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Cuando estaban a punto de ingresar al peligroso terreno de las retaliaciones económicas, Colombia y Panamá lograron ayer un memorando de entendimiento que pone fin a la tensión producida por la negativa de Panamá a suministrar información financiera de colombianos con capitales en ese país. No obstante, Colombia deberá esperar un año más para que se suscriba un tratado de doble tributación financiera.
Además, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dejó claro que Panamá, Barbados, el principado de Mónaco y Emiratos Árabes Unidos ya no formarán parte del grupo de naciones consideradas paraísos fiscales por Colombia, debido a que aceptaron firmar un intercambio de información tributaria.
A excepción de Mónaco, estos países, en 2013, habían sido excluidos transitoriamente de este grupo, sin embargo, ante la renuencia de esas naciones de suministrar la información de capitales colombianos en su sistema financiero, el 8 de octubre, el gobierno Santos los declaró paraísos fiscales.
“Celebramos este memorando de entendimiento. Es importante para el país la búsqueda del control de lavado de activos y de la evasión”, manifestó Cárdenas, quien además detalló que uno de los acuerdos es que ambas naciones intercambien información financiera y bases de datos para que las autoridades tributarias hagan su gestión.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, explicó que el 30 de septiembre de 2015 deberán haber terminado las negociaciones del tratado de doble tributación. “Este tratado incluirá cooperación en lavado de activos y blanqueo de capitales a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y cooperación con organismos internacionales”. Agregó que el pacto busca poner a Colombia bajo los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Antes de que se anunciara el memorando, el gobierno del istmo había manifestado a Colombia que si no era sacado del listado de paraísos fiscales, lo incluiría en “una lista de países discriminatorios y anunciaría las medidas recíprocas que aplicaría para defender los intereses nacionales”.
Entre tanto, la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, dijo, tras el retiro del istmo de la lista de paraísos fiscales, que “enviamos un mensaje claro al resto del mundo sobre el respeto a nuestro sistema fiscal. Reclamaremos siempre los espacios de diálogo que sean necesarios, con el tiempo necesario, para evaluar alternativas que defiendan los intereses de Panamá”.
De Saint Malo aseguró que el acuerdo pretende preservar “las garantías de los usuarios de la plataforma de servicios panameña” y estimular la inversión colombiana en el istmo.
El anuncio, en opinión del exdirector de la DIAN y consultor tributario, Horacio Ayala Vela, “muestra una gran debilidad del país. Definitivamente sabemos que Panamá es un centro de ocultamiento de bienes de colombianos”. Además, señaló que el istmo tiene el grave inconveniente de que es un gran centro de contrabando que afecta a la producción colombiana.
Las señales que había lanzado Panamá en días pasados, de poner en marcha una ley de retorsión —con la cual se tenía intención de poner trabas a los contratos de colombianos con el Estado panameño, a las inversiones, a múltiples negocios y a peajes a los buques militares—, según el presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Panameña, Eduardo Cristo, habían generado una notable tensión comercial y económica.
“El año pasado el país exportó a Panamá más de US$3.200 millones y la mayoría son productos del sector petrolero. Estas medidas hubieran afectado la mano de obra y a sectores como los fabricantes de confecciones y cuero”, concluyó.