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Las deudas de los usuarios de Afinia, comercializadora que opera en Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre tras la salida de Electricaribe, suman $2,4 billones, incluyendo $300.000 millones del sector oficial. Está pendiente cobrar $1,4 billones de la opción tarifaria y el año pasado las pérdidas de energía sumaron $414.000 millones. A este panorama, ya complejo, se suma la deuda que tiene el Gobierno correspondiente a siete meses de los subsidios de energía que se entregan a usuarios de estratos 1, 2 y 3.
Jhon Jairo Granada, gerente de la empresa, dice que Afinia no está en mora ni ha solicitado una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, como sí ocurrió con Air-e, la otra compañía que entró a operar en el Caribe tras el desplome de Electricaribe. Sin embargo, reconoce que los recursos de EPM, casa matriz de esta empresa, no son ilimitados y que la situación financiera está en riesgo.
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¿Cuánto les debe el Estado por los subsidios de energía?
El Estado nos adeuda, a 31 de diciembre de 2024, aproximadamente $691.000 millones por subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3. El año pasado solo nos pagaron hasta mayo.
También se suma la opción tarifaria, una deuda de los usuarios que el 7 de mayo de 2024 el presidente Gustavo Petro se comprometió a asumir. Además, el recaudo ha caído y siguen las pérdidas de energía. Todo esto configura parte de la estructura que requiere la compañía para ser sostenible, cumplir con las obligaciones, hacer las inversiones que tenemos que hacer.
¿Cuánto suma la opción tarifaria?
La opción tarifaria es un instrumento de la regulación y es la parte de los recursos que dejaron de cobrarse de 2020 a 2023. En enero de 2024 empezamos a cobrarla, en total sumaba $1,7 billones. Cada empresa podía decidir en cuánto tiempo diferirlo, en el caso de Afinia, lo diferimos a 71 meses. Ya van 12 meses cobrados y todavía faltan $1,4 billones.
El año pasado, el presidente dijo que se haría cargo de lo que deben los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 por la opción tarifaria para disminuir el valor del kilovatio hora y que bajaran las tarifas. La deuda de los usuarios de estos estratos era de más de un billón en ese momento, ahora está en $929.000 millones. Por ahora, la hemos seguido cobrando porque no se ha hecho el giro del Gobierno.
¿En cuánto están las deudas de los usuarios?
En total, los clientes nos deben $2,4 billones. Los entes públicos, como cárceles, hospitales, puestos de salud, colegios, empresas de acueducto, alcaldías, entre otras, vienen acumulando deudas por casi $300.000 millones. Nosotros hacemos la debida diligencia, pero a muchos de ellos no les podemos suspender el servicio porque tienen protección constitucional.
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Además, en 2024 las pérdidas fueron de 27,8 %, incrementaron 1,1 % respecto a 2023. Están las pérdidas técnicas, la energía que se pierde en la red por solo conducir energía, y las no técnicas, el fraude, el contrabando. Esa energía se consume, pero a la hora de facturar no hay a quién cobrarle. En 2024 tuvimos que pagar por la energía que se perdió $414.000 millones.
¿La empresa puede seguir adelante en este contexto?
Estamos en una situación crítica. Lo que ha invertido EPM en Afinia, que es su filial, no se está recuperando. La tarifa busca que se recuperen las inversiones para mejorar el servicio y crecer en cobertura, expansión de redes, pero ahora no se están recuperando.
Los factores que mencioné nos ponen en una situación compleja. EPM no ha sacado un peso de aquí, no ha habido utilidades en estos cuatro años, al contrario, lo que ha hecho es capitalizar y hacer créditos. Afortunadamente, hemos contado con ese apoyo, pero los recursos no son ilimitados. En Afinia la sostenibilidad financiera está en riesgo.
Usted dice que los recursos de EPM no son ilimitados, ¿qué podría pasar?
En diciembre el grupo nuevamente nos echó la mano, con un crédito por $1,4 billones. Hemos cumplido con todos los compromisos mercantiles, con el pago de impuestos, salarios, proveedores, contratistas y generadores de energía. Es decir, no hemos entrado en las causales de intervención que considera la Superintendencia de Servicios Públicos, pero estamos en una situación en la que dependemos mucho de que el mercado se comporte mejor en cuanto a conexión legal y pago de la factura y que el Estado nos pague la plata que nos debe, que son casi $2 billones entre subsidios, opción tarifaria y deuda oficial. Es un hueco muy grande en la operación de la compañía.
¿Están cerca de una intervención por parte de la Superservicios?
Nosotros no vemos ni esperamos que nos intervengan ni estamos solicitando intervención, pero sí estamos en una situación muy crítica en cuanto a la viabilidad financiera porque no se está recuperando lo que se invierte.
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¿Cuánto tiempo cree que se puede mantener la empresa con estas deudas?
Es una pregunta interesante, pero compleja, porque depende de varios factores, como la demanda de energía y el precio de la energía en bolsa, teniendo en cuenta que ha habido lluvias, pero La Niña de la que viene hablando el Ideam desde hace varios meses con alta probabilidad no ha llegado, entonces el consumo sigue siendo alto y el precio en bolsa puede afectar, aunque no nos exponemos tanto a la bolsa, máximo 15 %. Están estos factores, pero también depende de que el gobierno nos gire los recursos, del comportamiento de las pérdidas y el recaudo, etc.
¿Qué les ha dicho el Gobierno sobre los subsidios de energía?
Hemos tocado todas las instancias que podemos, enviando cartas a Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, Superintendencia, Contraloría, Procuraduría, para que nos ayuden porque es un tema sistémico del sector. Afinia es la mayor comercializadora y el 91 % de nuestros clientes son de estratos 1, 2 y 3, por eso la empresa depende mucho de los subsidios.
El año pasado dijeron que no había plata, que no había fondos en el propuesto. El Ministerio de Minas sacó las resoluciones ordenando el pago con los valores certificados, pero el que gira es el Ministerio de Hacienda, que parece que terminó sin recursos para este tema. No ha habido respuesta. En cuanto a la opción tarifaria, no nos habían dicho que estaba supeditado el pago a la ley de financiamiento.
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Ustedes tenían un proceso adelantado con Findeter, ¿qué pasó?
Findeter nos prestó el año pasado $287.000 millones, que inicialmente no eran para el tema de la opción tarifaria, pero si sale la decisión del Gobierno en firme de asumir la opción tarifaria, no tendríamos que pagarle el crédito a Findeter, sino que el Estado se haría cargo y nosotros se lo restaríamos a la cifra total.
Tras la salida de Electricaribe hubo una promesa de hacer inversiones importantes…
Cuando empezaron a funcionar Afinia y Air-e, cada una tenía un compromiso de inversiones con el regulador. La Superintendencia hace el seguimiento. Tenemos entendido, según los informes de Air-e, que esa empresa habría dejado de hacer las inversiones. Nosotros sí venimos cumpliendo nuestro plan, ya hemos invertido $2,9 billones en estos cuatro años y para este año, si tenemos los fondos, está aprobado en el presupuesto una inversión de $870.000 millones en subestaciones, circuitos, líneas, nuevas redes, control de pérdidas de energía.
¿Qué tan grande es el “hueco”?
Es un agujero negro. Inicialmente, se dieron unos parámetros para que Air-e y Afinia empezaran a funcionar en este mercado, que tenía unos riesgos asociados de cartera y de pérdidas de energía. EPM hizo su plan de negocio y de inversiones con las tarifas que iba a tener y con los supuestos. Se consideró un Niño, pero no como el que hemos visto, la pandemia tampoco estaba presupuestada. El covid-19 afectó el índice de precios al productor (IPP) y el índice de Precios al Consumidor (IPC), que sumados implicaron un incremento en la indexación del 37 %.
Estimamos que a tarifa iba a estar en unos $660 kilovatio hora, pero en realidad hemos llegado hasta los $1.150 por el fenómeno de El Niño, por las condiciones meteorológicas, por la pandemia, por la inflación y la demanda está disparada en la costa Caribe. El año pasado creció 6,6 % por encima de ese 7 % que había crecido en 2023. Entonces hay que comprar más energía. Por todos esos factores, los supuestos con los que se planeó el negocio no están dando, más el deterioro del recaudo, las pérdidas y el no pago por parte del Gobierno…
Las tarifas golpean el bolsillo de los usuarios a tal punto que hay un descontento generalizado, ¿podrían bajar?
Desde abril de 2024, a través del grupo hicimos siete propuestas al gobierno nacional, que tenía que ver con pérdidas, indexación, la formación del precio de escasez, el control de las térmicas. El Gobierno viene hablando de precio justo, nosotros hablamos de precio razonable, es decir, que remunere el servicio y como dice la ley, que las empresas sean sostenibles con una utilidad razonable para que puedan seguir haciendo inversiones.
El dueño de esta empresa es público. Aquí no hay ningún particular que se vaya a beneficiar en el caso de que hubiese habido alguna rentabilidad o beneficios financieros. Nadie se está lucrando. Las tarifas responden básicamente a una regulación que nosotros aplicamos, que obedece a seis componentes.
Un tema que sí ayudaría en la tarifa es el pago de la opción tarifaria porque bajaríamos $85 el kilovatio hora, que está en $1.001, pero llegó incluso a $1.150 el año pasado. Sobre las propuestas no hubo decisiones concretas por parte del Gobierno y del regulador, con todo lo que ha ocurrido en la CREG, con los comisionados y el quorum decisorio.
Algunas comercializadoras han manifestado que si el Gobierno no gira los recursos, podrían dejar de entregarles subsidios a los usuarios, ¿qué opciones ven ustedes?
Sería gravísimo, esa medida incrementaría la cartera. Hoy, por ejemplo, a un consumidor en estrato 1, si tras el cálculo la factura le da $100.000, le aplicamos el subsidio y le llega la factura por $40.000 porque el subsidio es de $60.000. Nosotros aplicamos el subsidio y esperamos que después nos lo paguen. Si el Gobierno decidiera no dar más subsidios, ese mismo usuario tendría que pagar los $100.000, sería un incremento del 150 %.
Aumentarían las pérdidas, los fraudes y la cartera porque no se estaría ayudando a la redistribución del ingreso. Las condiciones socioeconómicas de este mercado son complejas, hay un problema estructural histórico que le complican la situación a cualquier empresa.
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¿Cuáles serían las opciones si no giran los recursos?
Una salida rápida sería titularizar, que el Gobierno certifique la deuda para convertirla en un título valor y salir a negociar con ella. Igual son recursos que debe y que tiene que pagar.
Nosotros conservamos el compromiso de la sostenibilidad, pero es una corresponsabilidad que incluye a los usuarios, que se conecten legalmente y paguen la factura, y al Estado, que cumpla sus compromisos y pague lo que tiene que pagar. Así podríamos seguir mejorando el servicio, como lo hemos venido haciendo. Creemos que Afinia no es un problema, es una solución para el territorio.
¿EPM ha considerado vender Afinia o salir de este mercado?
El grupo ha enviado dos cartas al presidente invitándolo a conversar sobre Afinia y el mercado, pero no hemos recibido respuesta. El mayor interés es encontrar salida a la crisis con soluciones conjuntas y asegurar el bienestar y la continuidad del servicio de los usuarios en el Caribe.
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