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La compra de tierras como parte de la reforma agraria ha sido una de las principales banderas del Gobierno de Gustavo Petro. Aunque el proceso no ha avanzado a la velocidad prometida y no ha sido tan ágil como los campesinos esperaban.
Esa fue la razón que impulsó a muchos de ellos, miembros de Agenda Nacional Campesina, se tomaron la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en señal de protesta y para exigirle al Gobierno mayor agilidad en el proceso. Aunque eso no significó que el movimiento campesino dejara de respaldar la reforma agraria de Petro, por el contrario, marcharon en su favor el 20 de julio.
Parte de la solución al problema se encontraba en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), pues buscaba facilitar la compra de tierras exprés. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el numeral sexto y el parágrafo tres de dicho artículo, que dictaba los procedimientos de la autoridad de tierras que deberán ser resueltos en fase administrativa.
El alto tribunal concluyó que en el trámite no se acudió a un mecanismo de publicidad garante del conocimiento de los congresistas. Por lo que “los senadores no pudieron conocer el alcance de las normas sobre las que recayó su decisión. Esta omisión tiene connotaciones particulares, tratándose de la discusión de normas del Plan Nacional de Desarrollo, y de reformas que modifican leyes de implementación del acuerdo de paz”.
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, calificó la decisión como “un golpe a la reforma agraria”.
Mientras que el presidente Petro en su discurso en la instalación del Congreso, el 20 de julio, sostuvo que el hecho hacía que no se tuvieran “instrumentos reales para hacer una reforma agraria. Este es un tema crucial para construir una cultura democrática y pacífica”.
Y añadió que “este es el momento de hacer una reforma agraria. No es una súplica, ha quedado escrito en la declaración unilateral de Estado. El Gobierno Santos y los congresistas que estaban en ese momento decidieron elevar ese acuerdo de paz a una declaración ante las Naciones Unidas”.
¿Cuál es la alternativa que tiene el Gobierno?
Tras la decisión de la Corte Constitucional, desde la ANT buscan alternativas para seguir avanzando en la reforma agraria. Para ello van a apelar en segunda instancia al fallo de la Corte Constitucional.
Además, van a presentar “una propuesta normativa, con la ministra de Agricultura, para debatir cómo descongestionar la jurisdicción agraria y los componentes de procesos agrarios para recuperar el control de las tierras de la nación”, explicó Harman. La iniciativa será presentada ante el Congreso de la República durante la presente legislatura, lo más pronto posible.
Esto tiene qué ver con las personas que han corrido sus linderos en propiedades que no les pertenecen o que se han apropiado de manera indebida de los baldíos.
“Solo el año pasado, por decisiones de procesos agrarios, llegamos a tener 100.000 hectáreas. Definitivamente, queremos insistir en la posibilidad de mantener estas facultades administrativas y lo vamos a hacer ante el Congreso y somos optimistas frente a ese trámite”, añadió el director de la ANT.
Harman explicó que desde la Agencia pretenden que el proyecto profundice las herramientas que están en la ley 160 de 1994, entre las que se encuentra la expropiación. Así como mantener la facultad administrativa de decisión de procesos agrarios que tiene la entidad y reestructurarla para vincular las funciones de proyectos productivos para los beneficiarios de la reforma agraria, proceso que se encuentran a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural.
Con el proyecto también quieren “mejorar los canales de compra, declarar los predios que sean necesarios como de utilidad pública (que daría lugar a la enajenación de los bienes) y materializar mucho más rápido el esquema de compras voluntarias”.
Actualmente, la compra de tierras puede durar de cinco a seis meses y los procesos agrarios pueden tardar de tres a cinco años. Con la iniciativa se quieren reducir los tiempos para que se tomen alrededor de dos meses.
“No solamente queremos avanzar en los esquemas de reforma agraria en este Gobierno, sino también diseñar los vehículos e instrumentos que permitan que la reforma agraria sea una realidad a futuro, en otros Gobiernos”, finalizó el director Harman.
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