Buscan centralizar la información del sector agropecuario

En el gobierno de Juan Manuel Santos, la UPRA calculó la frontera agrícola (40 millones de hectáreas potenciales para actividades agropecuarias en 2018), definió en dónde se podrían constituir las zidres o zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (siete millones de hectáreas) y, de la mano de distintos gremios de la producción e instituciones, trazó mapas para saber en qué partes del país es apto dedicarse a la avicultura, los forestales comerciales o el cultivo de papa, entre otros productos.

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Ahora, la tarea que se le ha encomendado a esta unidad es la gestión de la información del sector. Según Felipe Fonseca, director de la entidad, han podido identificar más de 11 sistemas de información agropecuaria solo en el Ministerio de Agricultura, como la red de información y comunicación Agronet y las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, que vienen de las secretarías de Agricultura de los departamentos (ver infografía al final).

La dispersión y, muchas veces, la diferencia en los datos de una plataforma a otra —datos de precios y rendimientos, entre otros— están entre los problemas que existen y pretenden resolver, según Fonseca. El objetivo es centralizar toda la información en una plataforma gestionada por la UPRA, lo cual implicaría “trasladarle” sistemas completos, para que queden en sus manos, pero también tomar la información que viene de otras fuentes, como el DANE o el futuro Observatorio de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, para que todo quede en un solo repositorio.

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Explica que “no es, por ejemplo, que el sistema de información pesquero de la Aunap (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) pase a la UPRA, pero necesitamos garantizar la interoperabilidad. Si bien la Aunap seguirá levantando los datos en campo, la idea es que se establezcan protocolos para que el acceso a la información sea instantáneo, la información esté disponible, la UPRA la pueda tener consignada y pueda presentar análisis de las estadísticas pesqueras”.

Más aún, la idea es que la entidad se vuelva generadora y fuente oficial de información. La UPRA empezaría a hacer encuestas o evaluaciones, por ejemplo. “Nos hemos propuesto generar un monitoreo de nuestros cultivos, de los usos agropecuarios, para saber dónde estamos cultivando y hacia dónde orientar la producción agropecuaria”, señala Fonseca. Entre las aspiraciones está también hacer “análisis prospectivos de la demanda de productos agropecuarios para fortalecer la planeación sectorial”.

Explica que para cumplir con estos objetivos se le podrían asignar nuevas funciones a la unidad que lidera, para lo cual servirían las facultades extra que el Plan de Desarrollo que cursa en el Congreso de la República le daría al presidente de la República, en caso de ser aprobado.

Los principales usuarios de esta nueva gestión de información serían la cabeza del sector y tomador de decisiones, el Ministerio de Agricultura, y sus entidades, “pero también los entes territoriales, los gremios y, por supuesto, todos los usuarios del sector: productores, empresarios, campesinos, que deben tener una plataforma abierta, de libre acceso a la información pública, que debe estar disponible de manera oportuna y eficiente”.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), será de gran valor que la UPRA maneje la información solo si esta es “dinámica y actualizable”, debido a factores que cambian, como las tecnologías disponibles para adecuar la tierra o aumentar la productividad. Asimismo comentó que es importante que esa información sea de fácil acceso para cualquier usuario y que también haya “articulación con otras entidades del Estado para que no se dupliquen esfuerzos, sino más bien se hagan sinergias”.

Hizo énfasis en que la información en todo caso debería ser un criterio “orientador” y no “decisorio”. Es decir, los mapas de aptitud agropecuaria, por ejemplo, deberían ayudar a determinar dónde hacer una nueva inversión, pero no afectar a un productor que ya tiene un cultivo establecido en una zona que no es apta para el cultivo en cuestión. Bedoya agregó que, a la hora de dar beneficios o incentivos al sector, se debería tener en cuenta otras fuentes de información, como la disponibilidad de vías, acueductos, energía u otros bienes y servicios públicos.

Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), estuvo de acuerdo en que tener la información en un solo lugar “ayuda, porque se maneja mucha información dispersa que resulta a veces incluso contradictoria”. Por ejemplo, en áreas sembradas, número de productores, vocación de los suelos, etc. No obstante, comentó que no conoce mucho sobre la iniciativa del Ministerio y la UPRA, pero espera que sea socializada oportunamente con el sector.

La Federación Nacional de Departamentos, por su parte, estimó que hay una necesidad de que «toda esa información se traduzca en programas regionales con metas e indicadores de acuerdo con las necesidades de cada departamento. La unificación de la información requiere de programas nacionales que en conjunto con los entes territoriales transformen la información en programas concretos. Es una iniciativa interesante, pero lo importante es que la información tenga buenos usos, como para realizar programas regionales, que no se quede en las plataformas».

La UPRA afirma que apenas está diseñando la hoja de ruta para determinar qué información quedará en sus manos y cuál seguirá siendo de la órbita de otras entidades. En este trabajo, dice Fonseca, están recibiendo apoyo del Banco Mundial y la FAO. La hoja de ruta estaría lista aproximadamente en dos meses y la gestión de información a la que aspira la UPRA sería una realidad hacia finales de 2020.