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La discusión sobre el aumento del salario mínimo que regirá el próximo año no será ajena a la realidad económica atípica del 2020. Esta variación, anualmente, se determina teniendo en cuenta factores como el comportamiento del índice de precios al consumidor (es decir, el costo de vida) y la productividad. Sin embargo, según varios analistas, la inflación difícilmente superará el 2 % en 2020 (el rango meta del Banco de la República se mueve entre el 2 y 4 %). El dato de productividad, por otro lado, será revelado por el DANE hacia finales de año, pero el pronóstico no es muy favorable al considerar el deterioro del mercado laboral.
Según Juana Téllez, economista jefa de BBVA Research Colombia, el debate deberá darse con “un criterio de mediano plazo y revisando todas las aristas del mercado laboral”. Por eso, cree que el salario mínimo debería “incrementarse mirando la inflación de este año, que a final de año se ubicará en un poco menos del 2 %”. Está de acuerdo con que los aumentos de productividad serán difíciles de calcular “en un año tan atípico por las pérdidas de empleo y de actividad”. En cualquier caso, considera que “debe primar la necesidad de recuperar el mercado laboral, incrementando poco los costos laborales para que las empresas puedan recontratar trabajadores”.
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Generar más empleo, tras la destrucción de cinco millones de trabajos por cuenta de la pandemia, sin duda es necesario. No obstante, desde otras orillas señalan también la necesidad de reactivar la economía por el lado de la demanda o el consumo, principalmente de los hogares; es decir: no solo por parte de la producción a cargo de las empresas. Así, la discusión sobre el incremento del salario se enfrenta a un reto: tener en cuenta indicadores que crecerán muy poco, como el de inflación y la productividad, pero al mismo tiempo las necesidades que tienen los hogares, muchos de ellos golpeados por una disminución o pérdida total de ingresos en el contexto de la pandemia.
Para las centrales obreras, como dice Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), si la discusión del aumento del salario mínimo se limita a las variables técnicas de inflación y productividad “quedaríamos en el peor de los mundos”. Al igual que Orjuela, Mario Valencia, director de Cedetrabajo —quien, además, es asesor de la CUT—, cree que así como lo adecuado era no responder a la emergencia con ortodoxia económica, tampoco debe ser así en la llamada reactivación. Para ambos, es clave reactivar el consumo, cuya caída es patente en índices como el de los precios al consumidor. Valencia resaltó el dato preocupante del DANE según el cual 1,6 millones de familias pasaron de consumir tres comidas al día a dos.
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Según Orjuela, el incremento del salario mínimo debe ir de acuerdo con las necesidades de los hogares, “así al Estado le toque meterse la mano al bolsillo”. Sobre la afectación que los costos salariales puedan tener en las empresas y la generación de empleo, asegura que “los empresarios tienen la cantidad de empleados que requieren para producir la cantidad de lo que producen. Solo incrementarán el número de trabajadores si venden más y para que vendan más se necesita que la gente tenga dinero con qué comprar”. Añade que si antes de la pandemia planteaban la necesidad de un aumento de entre 10 y 12 %, ahora, preliminarmente, se debería hablar al menos del 15 %.
Para Martha Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, al intentar ponderar entre aumentar poco los costos para las empresas (de manera que puedan mantener y generar empleo) y mejorar el ingreso de los hogares, muchas veces se plantea una “falsa dicotomía”. Explica: “Claro que un poder adquisitivo fuerte es necesario para reactivar demanda, y se crea un círculo virtuoso en el que se produce más y, por ende, se requiere más mano de obra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es que las empresas no vayan a contratar, sino que si lo hacen probablemente no lo harán de manera formal”.
De acuerdo con Delgado, precisamente el centro del debate debe estar en las personas que ganan menos del mínimo, que en el país son alrededor de la mitad de la población. “El salario mínimo es importante, pero el foco grande debe estar en la informalidad y en quienes perdieron el empleo, para que puedan pasar a la formalidad. Y eso pasa por otras fricciones que tiene el mercado laboral”, dice la economista. Resalta, además, la importancia que la formalidad demostró tener durante esta crisis: se trata no solo de ser visible para el Estado con el fin de tributar, por ejemplo, sino para que ese mismo Estado llegue con auxilios, cuando sea necesario, para las personas que lo requieran.
Precisamente para dar algún tipo de protección a las personas que ganan menos del salario mínimo (porque trabajan a tiempo parcial), el Gobierno expidió el Decreto 1174 de 2020, que reglamentó el denominado piso mínimo de protección social, que contempla un ahorro para la vejez a través de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps). Este, sin embargo, según el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, “no es un instrumento de regulación laboral”, sino, “como su nombre lo indica, su ámbito es la protección social”. Para Delgado, esta herramienta es una buena iniciativa, siempre y cuando “la vigilancia y el control por parte del Estado sean fuertes para que no haya incentivos a los empleadores para sacar empleados que ya tienen seguridad social y contratar personas acudiendo al piso mínimo”, una advertencia que han hecho varios expertos en materia laboral.
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Para el ministro, esta preocupación “se basa en una premisa equivocada según la cual un empleador buscaría ahorrarse los aportes de pensión, salud y riesgos, lo cual ignora que en la reglamentación actual los empleadores ya se encuentran exentos de los ocho puntos de la contribución a salud por todos los trabajadores a su cargo con ingresos inferiores a diez salarios mínimos. Los incentivos para esa clase de especulación son realmente limitados”. Por otro lado, destaca que, con un sistema de equivalencias (entre Beps y el sistema pensional) en el que están trabajando, las personas podrán hacer “tránsito a la formalidad y cotizar a pensión, y perfectamente usar el tiempo y los aportes que tenían en los Beps para acceder a una pensión. Alguien que deba apoyarse en el mecanismo de Beps no debe estar allí toda su vida necesariamente”.
Sin embargo, para las centrales obreras y algunos expertos, como Valencia, el piso mínimo de protección social es la violación por parte del Estado “del precepto constitucional de que exista un salario mínimo”, en palabras del director de Cedetrabajo. “Creo que es equivocado y no beneficia a la economía. Es darle la bendición a que haya gente que gane menos del mínimo”, agrega. La expedición de ese decreto fue motivo para que los sindicatos se levantaran de la mesa de la Misión de Empleo, cuyo objetivo es discutir un cambio estructural al sistema laboral, y es una de las razones que convocan a la jornada de protesta del próximo 21 de octubre.
Así, es indudable que los ánimos no son los ideales en vísperas de la temporada de negociación del salario mínimo y la continuidad de discusiones fundamentales, como la de la reforma laboral. Según Diógenes Orjuela, para regresar a la Misión de Empleo es necesario que el Decreto 1174 sea derogado. En respuesta a este diario, el ministro Cabrera afirmó que “si bien se han dicho muchas cosas que no son ciertas con respecto al piso de protección, quiero decirles que yo siempre estoy abierto al diálogo. Tenemos el espacio para concertar los puntos en los que nos hagan aportes para construir un mejor mecanismo”.
Al hablar de la reactivación de la economía de las personas que están en la informalidad (quienes no se ven beneficiadas ni siquiera por el salario mínimo), Valencia menciona algo que para él no ha sido discutido lo suficiente, y es que para crear empleo de calidad (formal), es necesario tener empresas de calidad. “La crisis laboral es reflejo de la crisis empresarial”, dice.
El Espectador consultó con el Consejo Gremial para conocer sus percepciones en la antesala de la discusión del salario mínimo para 2021, pero por el momento no se pronunciarán. Asimismo, desde la ANDI consideraron que aún no hay información suficiente para comentar al respecto.
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