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En un momento de cuentas fiscales complejas, en el que ya fue necesario que el Ministerio de Hacienda hiciera un recorte de $20 billones en el Presupuesto General de la Nación, ajustarse el cinturón parece la respuesta más obvia, especialmente en aquellos rubros que no están cumpliendo con su cometido. En esa conversación, necesariamente, entran las tarifas de los peajes y el incremento que todavía está pendiente.
A finales de 2022, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió congelar las tarifas para 2023, argumentando que la medida ayudaría a contener la inflación, que en ese punto no había encontrado un techo. Algunos aplaudieron la decisión teniendo en cuenta que los peajes no son un tema popular, mientras que otros advirtieron que podría ser una jugada peligrosa para las finanzas públicas.
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Lo primero que hay que entender es que la diferencia entre el dinero que debía pagar quien pasó por la caseta y el que terminó pagando con la decisión de congelar las tarifas tuvo que ponerla el Estado. Como los peajes son vitales para el financiamiento de las obras, los privados alertaron en el mismo momento en el que se tomó la decisión que debían ser compensados por la falta de incremento, argumentando, además, que se estaba poniendo en riesgo la confianza y el apoyo de los inversionistas nacionales e internacionales.
Era claro que el ajuste tenía que llegar tarde o temprano, de lo contrario el déficit seguiría creciendo, como una bola de nieve. De hecho, en abril del año pasado Fedesarrollo estimó que si no se hacía el incremento de 13 % correspondiente a 2022, se arrastraría un déficit permanente a favor de los concesionarios que llegaría a $13,8 billones en 2040.
Para zanjar el tema y evitar una deuda mayor (o posibles demandas), el Gobierno decidió, a finales del año pasado, hacer dos ajustes: el primero, para subir las tarifas con la inflación de 2022 y el segundo, con la inflación de 2023.
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La mitad de esa promesa ya se cumplió: en enero, el Gobierno anunció un incremento de hasta 15,12 % en las casetas de peajes, 13,12 % correspondiente a la inflación de 2022, más 2 % por actualización de la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi). Todavía está pendiente el segundo ajuste, de 9,28 % (inflación de 2023) que, según había dicho el Ministerio de Transporte, llegaría en julio, pero hasta ahora no se ha publicado la resolución que lo define.
Ante la pregunta por el futuro de las tarifas de los peajes, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dijo que su cartera no podía responder por el incremento porque es del resorte del Ministerio de Transporte: “Esperemos que la nueva ministra, María Constanza García, ponga en marcha su actividad. Ella viene con eso desde antes porque era la viceministra de Infraestructura, entonces lo organizará y lo vamos a tener”.
Este diario consultó al Ministerio de Transporte para saber cuándo llegará el incremento, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En entrevista con W Radio, la ministra García dijo que la cartera tiene la tarea de hacer el ajuste, sin especificar una fecha. También resaltó que hay peajes en los que está “suspendido el incremento de tarifas contractuales” y que el Gobierno está analizando las opciones.
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Una decisión costosa y, al parecer, inútil
Hasta la fecha no hay evidencia de que congelar la tarifa de los peajes haya ayudado a contener el aumento de la inflación o por lo menos no significativamente. Según un análisis de Fedesarrollo, si la tarifa de los peajes hubiese aumentado a principios de 2023 en 13 % (IPC de 2022), la inflación el año pasado habría sido apenas un 0,01 % más alta.
Esta medida, además de poco efectiva, implica considerables costos fiscales. Un análisis realizado a principios de este año por la Cámara Colombiana de Infraestructura indica que el déficit generado por la no actualización de las tarifas con la inflación de 2022 fue de $548.600 millones en los proyectos concesionados, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Los estudios de ese gremio también señalan que a diciembre de 2024, en caso de no efectuarse la indexación con el IPC 2023 (9,28 %), se generaría un déficit de $439.000 millones.
Fuentes de Gobierno indicaron a este diario que el impacto asociado a las compensaciones en 2023 se estimó en $795.000 millones, teniendo en cuenta los peajes cuyas tarifas aumentaban con inflación y los que tienen establecidos por contrato incrementos superiores.
Al cierre de esta edición, el Ministerio de Transporte no respondió cuánto le ha costado al país haber congelado las tarifas. Lo cierto es que la medida, que se tomó con poco respaldo técnico, resultó costosa y parece no corresponder con el discurso del Gobierno de ocupar correctamente los recursos públicos, que son limitados.
La conversación que se avecina para el incremento de los peajes coincide con un pulso que, hasta el momento, ha sido complejo: el incremento del diésel más allá de los grandes consumidores.
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Esta semana, la Cámara Intergremial del Transporte Unidos, que reúne a más de 80 % de las asociaciones de propietarios de camiones en Colombia, a casi todas las agremiaciones de empresas de transporte de carga y a los representantes del transporte intermunicipal, se levantó de la mesa de discusión con el Gobierno alegando “desigualdad en las condiciones” para negociar.
¿Y las obras por valorización?
Considerando los retos sociales que implican los peajes, el gobierno Petro ha dicho que apostará por la valorización para financiar las obras de infraestructura. Básicamente, la medida busca que quienes se benefician directamente de las obras pongan recursos para construirlas, teniendo en cuenta el mayor valor que implica para sus predios la creación de los proyectos.
Pese a que el anuncio se hizo hace tiempo, hasta ahora se conocen pocos avances concretos. La nueva ministra confirmó que la vía Barranquilla-Cartagena es el primer proyecto en el que se aplicará este mecanismo. Los cobros, aclaró la cartera, se harán en aquellas áreas de influencia de los proyectos de la cuarta generación de concesiones (conocidos como 4G), con el fin de tener una fuente de ingresos para los proyectos estratégicos y aquellos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Si bien el Gobierno está buscando alternativas, por el momento los peajes siguen y seguirán siendo necesarios. El ajuste que está pendiente debe llegar pronto o la deuda con las concesiones seguirá creciendo, en medio de un momento de dieta presupuestal.
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