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Más allá de la confusión por la nueva terminología que generan los decretos de Emergencia Social expedidos por el Gobierno hace dos semanas, los cuales reforman el sistema de salud colombiano, los médicos y las directivas de los hospitales de Bogotá están preocupados por los sobrecostos que las nuevas reformas añaden a sus alicaídas finanzas.
Esta semana, durante una mesa de trabajo, Héctor Zambrano, secretario distrital de Salud, recordó que los entes territoriales adeudan más de $70.000 millones a las instituciones de salud de la capital, monto que se han rehusado a pagar en varias ocasiones.
La situación se agrava aún más porque también están en mora los desembolsos del Fosyga por las atenciones causadas por accidentes de tránsito durante 2009, además de que las EPS no han agilizado los pagos pendientes con clínicas y hospitales.
La situación es tan grave que pone en duda su viabilidad en el futuro cercano. “Si no se logran subsanar estos problemas, será muy difícil el mantenimiento para el primer semestre de 2010”, asegura Julio César Castellanos, vocero del capítulo Bogotá de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) y director general del Hospital San Ignacio.
Aunque algunos de los decretos expedidos durante la Emergencia Social ayudan a la liberación de recursos urgentes, en el gremio médico existe molestia porque las medidas entrarán en vigencia en julio próximo, una fecha que podría ser muy tarde para la salud financiera de las entidades de salud del Distrito.
Sin embargo, las reformas también traerían fuertes dolores de cabeza con la definición en julio de un nuevo Plan Obligatorio de Salud, que traería consigo nuevas definiciones de procedimientos y medidas administrativas. “Para hacer cada ajuste en los sistemas de información tenemos que invertir dinero y tiempo del personal”, dijo Castellanos.
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