Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Cuando los funcionarios de Air-e llegan a los barrios Las Palmas y La Unión, en el suroriente de Barranquilla, los reciben las sirenas y la algarabía de los vecinos que, con recibos en mano y otro puñado de papeles, les impiden hacer su labor: cortar la luz por falta de pago. Habitantes de la zona se desconectaron en 2022 del sistema que instaló la empresa porque, aseguran, se les disparó el consumo de energía de manera injustificada por culpa de los nuevos medidores.
***
En Barranquilla la gente cambia el gesto, y hasta siente dolor de estómago, cuando se da cuenta de que otra vez llegó el recibo de Air-e. En el Caribe las facturas de la energía son un tema de conversación, de angustia y rabia. En esta región el precio del kilovatio hora es mayor que en el resto del país, principalmente, por el componente de pérdidas. Un usuario de Bogotá, Cundinamarca o Antioquia debe pagar por la energía que se pierde en las líneas de transporte y en los transformadores, pero los usuarios de La Guajira, Atlántico, Magdalena (donde opera Air-e), Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre (donde opera Afinia) también asumen las pérdidas no técnicas, que son aquellas que se presentan, básicamente, por el robo de energía.
Esa diferencia tiene que ver con un asunto llamado régimen transitorio especial: el gobierno de Iván Duque planteó medidas excepcionales para lograr que dos empresas (Air-e y Afinia) se quedaran con el mercado que dejó el desastroso hundimiento de Electricaribe. Las mayores tarifas también tienen que ver con el rezago de inversiones que asumieron las comercializadoras y con la opción tarifaria, un mecanismo que se aplicó en pandemia y luego en el llamado pacto tarifario para distribuir en un mayor período los saldos e impedir que la factura aumentara dramáticamente. Si bien el gobierno de Gustavo Petro prometió asumir esa deuda para los estratos 1, 2 y 3, el proyecto en el que incluía esa medida, la ley de financiamiento, se archivó esta semana en el Congreso.
También lea: ¿Cómo bajar las tarifas de la luz en el Caribe?: hay algunas propuestas
También está el componente de generación. A los usuarios de Air-e, además, les ha jugado en contra la alta exposición de la empresa en la bolsa de energía, en especial en momentos críticos para el sistema, como el fenómeno de El Niño, en los que los precios suben. En esos casos, la energía que se consigue en la bolsa es, casi por definición, más cara que la que se podría haber negociado mediante contratos a largo plazo.
***
Los vecinos de Las Palmas y La Unión, barrios de estrato 3, encarnan las frustraciones y disputas que encienden mes a mes las facturas de energía, pero su reclamo va más allá de la manera en la que se calcula la tarifa. “Antes me llegaban los recibos en $60.000, $70.000, pero en noviembre de 2021 me llegó por $888.000. Pasé de consumir 101 kilovatios a 1.280, según la empresa; aunque vivo sola, no tengo aire acondicionado y no permanezco en mi casa”, dice sentada en el parque del barrio y con un historial de recibos en la mano Rocío Manotas, una mujer pensionada que se dedica a trabajos relacionados con la “belleza”.
Cuenta que después de dos años de espera logró que la empresa le tumbara esa factura, pero que de todas formas sigue desconectada de ese sistema en el que no confía y a la espera de las respuestas de otra larga lista de reclamos.
Air-e, explica Pierre Betancourt, presidente del Comité de Control Social para los Servicios Públicos de Las Palmas y la Unión, prometió que haría un cambio para mejorar el servicio y evitar que la luz “titilara”, pero para cuando se dio cuenta, en julio de 2021, sobre los postes había un par de cajas que nunca había visto. Tres meses después la comunidad empezó a quejarse porque se les disparó el consumo y, por lo tanto, la factura.
Las “cajas” encaramadas en los postes son, según la comunidad, infraestructura de medición avanzada y, según la versión que entregó la empresa en respuesta a un derecho de petición, un sistema de medición centralizada.
***
El 67 % de las reclamaciones que recibió la Superintendencia de Servicios Públicos en el primer trimestre del año fueron por el servicio de energía. La principal causa fue inconformidad con la medición del consumo o producción facturada y la empresa con más reclamaciones en ese período fue, justamente, Air-e.
En septiembre el Gobierno, a través de la Superservicios, tomó posesión de la empresa al considerar que no tiene la capacidad para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en Atlántico, La Guajira y Magdalena. En enero, el agente interventor Edwin Palma presentará un informe que será insumo clave para definir el futuro de la empresa y de los usuarios.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que su Gobierno busca bajar las tarifas en el Caribe y en todo el país, pero en este momento el principal objetivo es que Air-e sobreviva. “Air-e es responsabilidad nuestra ahora, asumimos el reto, podemos fracasar y si fracasamos ustedes nos lo demandarán. No vamos a asumir las deudas privadas de la empresa, estamos viendo hacia delante, cómo podemos demostrar, con el régimen vigente, que se pueden bajar las tarifas en Colombia”, dijo el mandatario esta semana en una reunión pública en el Caribe.
También lea: Los posibles abusos de Air-e que afectaron a sus usuarios en el Caribe
El Espectador consultó a la Superservicios desde finales de noviembre para conocer varios datos sobre los reclamos de usuarios de esta empresa y, posteriormente, para saber si se ha adelantado alguna investigación por la situación en los barrios Las Palmas y La Unión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta.
***
Óscar Emilio Jiménez vive de un pequeño negocio que tiene en su casa. Cuatro días a la semana vende “fritos”, empanadas, arepas, pasabocas y agua de panela. Cuenta que antes, “cuando Air-e les leía los contadores tradicionales”, pagaba de luz, máximo, $320.000, pero que con el nuevo sistema que instaló la empresa, el primer recibo le llegó por $560.000. Según su relato, cuando fue a reclamar le insinuaron que el medidor anterior podía estar alterado, una respuesta que lo ofendió.
Para pagar los recibos don Óscar, como lo conocen en el barrio, acudió a los temidos, pero lamentablemente comunes, “paga diarios”o “gota a gota”. Al principio pagó puntual, entonces le “soltaron” más plata sin ningún problema. Pero en una ocasión, su mamá, que hoy tiene 94 años, se partió el brazo y tuvo que destinar toda la plata de su negocio, más la ayuda que le manda su hija desde otra ciudad, a atender esa emergencia. Ante la falta de recursos se atrasó en las cuotas y para ganar más dinero empezó a vender limón en la calle. Un día, cuando llegó del trabajo, encontró a su esposa y a su nieta llorando. “El paga diario las amenazó con que iba a venir a tumbar la puerta”.
Él dice que ante esa noticia se volvió “atarbán”. La discusión, por suerte, no pasó de las palabras, pero ese día, después de acumular 28 tarjetas de “gota a gota”, se dio cuenta de que esa forma de financiarse, además de ser muy costosa (es usura), era peligrosa.
Decidió desconectarse del sistema por dos situaciones. La primera es que en una ocasión le cortaron la luz y tuvo que conseguir la plata “como fuera”, porque su mamá no puede dormir sin un ventilador. Con el sistema que instaló Air-e le podían cortar la energía en remoto y de inmediato, pero si se desconectaba del medidor de Air-e, para cortar la luz los funcionarios tenían que ir hasta su cuadra y subirse al poste.
La segunda fue un recibo por más de un millón de pesos, que no podía pagar. “¿Cuándo decido desconectarme? Cuando el último recibo me llegó por $1.300.000. Ahí sí ya no alcanza, no tuve de dónde coger. Fue cuando busqué a alguien que arriesgó la vida montándose allá, en esos cables de alta tensión, para hacerme el favor”, explicó.
Le puede interesar: “Este no fue el Gobierno que endeudó a Colombia”: ministro de Hacienda
Rigoberto Santiago Gamero, presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Palmas, asegura que con la instalación de los nuevos medidores, que afirma marcan mucho más de lo que realmente están consumiendo, la comunidad fue objeto de un plan piloto sin recibir la información necesaria. “Ellos aprovecharon, trajeron sus máquinas y engañaron a la gente”.
En la tienda, a la salida de la iglesia, en el parque, en los antejardines de las casas, las facturas y los medidores se volvieron tema de conversación. Al poco tiempo se organizó una reunión en la que varios habitantes de la zona, como Rocío Manotas, decidieron desconectarse del sistema de Air-e y conectarse directamente al transformador, exigiendo que el consumo se tomara, nuevamente, de los contadores antiguos que todavía tenían en sus casas. En estos más de dos años otras personas han ido tomando la misma decisión.
Los vecinos consiguieron asesoría legal y empezaron a presentar reclamaciones ante Air-e y la Superintendencia de Servicios Públicos. De todas formas, los recibos siguieron llegando mes a mes, pero con consumos estimados que, según la ley, no pueden aplicarse de manera indefinida. La decisión de los habitantes de Las Palmas y La Unión ha sido cancelar, solamente, los pagos a terceros mientras están en curso los reclamos, por eso las deudas se engordan con cada factura. Entre las personas consultadas por este diario hay pagos pendientes desde $1.600.000 hasta $17.000.000.
Los miembros de la comunidad no tienen una cifra exacta de cuántos vecinos se han desconectado. Betancourt estima que son cerca de 150 personas. Para Rigoberto Santiago, la desconexión, por la que optaron él y sus vecinos, “es legítima y está basada en un proceso legal para exigirle a Air-e el desmonte del sistema”.
***
Los habitantes de La Unión y Las Palmas planean presentar una acción de responsabilidad civil extracontractual contra Air-e, según el abogado Abzalón de Jesús Torres Echeverría, para buscar indemnizar a las familias por los daños ocasionados. La hipótesis del abogado es que la empresa impuso un sistema que no está respaldado por el ordenamiento jurídico.
La comunidad presentó derechos de petición ante varias entidades. La respuesta más importante, de acuerdo con el análisis del abogado, es la de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En julio de este año la Comisión dijo que ningún prestador del servicio ha presentado ante la entidad estudios para desplegar la infraestructura de medición avanzada (AMI), según la Resolución 101001 de 2022. Dicha resolución no se ha implementado porque falta ajustarla a una sentencia de la Corte Constitucional (C-186 de 2022).
Aunque para Las Palmas y La Unión esta es una prueba reina en contra del sistema, en agosto Air-e (antes de ser intervenida), en la respuesta a un derecho de petición, negó haber implementado proyectos de infraestructura de medición avanzada conforme a lo establecido en esa resolución de la CREG. En cambio, sostiene que instaló en ambos barrios sistemas de medición centralizada, teniendo en cuenta su plan para reducir pérdidas en zonas “con altos índices de pérdidas”.
Entre muchas otras normas citadas en esa respuesta, la empresa señaló que el Ministerio de Minas y Energía afirmó en un concepto de 2021 que, según la Ley 142 de 1994 y la normatividad vigente, la empresa puede implementar la medición centralizada “como una herramienta” para mejorar el conteo. Dentro de las bondades de ese sistema que destacó Air-e en el documento está la mayor precisión en la lectura del consumo y la posibilidad que tienen los usuarios de consultar en una aplicación los datos.
Como explicó Daniel Enrique Medina, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), los contadores de medición centralizada pueden ser parte de la infraestructura de medición avanzada (AMI), pero no son lo mismo, porque tienen distintas características. AMI es un sistema completo “que permite la medición, comunicación y gestión de datos relacionados con el consumo de energía u otros recursos , conformada por cuatro elementos clave: medidor inteligente, concentrador de datos, red de comunicaciones y sistema de gestión de la información”.
El abogado de Las Palmas y La Unión reconoce que para presentar la acción legal tendrán que reunir pruebas para demostrar, entre otras cosas, “que lo que está montado en los postes es infraestructura de medición avanzada”, que Air-e no tenía permiso para instalarla y que al hacerlo afectó a las familias.
Lea también: Caso Air-e: ¿hubo pérdida de información durante la intervención?
Edwin Palma, el interventor de Air-e, aseguró que en cuanto llegó al cargo se reunió con los representantes de los usuarios de la empresa para “escucharlos, atenderlos y explicarles” lo que encontró, incluyendo el ciberataque o “hackeo” del que fue víctima la compañía, por el que se suspendieran los términos de ley para atender los reclamos.
El interventor estima que cada mes la empresa recibe entre 20.000 y 22.000 reclamaciones: “Para esta administración es fundamental que mejoremos la relación con los usuarios. Le he pedido al equipo que donde los usuarios tengan razón, de acuerdo con la ley, pues hay que darles la razón, y donde no tienen razón, se los diremos con toda la pedagogía posible”. Sobre el caso particular de Las Palmas y La Unión, Palma contestó que le pidió a su equipo ponerlo al tanto de la situación y prestarle atención al tema para establecer qué está ocurriendo y, en caso de ser necesario, dar las respuestas pertinentes.
Por otro lado, mencionó que no se puede “romantizar” el no pago ni el robo de energía. El recaudo de la empresa, según cifras entregadas por el interventor, suele ser del 75 %, pero bajó más con el hackeo. “Para hacer inversión necesitamos que la gente pague. (…) Y, al final, la energía robada terminan asumiéndola las personas que con mucho sacrificio pagan el servicio”.
***
Rocío Manotas guarda religiosamente y desde siempre cada recibo que le llega a la casa. Esa práctica la ha salvado en más de una ocasión y, de hecho, la recomienda. No todos sus vecinos tienen la misma costumbre y, por ende, no todos revelaron los recibos de finales de 2021 y principios de 2022 que mostrarían el significativo aumento del consumo entre un mes y otro. El Espectador accedió a varias facturas, y en tres de los casos más significativos se evidencia que el consumo pasó de menos de 300 kilovatios hora a más de 1.000 kilovatios. ¿Cuáles fueron las razones de los aumentos? Esa es la pregunta del millón, para algunos, de los $17.000.000.
“Lo de los recibos es un escándalo espantoso”, señaló Martha Lemus, quien trabaja planchando ropa, mientras mira a cuatro de sus vecinos, tres hombres y una mujer, que están sentados en sillas mecedoras en una casa esquinera. En el piso están los recibos de la luz y los derechos de petición que van a organizar y que les servirán como prueba en sus reclamos contra Air-e. Entretanto, comen galletas y toman gaseosa fría para palear los 30 °C de Barranquilla.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más