Arroceros piden apoyo

Los arroceros del país, en medio del listado de reclamos que hacen los gremios del agro al Gobierno, no dejan de estar preocupados. Y no sólo porque aseguran que el contrabando del cereal es creciente, sino porque el próximo 31 de marzo termina la vigencia de una franja de precios que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha el año pasado y que garantizó que los molineros compraran a los agricultores la cosecha a un precio determinado (por ejemplo, para el centro del país el valor de la carga osciló entre $122.000 y $132.000).

Como alternativa a la terminación de la franja y para evitar que los precios del cereal se desplomen —los agricultores sostienen que hay sobreoferta del producto—, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) le propuso al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, poner en marcha una ayuda directa para los productores.

“Sería una compensación parecida a la que se entregó a los cafeteros por carga. Esto significa que el Gobierno compense al productor tomando como precio el piso de la franja. Si los molinos bajan el precio, se entraría a compensar. Eso lo discutiremos con la industria. Que esto sea una ayuda transitoria para mejorar la competitividad”, manifestó el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano. Por ejemplo, si la industria paga $120.000 al agricultor y no se alcanzan a cubrir los costos de producción, el Estado pondría recursos.

Esta medida, explicó, podría tener un límite de hectáreas. “Los industriales dijeron que no van más con la franja de precios y quieren que se libere el mercado. Ojalá que en cuatro o cinco años el sector —que produjo en 2013 cerca de 2,3 millones de toneladas del cereal— tenga costos de producción similares a los de Estados Unidos. Sin embargo, nos ha molestado el problema del clima; no se sabe si vendrá el fenómeno del Niño después de mitad de año”.

Frente a la propuesta que se está tratando entre el gremio arrocero y el Gobierno, un industrial del arroz consultado por este diario, que pidió no ser mencionado, señaló que no cree que el Estado pueda volver permanentes los apoyos y que la influencia del contrabando tiene “acabado al sector”. Agregó que el 30% del cereal que se comercializa en Colombia es de contrabando.

“Los agricultores le echan la culpa al molinero, y al revés. Todos tienen que mirar qué se debe cambiar. ¿Por qué el costo del arroz es tan alto? Hay terratenientes que cobran lo que quieren. Una hectárea vale US$25.000 en el Tolima, pero US$3.000 en Argentina. Acá hay un grave problema de tierras”, explicó el empresario.

“No se puede seguir diciendo que la culpa es sólo de los molineros. El tema de los fertilizantes es otro factor determinante, junto a los créditos (nadie les está prestando dinero a los agricultores)”, agregó el industrial.

Frente a la proliferación del contrabando del cereal —se estima que al país ingresan cerca de 300.000 toneladas al año bajo el manto de la ilegalidad—, el presidente de Fedearroz señaló que el Congreso debe aprobar pronto leyes que les den más dientes a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a la Policía Fiscal y Aduanera. “La máxima prueba del contrabando es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró la frontera. No está pasando arroz, lo que llevó a los precios a reaccionar”.

Poner en marcha el mecanismo de compensación arrocero es, para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, una alternativa que puede ayudar al sector a encontrar soluciones. “El problema no es el sector arrocero; es cuánta gente vive de esta actividad. Espinal (Tolima) es un ejemplo. Muchas de las pequeñas ciudades viven alrededor del sector agropecuario”.

A las problemáticas del sector arrocero y al fortalecimiento de su competitividad se han destinado $2,5 billones en lo corrido de la administración del presidente Juan Manuel Santos, según el ministro Lizarralde, quien recordó que el Gobierno está pendiente de un concepto que dará la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), relacionado con una investigación que se está haciendo entre la cadena arrocera para establecer si existen posiciones dominantes.

Lizarralde contó que en días pasados se reunió con los representantes del movimiento Dignidad Arrocera y sostuvo que esta organización de productores está pidiendo ayudas para el pago de sus obligaciones crediticias vencidas y también un mecanismo para compensar una caída de los precios luego de que se levante el uso de la franja.

Alianza del Pacífico, impulso al agro

“No es cierto que el campo colombiano vaya a quedar desprotegido con la entrada en vigor de los acuerdos comerciales firmados en la Alianza del Pacífico”. Con esas palabras, Santiago Rojas, ministro de Comercio, Industria y Turismo, rechazó las afirmaciones de algunos gremios agrícolas que culpaban al Gobierno de causar, en próximos años, la ruina del sector con este acuerdo (crea un área de integración profunda con México, Perú, Chile y, pronto, Costa Rica).

Según el funcionario, durante el proceso de negociación del Protocolo Comercial, que elimina el arancel al 92% de los productos del grupo y establece desgravaciones para el 8% restante, se protegieron los intereses del campo colombiano a través de la eliminación progresiva de impuestos de entrada a productos sensibles para el país, como el pollo, la carne de cerdo o el maíz.

“Tenemos tiempos de desgravación amplios, de entre cinco y 17 años, con períodos de gracia. Las condiciones no son más favorables que aquellas establecidas en los acuerdos firmados anteriormente con cada uno de los socios”, afirmó Rojas, quien agregó que el Gobierno ejecutará su política industrial y agraria para potenciar el agro en innovación e impedir que, al cumplirse dichos plazos, el campo se vea afectado.

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@hector_sandoval