una que no reciben un salario porque son aficionadas, para ellas es muy importante mantener la posibilidad de competir en un torneo profesional porque eso lo puede proyectar para becas en el fútbol internacional. Acá hay un esfuerzo muy grande de apoyo al fútbol femenino, lo vanos a seguir haciendo y vamos a dar las explicaciones que la superentendía nos ha pedido y daremos las interpretaciones jurídicas en las que nosotros creemos que tenemos la razón”.
Pero si en Colombia llueve, en el Cono Sur no escampa. En Chile, por ejemplo, hace unos días, la Dirección del Trabajo multó a 25 equipos profesionales por violar leyes laborales, de seguridad y salud en el fútbol femenino. El incumplimiento con las contribuciones a la seguridad social e incluso con la indumentaria y servicios de salud hacen parte de las fallas de los clubes con las jugadoras.
De los 36 clubes, 25 fueron multados por no cumplir con una ley que se decretó en octubre de 2022 y que establecía de manera obligatoria la profesionalización del fútbol femenino en ese país.
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Camila García, directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino escribió una carta en la que dijo que “Lo grave es que aún hay clubes que están en incumplimiento con la exigencia de contratación escriturada de por lo menos el 50 % de sus jugadoras este primer año, pero lo inaceptable son las multas por no cumplir estándares mínimos para que cualquier trabajadora se desempeñe en sus labores: no entregar ropa de trabajo, no contar con servicios higiénicos para las jugadoras, no pagar las cotizaciones ni suprimir los factores de peligro en el lugar de trabajo, no tener duchas, entre muchas otras”.
“No nos vamos a cansar de decir que las jugadoras somos trabajadoras del fútbol. Lo que se espera de las Sociedades Anónimas Deportivas es lo mínimo: que cumplan con las leyes, el Código del Trabajo y que, como mínimo, no profundicen más las brechas de género en la industria”; concluyó García.
En Argentina, uno de los países más futboleros, la Liga Femenina es semiprofesional desde 2019. Y aunque el tiempo de competencia es mucho más estable que en otros países -incluido el nuestro-, las condiciones también presentan vacíos aún hoy. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) exige hoy que al menos 12 contratos de jugadoras sean profesionales en los 20 equipos que integran el campeonato. Muchos llegan con dificultades al número exigido, pero instituciones más grandes como Boca o River logran pasar de los 20 contratos profesionales.
Sin embargo, Stefi León, jefe de prensa de la selección femenina de Argentina, dijo en una entrevista para EFE que “La base es el equivalente al salario de un jugador de la Primera División C masculina”, lo que se acerca a unos 250 dólares.
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