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Regresar la mirada al campo y darle relevancia en la agenda nacional ha sido una de las principales banderas del Gobierno de Gustavo Petro con la reforma agraria, una preocupación que viene desde los tiempos de la campaña que lo llevó a la Presidencia.
Esta apuesta de transformación es quizá la única esencial del Gobierno que no requiere del trámite legislativo en el Congreso de la República. Esto se debe a que existen leyes aprobadas al respecto, de las que se ha valido el Ministerio de Agricultura durante el primer año de mandato con el fin de cumplir las ambiciosas metas trazadas, como la compra de 1,5 millones de hectáreas para los cuatro años del gobierno Petro.
Si bien la reforma ya empezó a andar, no ha sido a la velocidad esperada por algunos. Funciona la compra, adjudicación y titulación de tierras, pero de continuar el ritmo actual no se lograrán las metas que buscan, en últimas, la transformación productiva del campo.
El camino que ha recorrido la reforma agraria
En este año de gestión, que se cumple el 7 de agosto, el balance del Ministerio da cuenta de la compra de 29.000 hectáreas a particulares para redistribuirlas. A ese paso solo podría comprar 116.000 hectáreas en cuatro años y no 1,5 millones. Por otro lado, también se han formalizado 240.000 hectáreas.
De contexto: Reforma agraria: lo que debe saber de esta apuesta del Gobierno para el campo
La mayoría de las compras han sido en las principales zonas de interés de la reforma agraria, que son el Magdalena Medio y la Costa Caribe. De hecho, están definidos los núcleos de priorización. De acuerdo con una resolución del Minagricultura, se trata de cerca de 50 municipios en los departamentos de La Guajira, Santander, Cesar, Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar.
La selección de estos municipios tuvo en cuenta varios elementos. El Ministerio realizó una serie de mapas de calor en los que cruzaron variables como la focalización elaborada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), tamaño predial, número de predios, ofertas de comprar viables, así como solicitudes de la propia comunidad.
Aunque todo lo anterior es importante, según Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, la apuesta va más allá de adquirir y asignar predios. Aunque de fondo sí busca revertir la concentración de la tierra porque Colombia es uno de los países más desiguales en cuanto a distribución de esta, con un coeficiente de Gini de 0,86 (entre más cercano a 1 implica mayor inequidad).
Esa es solo una parte. La otra es la productiva: que en los predios se cultiven alimentos que garanticen la seguridad alimentaria. Especialmente porque más de 15 millones de colombianos tuvieron dificultades para alimentarse. Se trata de 28 de cada 100 hogares, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
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Garantizar que los campesinos o grupos étnicos que se benefician de la reforma puedan producir es la tarea principal de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que debe desarrollar y ejecutar los proyectos productivos con las comunidades. “Pero no se queda allí. Tiene que pasar a la generación de redes para la transformación y la agroindustrialización, agregar valor a los productos y garantizar la logística necesaria para su comercialización”, aclara Mojica.
Pese a su importancia, la entidad ha tenido dificultades para seguir el ritmo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que es la encargada de las compras. Por eso “ha estado uno o dos pasos atrás” por la falta de “capacidad y de coordinación entre las dos agencias”, dijo Luis Alberto Higuera, presidente de la ADR.
Dicho componente de la reforma es clave, pues si bien la tenencia de la tierra es una parte importante, apenas es el inicio de la transformación que se busca. De la tierra a la productividad hay un camino en el que se cruzan múltiples variables y más si se quiere que sea una actividad rentable.
Un ejemplo de esto es la Cooperativa Multiactiva para la Paz (Coompazcol), pues a 152 excombatientes del ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) Pondores, en La Guajira, se les titularon 188 hectáreas. Han tenido cultivos, huevos, aromáticas y quesos, pero no han funcionado ni han logrado sacar provecho económico porque no tienen quién les compre los productos.
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Por otro lado, entre las estrategias para apoyar la producción de alimentos en el país están las líneas especiales de crédito, que buscan llegar a los pequeños productores. Ellos son los encargados de cultivar el 50 % de la comida que se consume en el país, que es de origen nacional. Finagro es la entidad del Gobierno encargada de dichos créditos, que tienen subsidios en las tasas de interés.
Los retos futuros de la reforma agraria
Es claro que una de las principales preocupaciones es la de agilizar los procesos de la reforma que, pese a que va en marcha, aún se encuentra en etapa de planeación, según Mauricio Velásquez, docente asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
Para ello, el Gobierno, en cabeza de la ministra, lanzó el Sistema Nacional de Reforma Agraria en Sincelejo (Sucre) el pasado 3 de agosto.
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Ahora deberán aprovechar el mecanismo y lograr que sirva para su propósito: acelerar la reforma agraria para que avance a la mayor velocidad posible. Otras de las herramientas que tiene la reforma es el Acuerdo de Paz, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la Ley 160 de 1994, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”.
Esta última contempla de expropiación de tierras y, aunque la compra es la herramienta principal, la ministra ha sido clara al decir que usarán todos los mecanismos disponibles para la reforma agraria.
Finalmente, esta apuesta del Gobierno se condensa en la producción de alimentos. Para Mojica, con esta se puede impulsar el desarrollo de la economía, pero para lograrlo detalla que las tierras en latifundios improductivos o con un uso inadecuado deberían aportar al desarrollo.
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