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Hasta el 31 de julio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recibirá comentarios sobre el proyecto de decreto que aprobaría la primera zona de interés de desarrollo rural, económico y social (zidres) del país, en Puerto López (Meta). La zona estaría conformada por 860 predios rurales, equivalentes a 174.961 hectáreas.
La figura de las zidres fue creada en la Ley 1776 de 2016 y recibió la luz verde de la Corte Constitucional, con algunas condiciones. “La identificación, delimitación y aprobación de las zonas zidres deberá estar precedida de un proceso de información, concertación y coordinación con los concejos municipales de los entes territoriales que resulten afectados por estas decisiones y tomar en cuenta los planes, planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial en las zonas rurales de esos municipios”, resolvió la Corte en sentencia de 2017.
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La constitución de la primera zona de este tipo iría con la aprobación del consejo de ministros, luego de que el resultado de la concertación con el Concejo de Puerto López quedara consignada en la resolución 030 del 11 de julio de 2018 de esa corporación y de que se expidiera un documento Conpes con los aspectos técnicos para la delimitación en ese municipio. Puerto López cuenta con una frontera agrícola de 521.801 hectáreas, es decir, el 83,6 % del territorio municipal.
“El área del suelo urbano y los suelos de protección en el área rural de interés ambiental, de amenazas y riesgos por deslizamientos, por inundación y por otros factores” tienen restricciones para constituir la zidres, dice el Conpes. Asimismo, según el documento, se excluyeron áreas de comunidades étnicas; aquellas sobre las que pesan declaratorias de desplazamiento forzado o que están en riesgo de desplazamiento forzado y otras luego de identificar 12 predios que comparten su ubicación con municipios colindantes con Puerto López.
Luego de depurar las restricciones, “los 975 predios identificados como área potencial para la constitución de la zidres de Puerto López no tienen presencia de comunidades étnicas, tal como fue confirmado por el Ministerio del Interior mediante la Certificación 0522 de 2018”, añade el documento. Por lo tanto, no se hizo consulta previa. Sin embargo, “existen 115 predios que presentan situaciones imperfectas en su titularidad, razón por la cual se excluyen de la delimitación”.
Por otro lado, como contempla el proyecto de decreto, en los predios en proceso de restitución de tierras no podrá haber proyectos zidres hasta que exista la decisión de un juez sobre esos casos; aquellos con sentencia de restitución en firme pueden vincularse a la zona de interés, pero no se pueden enajenar durante los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo de restitución o de entrega; y en aquellos predios con medidas de protección contra el desplazamiento forzado tampoco puede haber zidres, “salvo que medie la voluntad y el levantamiento previo de la medida por parte del respectivo propietario”.
En febrero pasado, también por medio de un Conpes, se supo que en todo Colombia, de acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, hay 7,2 millones de hectáreas potenciales para constituir zidres, es decir, 6,4 % del territorio continental de Colombia.
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Según el Gobierno, el propósito de las zidres es generar desarrollo rural en zonas apartadas, con baja densidad de población, altos índices de pobreza y donde la producción agropecuaria es muy costosa. Sin embargo, diferentes organizaciones sociales y no gubernamentales, parlamentarios de la Alianza Verde y el Polo Democrático, e incluso magistrados de la Corte que se opusieron a la ley, han manifestado que la norma viola el derecho al acceso a la tierra.
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El borrador del decreto se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Agricultura.
mmedina@elespectador.com