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Exportar sin deforestar es el requisito que le impone la Unión Europea (UE) a ciertos productos que busquen llegar a los estantes del grupo de países que la conforman. Se trata de un cambio en la legislación que se conoce como el Pacto Verde y que tiene impacto para toda la cadena productiva de Colombia que está orientada a ese mercado. Esto aplica principalmente para la producción de café, aceite de palma y cacao.
La medida busca reducir la contribución de la Unión Europea a la deforestación y la degradación forestal mundial, así como a las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad mundial. Una de las estrategias es el programa de Cero Deforestación, que se aprobó en junio de 2023 y tenía un plazo de 18 meses de transición. Este finalizaba, inicialmente, el 30 de diciembre de 2024, pero fue pospuesto por dos años.
Para finales de este 2026 se acaba el plazo y quienes no cumplan el reglamento de la UE quedarán por fuera de ese mercado. Por ello vale la pena revisar qué tan preparado está el país para responder a estas exigencias.
Vale aclarar que la Unión Europea definió cuáles productos tienen una mayor relación global con la deforestación. Por eso el café, cacao y palma están incluidos, mientras que otros productos agropecuarios no, como el banano, otras frutas y las flores; aunque las exigencias de este mercado son altas respecto a la trazabilidad y a los procesos en estos cultivos.
En resumidas cuentas, lo que se necesita para entrar a dicho mercado desde el próximo año es: estar libres de deforestación posteriormente al 31 de diciembre de 2020, haber sido producidos cumpliendo la legislación del país de origen y estar amparados por una declaración de debida diligencia. El reglamento define obligaciones, criterios de cumplimiento y responsabilidades a lo largo de las cadenas de suministro.
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Para saber cuál es el estado de alistamiento a nivel nacional, se realizó una encuesta aplicada a 120 organizaciones de estas tres cadenas agrícolas a lo largo y ancho del país. El estudio, liderado por Solidaridad (organización que promueve la sostenibilidad de la agricultura colombiana) y apoyado por el programa de asistencia técnica de la Unión Europea en Colombia TRACECOL, analizó el nivel de alistamiento respecto al Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) de la base productiva, agroindustria y empresas exportadoras con un volumen de entre el 45 % y el 70 % del total nacional.
Joel Brounen, gerente-país de Solidaridad, habla sobre los principales hallazgos y resultados de la medición, así como los retos y oportunidades que deja la entrada en vigencia de la EUDR.
¿Qué sectores analizaron y por qué?
Queríamos saber dónde está parada Colombia en tres sectores clave: café, cacao y palma. En exportaciones, el café tiene la mayor participación, la palma llega bastante a Europa y el cacao tiene menor participación.
¿Cómo hicieron la revisión de la aplicación en el país?
Definimos los diferentes eslabones: exportadores, comercializadores y procesadores, y los productores en primer nivel. Así pudimos distinguir cómo está cada uno en los tres sectores.
Encontramos una asimetría en la preparación. En pocas palabras: entre más cerca del mercado europeo, más preparados están. Los exportadores ya tienen sistemas y procesos adaptados, pero al llegar a los productores hay brechas significativas. Esto aplica sobre todo en cacao, luego café y después palma.
¿Qué otros desafíos identificaron?
Uno es la articulación entre actores. La información no siempre fluye entre los diferentes eslabones y no hay parámetros compatibles entre sistemas. También hay retos en la legalidad, como demostrar propiedad de la tierra o cumplimiento de las normas laborales, con contratos conforme a lo que se define como “legal” en Colombia. Además, existe una brecha en talento humano y tecnología, especialmente en pequeños productores, donde hay baja alfabetización digital.
La ilegalidad, según lo que encontramos, sigue siendo un tema que requiere mucha más información. Cuando hablamos de la propiedad de la tierra decimos que demostrar que una persona cuenta con la propiedad legal de un terreno sigue siendo un reto.
¿Los retos que plantea pueden afectar las exportaciones colombianas a la UE?
La legislación aplica a todos los países, no solo a Colombia. La responsabilidad recae en los compradores europeos, pero ellos necesitan información para decidir si compran o no. Si no hay datos o hay riesgos, pueden cambiar de proveedor. No hay multas directas para productores, pero sí un posible cambio en las cadenas de suministro.
¿Qué oportunidades se abren frente a otros países?
La reglamentación también puede interpretarse como algo positivo. Porque, en términos generales, Colombia está relativamente mejor preparada que muchos de los países con los que compite en el mercado europeo. Si bien encontramos brechas, también sabemos que en otros contextos estas son mayores.
De este modo, se pueden abrir puertas a nuevos compradores que, precisamente, elijan al país en lugar de otros orígenes. No necesariamente se trata de una situación permanente, sino de una oportunidad temporal a corto y mediano plazo, que podría traducirse en un mayor volumen de compras en Colombia. El país está relativamente mejor preparado que otros con mayores problemas de deforestación, como Indonesia o Costa de Marfil.
¿Hay margen de tiempo para adaptarse mejor?
Sí, pero es limitado. Aunque la fecha es diciembre de 2026, en la práctica desde octubre ya debe cumplirse porque los productos que tengan su mercancía en tránsito deben cumplir cuando lleguen al puerto. Hoy en día ya se está pidiendo información.
¿Qué se debe priorizar?
Lo primero es fortalecer la coordinación para brindar asistencia técnica a pequeños productores. En segundo lugar, asegurar la interoperabilidad de los datos para no duplicar esfuerzos. Y tercero, definir modelos de financiación, porque son costos altos que no deberían recaer en los productores más pequeños.
¿Qué sector está más avanzado y a cuál le falta más?
La palma es el sector más avanzado, con procesos desde 2017 y sistemas de monitoreo consolidados. Luego está el café, con avances en georreferenciación. El cacao está más rezagado, aunque su volumen exportado es menor.
¿Existen diferencias regionales?
El estudio no se hizo por regiones, pero en general, las cadenas más cercanas a puertos están mejor preparadas porque están más expuestas al comercio exterior.
¿Qué avances concretos se han logrado?
El proceso de georreferenciación de fincas ha alcanzado niveles cercanos al 90 % en sectores como café y palma, lo que representa un paso clave para cumplir con los requisitos de trazabilidad. Además, varios exportadores ya han implementado sistemas para recolectar, sistematizar y transferir la información hacia los operadores en Europa, lo que facilita el cumplimiento en los eslabones más cercanos al mercado.
También se han consolidado espacios de articulación, como mesas técnicas nacionales entre sector público y privado, que han permitido avanzar en interpretaciones comunes sobre los requisitos de legalidad.
¿Y los principales desafíos que encontraron?
Persisten retos importantes. Uno de los principales es la falta de articulación en el flujo de información: aunque algunos actores ya cuentan con datos, estos no siempre logran transmitirse de manera efectiva a lo largo de toda la cadena, especialmente hasta los productores.
A esto se suma que muchas cooperativas y pequeños productores no cuentan con personal capacitado para recolectar, interpretar y gestionar la información requerida. Y está el tema de la legalidad, traducida en formalización de la propiedad de la tierra y las condiciones laborales.
¿Qué recomendaciones destacan del estudio que realizaron?
Entender que la recolección de datos, aunque costosa, tiene un alto valor estratégico. No debe verse únicamente como un requisito para cumplir la norma, sino como una oportunidad para mejorar la competitividad de las fincas, al ofrecer información clave sobre aspectos como gestión del agua, uso del suelo o formalización laboral.
Asimismo, se recomienda fortalecer la coordinación entre actores para garantizar que la información sea interoperable y pueda reutilizarse en diferentes sistemas, evitando duplicar esfuerzos. Por eso es clave avanzar en modelos de inversión conjunta: dado que el cumplimiento implica costos significativos, se plantea que estos sean compartidos entre sector público y privado, evitando que recaigan principalmente en los pequeños productores, que cuentan con menor capacidad financiera.
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