Bases para un pacto agrario

Aunque el paro nacional agrario todavía no cesa y regiones como Putumayo, Huila y Caquetá siguen padeciendo las consecuencias de 16 días de bloqueos campesinos —hay desabastecimiento de combustible y alimentos—, el Gobierno comienza a enfilar baterías en su intento por enfrentar los problemas que se desprenden del abandono que ha sufrido el campo durante las últimas décadas. Dar celeridad a la Ley de Desarrollo Rural, poner en marcha el documento Conpes para la Altillanura y clarificar la situación de terrenos baldíos serán el comienzo de la discusión.

Para dar forma al anunciado pacto nacional agrario, el presidente Juan Manuel Santos quiere que organizaciones indígenas y campesinas, empresarios, gremios del agro, congresistas, miembros del Gobierno y expertos en desarrollo rural comiencen a dar vida a partir de este 12 de septiembre a políticas agrarias que puedan darle un giro radical a la situación del campo.

Los puntos de partida que va a proponer el Ejecutivo en el arranque del pacto son poner en marcha la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, hacer efectivo el documento Conpes para la Altillanura y revisar las iniciativas para lograr construir políticas más claras sobre el empleo de terrenos baldíos.

El primer punto sobre la mesa, la Ley de Desarrollo Rural, que venía construyéndose desde que Juan Camilo Restrepo era ministro de Agricultura, quedó frenado por las demoras en las consultas previas con las comunidades. En principio, la iniciativa propuso crear un compendio de toda la legislación sobre el uso de la tierra, dar pautas sobre los macrousos de la misma, crear incentivos para mejorar el empleo del suelo, atender la pobreza en el campo, establecer claridades en el acceso a la propiedad, ejecutar infraestructura productiva y tratar conflictos entre agro y minería.

La segunda parte de la discusión inicial será el documento que ha venido construyendo el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para el desarrollo de la Altillanura, región en la que se busca poner en marcha grandes proyectos agroindustriales a los que se puedan vincular los pequeños y medianos productores de la Orinoquia.

Otro punto de partida clave en el pacto será definir la situación de los baldíos en Colombia. En línea con este polémico tema —que en sus antecedentes recientes tiene la acumulación de tierras en el Vichada—, el Ejecutivo alista un proyecto de ley para clarificar la situación legal de 622.000 terrenos baldíos y para dar seguridad jurídica a los inversionistas en el campo. Según el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, este propósito no pretende arreglar “situaciones creadas”.

Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), cree que los anteriores son pilares de desarrollo para poner en marcha el propósito del Gobierno y considera que al pacto y a sus iniciativas deben unirse la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), los actores del sistema financiero colombiano y, por supuesto, todos los gremios agrícolas.

Dentro de las discusiones, según el dirigente gremial, es fundamental consolidar una política agraria de Estado en la que esté incluido el sector productivo.

“Bienvenida la redefinición de una nueva política agraria y rural. Ha llegado la hora de trabajar unidos, sin vencedores ni vencidos, para que esta lamentable situación que vivimos jamás vuelva a suceder”, comentó el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz.