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Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, siempre lee un comunicado durante la habitual rueda de prensa en la que se anuncia la decisión sobre tasas de interés. Este martes fueron dos documentos y, por lo tanto, dos noticias con implicaciones distintas.
La inflación exige cautela
La primera es que, tal como lo anticipaba el mercado, las tasas de interés en Colombia se mantienen en 9,25 %. La razón detrás de la decisión es clara: la inflación no se ha reducido al ritmo esperado. La variación del Índice de Precios al Consumidor tocó techo en marzo de 2023 (cuando se ubicó en 13,34 %), desde mediados de ese año, y en 2024 bajó “de manera clara”, en palabras de Villar, pero esa tendencia no se ha evidenciado en 2025.
Como señaló el gerente, desde noviembre del año pasado la inflación se ha mantenido, básicamente, en el mismo nivel. En agosto, la variación del IPC fue del 5,1 % anual, por encima del dato reportado en julio (4,9 %). En este nuevo escenario el Banco de la República considera que la inflación se demorará más tiempo en llegar a la meta del 3 %.
La junta sigue dividida, como lo ha estado en las últimas reuniones. El martes, cuatro codirectores votaron a favor de mantener las tasas en 9,25 %, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por un recorte de 25 puntos. También se mantiene el desacuerdo del Gobierno: la administración de Gustavo Petro ha dicho en múltiples ocasiones que las tasas tienen que bajar para reactivar la economía. Germán Ávila, ministro de Hacienda, señaló que la decisión de los codirectores “no acompaña el propósito de la economía del país”.
La tasa de política monetaria que fija el Banco de la República afecta las otras tasas de la economía (como las de los créditos). Con tasas altas endeudarse es más caro, el consumo se enfría y, en teoría, los precios ceden. El Gobierno afirma que hay que impulsar la economía bajando tasas para favorecer el consumo, pero la junta directiva, con su última decisión, reafirmó que el momento de hacerlo no ha llegado.
En el camino hay riesgos para la inflación y para la economía, según los analistas. Entre los más relevantes están los posibles efectos de la política comercial de Estados Unidos, las tensiones geopolíticas, la situación fiscal de Colombia y el aumento del salario mínimo para 2026.
Con la cautela, la junta quiere evitar que las tasas bajen más rápido de lo que deberían y la inflación tome impulso. En ese escenario se resentiría el bolsillo de todos los consumidores, sobre todo de los más vulnerables, y el Banco tendría que subir de nuevo las tasas.
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Los impactos de cancelar la línea de crédito del FMI
En el segundo comunicado, la junta directiva del Banco de la República anunció que las autoridades colombianas cancelaron el acuerdo de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estaba suspendida desde el 26 de abril de este año.
Este instrumento ha estado disponible para Colombia desde 2009 y solo se usó una vez, durante la pandemia, en el gobierno de Iván Duque, por USD 5.400 millones. El último acuerdo fue aprobado en abril de 2024 por un período de dos años; el cupo, en la fecha de la aprobación, equivalía a USD 8.100 millones.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explicó que la decisión se da en un momento en el que “el acceso a la línea no existe”, porque está suspendido desde abril. Además, señaló el gerente, el FMI anunció esta semana que seguirá suspendido hasta el vencimiento del acuerdo vigente, “según la evaluación llevada a cabo en la consulta del artículo IV”. En otras palabras: Colombia, así hubiera querido (que no es el caso), no podía acceder a ese dinero.
El gerente argumentó que en esas circunstancias mantener un acuerdo por el que se paga una comisión no tiene justificación. De ahí la decisión administrativa de cancelarlo y solicitar la devolución de la comisión que se estaba pagando por el acceso a la línea, específicamente por los meses en los que estuvo suspendida.
César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explica que el FMI dijo que hay un “debilitamiento de la política y manejo fiscal del país”, una condición que en su momento permitió que Colombia accediera a la línea de crédito flexible. Aunque el informe que se conoció esta semana no era la instancia para retirar el acceso al crédito, como aclara Pabón, el organismo dio una señal clara de que el país no cumple las condiciones. Lo más probable, para algunos incluso inminente, era que, de todas formas, se perdería el cupo.
El ministro de Hacienda defendió que el instrumento es un crédito de corto plazo, que no tiene tasas “excepcionalmente convenientes” y que igual el gobierno Petro ya había manifestado que no tenía interés en mantenerlo.
De acuerdo con Villar, como Colombia no planeaba usar el crédito, cancelarlo no afecta la perspectiva de financiamiento. El gerente argumentó que si se presentan situaciones extraordinarias, hay un “colchón” que les da tranquilidad al país y a los mercados. La decisión se toma, según la junta, en un momento en el que los niveles de liquidez internacional de Colombia son adecuados, con un nivel de reservas internacionales que actualmente alcanza los USD 65.000 millones.
Gonzalo Hernández, Ph.D. en economía y exviceministro técnico de Hacienda, coincide en que la decisión debe leerse en un contexto en el que ya se había anticipado la cancelación del crédito, pero considera que “se pierde una línea de financiamiento que podría ser útil ante una vulnerabilidad externa de la economía colombiana y también es una confirmación para los otros agentes del mercado de que las finanzas públicas no van bien”.
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Camilo Pérez, director Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados de Banco de Bogotá, afirma que esta situación es “desafortunada”, sobre todo teniendo en cuenta que este crédito no tenía ninguna condicionalidad y que, en su análisis, “tenía unas tasas realmente bajas”. Aunque considera que es una pérdida, destaca, como lo dijo Villar, que las reservas internacionales están en niveles adecuados y dan cierta tranquilidad ante cualquier choque internacional. “A pesar de esto, no contar con otra línea de defensa deja inquietudes, sobre todo desde las motivaciones, pues el FMI está evaluando mal la tarea de Colombia en el frente fiscal.
Al final del día esta es otra señal de alerta para prestar atención a las finanzas públicas. El Gobierno estima que 2025 cerrará con un déficit fiscal en 7,1 % del PIB, uno de los más altos de la historia reciente, con excepción de la pandemia; cálculos no oficiales lo sitúan en más del 7,5 %. Según el ministro de Hacienda, la situación que alertó el FMI ya se está atendiendo, con la reducción de COP 10 billones en el presupuesto que aprobaron las comisiones económicas y con la radicación de la tributaria. ¿Las medidas son suficientes? Ese es el debate.
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