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Desencuentros entre el Ejecutivo y el sector privado, cifras en rojo y un timonazo. Y, sin embargo, hay muchas formas de leer lo que pasó en materia minero-energética durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. Para las empresas y los gremios, el balance es negativo. Para la administración actual, hubo logros y se tomaron decisiones con legitimidad democrática, pues 11 millones de colombianos votaron en 2022 por la promesa de un cambio.
En este análisis, para el que El Espectador consultó a más de 10 actores del sector y varios informes, les contamos, a grandes rasgos, cómo está el panorama minero-energético y qué pasó durante el gobierno saliente.
Las afugias del gas
Para Tomás González, exministro de Minas y Energía y director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), la mejor forma de evaluar la política energética es preguntarse si cumplió o no con su objetivo fundamental: garantizar el abastecimiento. En su concepto, estos cuatro años estuvieron marcados por la incertidumbre.
Desde diciembre de 2024, Colombia tuvo que empezar a importar para abastecer la demanda de hogares, comercios e industrias. El país ya traía del exterior este hidrocarburo para respaldar la generación térmica, pero desde hace un año y medio, por la declinación natural de los campos, es necesario complementar la producción local con gas importado. Los precios para los usuarios han aumentado.
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En 2024, el país debatió si era necesario importar: el Gobierno decía que no. Ahora, estamos trayendo del exterior cerca del 30 % del gas que se consume en el país. La capacidad actual se está quedando corta: hoy solo contamos con SPEC LNG, la regasificadora de Cartagena que estará en mantenimiento hasta el 3 de agosto. Para los próximos años, incluso para inicios del 2027, por la mayor demanda de gas para generar energía durante El Niño, es urgente tener otras infraestructuras.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, dijo a El Espectador que los nuevos proyectos debieron hacerse en administraciones pasadas, pero que, en todo caso, los proyectos de regasificación quedaron “bien encaminados”, gracias a las habilitaciones regulatorias, entre otras cosas. Además, pidió no descartar la posibilidad de traer este hidrocarburo de Venezuela por el gasoducto binacional Antonio Ricaurte que, sostiene, sería la mejor opción.
La visión de los analistas es distinta. Para González, el Gobierno Petro “perdió mucho tiempo” insistiendo en importar gas de Venezuela, en vez de acelerar los proyectos de regasificación. “La falta de avance en proyectos estratégicos dejó como resultado que el país esté enfrentando una menor disponibilidad de gas nacional y mayores costos para los hogares colombianos y la industria. El precio del gas para el sector industrial ha aumentado un 132 %”, dijo a este diario Silvana Habib Daza, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía).
En lo que sí coinciden las voces consultadas es en la necesidad de que el gobierno de De la Espriella siga impulsando la entrada de esas infraestructuras y encuentre estrategias para aumentar la producción local. En este punto, las esperanzas para retomar la autosuficiencia están en Sirius, el proyecto costa afuera de Ecopetrol y Petrobras, que aliviaría la situación actual desde 2030.
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La energía
Fueron cuatro años de tensiones entre el Gobierno y el sector privado. En varias ocasiones, el presidente cuestionó, en sus redes sociales y declaraciones, a las empresas de la cadena, principalmente a las generadoras.
En 2022 el tema central eran las tarifas: el debate de si bajarlas era posible y viable. Pero ese tema, para el pesar de los usuarios, ha pasado a un segundo plano en el debate nacional: hoy el foco está en mantener al país encendido, especialmente en medio de El Niño, en el que la sequía pondría a prueba un sistema que en tiempos normales genera más del 60 % de la energía con hidroeléctricas.
En este momento, además de la garantía de gas para las térmicas, preocupa el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión. A la fecha, según datos recopilados por Grupo Energía Bogotá, el 55 % de los proyectos de transmisión de energía tienen retrasos y solo el 18 % de la nueva capacidad de generación prevista ha entrado en operación.
La consecuencia es que el sistema tiene un menor margen de maniobra para responder a eventos extremos, como El Niño, y habría un déficit estructural de energía a partir de 2028. Julio César Vera, presidente de Xua Energy, sostiene que “el sector ha perdido su capacidad de garantizar su soberanía y seguridad energética, pues la oferta de generación eléctrica no ha crecido al mismo ritmo que la demanda”.
Alexandra Hernández, presidenta de la Asociación de Energías Renovables, Ser Colombia, destaca que uno de los principales logros es que en junio de 2026 el país alcanzó 4.500 megavatios de capacidad instalada, equivalente al consumo de energía eléctrica que, durante el día, hacen cerca de 11 millones de colombianos. Hace apenas dos años y medio esa capacidad era inferior a 500 megavatios. Pero también advierte que más de USD 800 millones en inversiones permanecen represados por al menos 60 trámites con demoras que van de uno a seis años.
Palma reconoce que acelerar la entrada de nuevos proyectos sigue siendo un desafío, pero defiende el balance del Gobierno: la capacidad de energía solar aumentó casi el 2.200 %, se realizaron dos subastas de expansión y esta semana terminó una subasta de renovables que incorporó, por primera vez, almacenamiento con baterías.
En su opinión, la principal prueba de que este Gobierno respondió fue que, pese a los pronósticos de un eventual apagón, el país se mantuvo encendido y está pasando la última “prueba de fuego” de estos cuatro años, que es el mantenimiento de SPEC.
Pero no todos comparten esa lectura. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), sostiene que el Gobierno concentró sus esfuerzos en las energías renovables y “marchitó todo lo demás”. Argumenta que las subastas de cargo por confiabilidad no lograron aumentar la energía firme del sistema y que, por esa razón, el país enfrenta un déficit que lo mantiene al borde de un eventual racionamiento durante el fenómeno de El Niño.
Otra de las grandes críticas a esta administración fue la demora del Gobierno en el pago de los subsidios de energía y gas que las compañías entregan a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Aunque la deuda por este concepto llegó hasta COP 2,5 billones, con corte a junio de 2026 el saldo pendiente se había reducido a cerca de COP 900.000 millones.
Hoy, la mayor preocupación son las deudas de Air-e, encargada de la distribución y comercialización de energía en La Guajira, Atlántico y Magdalena. La empresa, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en septiembre de 2024, tiene deudas cercanas a los COP 2,5 billones con varios actores del sector; a las térmicas les debe COP 1,7 billones. ANDEG advierte que esta situación pone en riesgo la generación de energía durante El Niño, porque limita el flujo de caja necesario para comprar combustibles.
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Air-e es uno de los “chicharrones” que tendrá que resolver De la Espriella. Aunque Petro afirmó que la empresa será liquidada, su administración no puede hacerlo hasta que esté definida la solución para el Caribe. En conversación con El Espectador, Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, aseguró que hay un problema estructural y explicó que se está avanzando en la contratación de una consultoría para definir la mejor solución empresarial. Los resultados podrían servir de insumo para una eventual liquidación.
Otros frentes
El último informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra que, al ritmo de producción actual, las reservas de gas del país se acabarían en 5,9 años. Datos recopilados por Campetrol muestran que este horizonte de autosuficiencia está 2,2 años por debajo del promedio de la última década y 8,2 años por debajo del pico registrado en 2007 (14,1 años). En el caso del petróleo, la autosuficiencia está en 7,4 años; 0,7 años por debajo del pico registrado en 2009 (8,1 años).
La conversación tiene muchos matices, pero es claro que la caída no inició en este Gobierno. De hecho, por los tiempos de los proyectos, las decisiones que tomó o dejó de tomar Petro se sentirían con más fuerza en los próximos años.
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En este punto aparecen dos de las mayores controversias del sector en estos años: la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y la negativa rotunda al “fracking”.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), dijo a El Espectador que no suscribir nuevos contratos limitó las posibilidades de descubrir recursos y garantizar el abastecimiento futuro de petróleo y gas, pero además envió una señal de incertidumbre que afectó la inversión: “Mientras la inversión mundial en exploración y producción creció cerca del 20 %, en Colombia cayó alrededor del 11 % entre 2022 y 2024”.
Palma, por su parte, sostiene que ambas decisiones tienen legitimidad democrática porque hicieron parte del proyecto político que ganó las elecciones en 2022 y defiende que la estrategia en estos cuatro años fue optimizar las áreas ya asignadas e incorporar nuevas tecnologías para mantener la producción. Aquí chocaron dos visiones de país y con la llegada de De la Espriella el debate dará un vuelco: la nueva administración quiere más hidrocarburos y “fracking”.
Lo innegable es que el sector decayó en este Gobierno. Pearl dice que las exportaciones de petróleo y derivados representaron el 25 % del total en 2025 frente al 33 % en 2022, y el PIB de extracción de petróleo y gas se ubicó en -2,7 % en el primer semestre de este año, acumulando más de seis trimestres consecutivos con variaciones negativas. Además de la incertidumbre, dice el gremio, pesó la mayor carga fiscal, los cambios regulatorios, las demoras en trámites ambientales y consultas previas y los problemas de orden público.
Sin duda, Ecopetrol tiene que estar en este balance: la empresa más grande e importante del país fue el centro de grandes debates en estos cuatro años. La petrolera atravesó una crisis de gobierno corporativo durante la presidencia de Ricardo Roa. En varias ocasiones se especuló sobre su renuncia, sobre todo en medio de la imputación por dos delitos, pero la salida se concretó el 30 de julio, faltando pocos días para el cambio de gobierno (aunque estuvo por fuera casi tres meses, primero en vacaciones y después en una licencia).
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La compañía insiste en que la caída de utilidades obedece principalmente al precio del Brent. Sin embargo, analistas han advertido que la permanencia de Roa y las posturas del Gobierno afectaron la percepción del mercado, generando efectos en la acción. Uno de los episodios que mejor reflejó el debate sobre el gobierno corporativo ocurrió en agosto de 2024, cuando Ecopetrol desistió de ampliar su negocio de “fracking” en Estados Unidos.
En 2025, la empresa obtuvo utilidades por cerca de COP 9 billones, las más bajas de los últimos ocho años, una caída del 39,5 % frente a 2024 y del 73 % frente a 2022. En el primer trimestre de 2026 las ganancias sumaron COP 2,9 billones; una caída del 7,7 % frente al mismo período del año anterior. Los resultados del segundo trimestre se presentarán el 3 de agosto.
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Del lado de la minería, que amerita otro informe aparte, Vera sostiene que uno de los mayores retrocesos se produjo en la gran minería de carbón, afectada por un contexto internacional de precios menos favorable, mayor carga tributaria en el país y la pérdida de confianza de los inversionistas por las decisiones del Gobierno. El resultado se evidencia en la producción y las exportaciones, entre otros indicadores. En el primer semestre del año, la extracción de carbón de piedra y lignito cayó 13,3 %.
Las fuentes consultadas mencionaron otros temas claves, como la situación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y los cambios regulatorios (que según el Gobierno buscaron poner en el centro al usuario y sentaron las bases para un sistema más justo, pero que las empresas criticaron duramente).
En medio de los números rojos, también hay espacio para resaltar logros: entre otras cosas, el sector reconoce la decisión del gobierno Petro de subir el precio de la gasolina en pro de las finanzas públicas, aunque en los últimos meses, por el contexto internacional que impulsó el precio del petróleo, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles está acumulando deudas (COP 6 billones a junio de este año).
De la Espriella, que designó como ministra de Minas y Energía a María Nohemí Arboleda, recibirá un sector que pide, casi a gritos, cambios urgentes. Una visión distinta de país se pondrá en marcha. Al final, como lo resumió el ministro Palma, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío.
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