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La conductora que lleva diariamente a Santiago Freile a su diálisis en Quito, capital de Ecuador, le informó en la noche del martes a su hija que no podría pasar por su paciente al día siguiente por la situación de seguridad. En esencia, estaba asustada.
Ese mismo día, Chery Ecuador, la representación local del fabricante de autos chino, anunció que suspendía la atención en sus talleres y concesionarios a nivel nacional para “salvaguardar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores”.
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A los empleados oficiales les ordenaron devolverse para sus casas a las 3:00 p.m. y para quienes salieron de sus oficinas en el centro de Quito fue imposible encontrar transporte, aunque sí militares por todo lado. El recorrido de José Luis Baquero hacia su casa suele tomarle 30 o 35 minutos, pero este martes gastó tres horas en medio de angustias y problemas.
La escalada en la violencia, cuyo punto máximo fueron los hechos del martes (toma de un canal de televisión, quema de vehículos, secuestro de policías) actúa como una especie de lastre, pesado y omnipresente, sobre la vida diaria de los ecuatorianos.
Y esto llega en momentos en los que el país busca una suerte de redención económica para superar una crisis fiscal que, llevada a su extremo, podría terminar por paralizarlo.
¿La tormenta perfecta?
Al asumir su cargo, el presidente Daniel Noboa aseguró que Ecuador “está en su peor momento”. La oscura perspectiva es compartida por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, quien ha hablado de “difícil situación económica”, a la par que ha dicho cosas como “tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas US$184 millones en la cuenta única del Tesoro”. Para la primera semana de diciembre, según datos compilados por Bloomberg, esta cifra había bajado a US$95 millones.
A diferencia de otros países de Latinoamérica, como Colombia, Ecuador no está lidiando con una inflación desmedida, pues terminó 2023 con un crecimiento de apenas 1,35 % en los precios (frente a 9,28 % de Colombia, por ejemplo).
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Buena parte de sus problemas económicos están anclados en un déficit fiscal elevado, que se calcula en cerca de 5 % del PIB para finales de 2023, lo que representa un hueco de unos US$5.000 millones. El problema acá es que, apenas un año antes, esta cifra era de US$1.700 millones.
Actualmente, la deuda del país (tanto interna, como externa) supera los US$63.000 millones.
El nivel de reservas del país registrado en la primera semana de diciembre se convirtió en el punto más bajo en 18 años y obligó al Gobierno a buscar unos US$3.000 millones para pagar gastos de funcionamiento de las administraciones central y regionales.
Este nivel de urgencia ejemplifica, de cierta forma, la encrucijada que atraviesa el país: una avidez de recursos e inversión, pero en medio de una crisis de seguridad.
Para Will Freeman, investigador afiliado al Council on Foreign Relations de Nueva York, es claro que había inversionistas internacionales que ya no entrarán a Ecuador por cuenta del panorama de seguridad.
Hay pocas cosas más cobardes que el dinero. Y, por lo general, los problemas en seguridad y orden público son una mala receta para el crecimiento y la producción económica.
Esto es algo que sabe Julián Saldaña, quien vive en Durán, una población cercana a Guayaquil (epicentro de la violencia de estos días), y que se dedica al transporte y la logística. “En mi caso en particular se tomó la decisión de no realizar viajes por carretera, ya que es muy peligroso y en una ocasión por poco asesinan a uno de los choferes y esto merma significativamente los ingresos”. Y agrega que “en el caso de la distribución de lácteos se dejó de atender las zonas de alto riesgo y esto tiene una merma en las ventas de hasta 30 %”.
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Saldaña cuenta que por cuenta de las extorsiones y el miedo, los comercios cierran más temprano “o simplemente dejan de atender”.
Esto de por sí es grave, pero lo es un poco más si se tiene en cuenta que el país atraviesa por la peor sequía en 50 años por cuenta del fenómeno de El Niño, algo que ha bajado el nivel de los embalses nacionales, al punto de tener que racionar la energía. Esta es una medida que le pega a todos los ciudadanos, pero que lo hace con especial fuerza en el aparato productivo.
Ahora, con la implementación del toque de queda por 60 días, el temor es que la medida termina por hundir a sectores como el comercio. Mónica Heller, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, le pidió al Gobierno que “module la medida y de ese modo se eviten más daños para el, ya afectado, sector productivo”. Para Heller, “el toque de queda generará graves daños a las actividades productivas nocturnas. No todas las provincias tienen los mismos índices de inseguridad; esta decisión debería adaptarse a la situación de cada localidad”.
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Como parte de un alivio en el suministro de energía, el ahora expresidente Guillermo Lasso (quien llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político por corrupción), negoció con Colombia la venta de energía. El faltante de energía en Ecuador, según cifras oficiales, es de 650 megavatios.
Como parte de un plan de reactivación económica, Noboa ha hablado de impulsar el empleo juvenil, así como ha intentado asegurar financiamiento externo, vía prestamistas multilaterales, entre otras medidas.
Pero, con la crisis de pandillas al rojo vivo, existe el peligro que estas reformas se queden apenas en ideas, pues el espacio que tenía Noboa para intentar tramitarlas en el Congreso puede que se haya cerrado. “Los ataques recientes van a poner, obviamente, a poner el foco en temas de seguridad. Mucho de su capital político va a tener que estar en este referendo sobre extradición y otras medidas de seguridad”, finaliza diciendo Freeman.
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