
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Una de las metas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para este nuevo cuatrienio es triplicar las conexiones a internet que existen en el país, es decir, pasar de las 9 millones que existen a 27 millones en 2018. Ampliar la cobertura, sin duda, significa darles acceso a la red a los de menores recursos.
El Proyecto Conexiones Digitales Fase II, con una inversión superior a $35.500 millones, es, según el gobierno, una de las formas para lograr el objetivo. En la mañana del miércoles 29 de octubre fue publicada la licitación que busca seleccionar al contratista que será responsable de instalar, operar, administrar y mantener la infraestructura necesaria para que internet de banda ancha llegue a 52.500 instituciones públicas, viviendas de interés prioritario y hogares de estratos 1 y 2.
El servicio, ha dicho el ministerio, se prestará a bajos costos, a un mínimo de 10.841 viviendas de interés prioritario y 41.758 hogares de esos estratos. Esto es, modalidades prepago, que oscilan entre $200 y $550 por hora, y pospago, que están entre $6.500 y $17.600 mensuales, y que se definirán de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios.
Los departamentos beneficiados serán Antioquia, Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Sucre. Estos se suman a la adjudicación que se dio a finales de 2013 con el objetivo de entregar el servicio a 894 instituciones públicas y más de 143.000 familias de las viviendas de interés prioritario y de estratos 1 y 2, en 617 municipios en 20 departamentos, como San Andrés, Caquetá y Putumayo.
El proceso licitatorio terminará el 14 de noviembre y la adjudicación se anunciará el 11 de diciembre de este año. Ese mismo mes, al contratista se le entregará un anticipo del 20% de los recursos totales, los que podrán ser utilizados para construir, adecuar o ampliar redes de acceso fijas o móviles.
Los interesados deben “realizar los análisis y estudios que consideren relevantes para identificar las zonas de los estratos 1 y 2, las viviendas de interés prioritario y las instituciones públicas, donde se desarrollará la adecuación, ampliación de la infraestructura (…)”, dice el pliego de condiciones publicado el 28 de octubre.
El plazo de ejecución del Proyecto Conexiones Digitales II está previsto en 34 meses, a partir de la suscripción del acta de inicio. En el pliego de condiciones a los proponentes se les da pautas para tener en cuenta respecto a aspectos que pueden alterar “el equilibrio económico del contrato”. Entre esas, se destacan, por ejemplo, las zonas lluviosas y de sismos.
Sin embargo, también se tienen en cuenta el contexto cultural, medioambiental, las zonas de resguardos indígenas y el índice de riesgo de victimización de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. El índice representa “las afectaciones contra la vida, libertad personal, integridad personal, seguridad y libertad de circulación, en las condiciones establecidas por la ley 1448 de 2011”.
El anuncio se hace en el marco de la discusión de las condiciones para el posconflicto. La conexión a internet, sin lugar a dudas, es una de las herramientas más valiosas para la superación de la pobreza, el acceso a la salud, la educación, entre otros. La cifra que ha establecido el Banco Mundial es que un incremento del 10% en la penetración de la banda ancha se traduce en un crecimiento de 1,38 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto de un país en desarrollo.