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La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) pidió a las autoridades que se garantice la seguridad jurídica para el desarrollo de la actividad productiva en el país, de acuerdo con el derecho consagrado en la Constitución Nacional.
Sandra Forero Ramírez, presidente del gremio del sector de la construcción, manifestó su preocupación por los pronunciamientos que se han generado en los últimos días, que golpean y desdibujan por completo el tan anhelado principio de seguridad jurídica.
“Tal es el caso de la sentencia T-537 del 15 de agosto de 2013, por medio de la cual la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional suspendió la licencia y obras del proyecto Serranía de Los Nogales en Bogotá D.C., que de conformidad con las leyes surtió los trámites y obtuvo los permisos requeridos para poder adelantarse, incluso resolviendo los recursos que otorga la ley para la participación de vecinos y terceros, perjudicando así, no sólo al constructor, sino lo que resulta más grave, a los compradores quienes adquirieron sus inmuebles bajo la certeza de la legalidad absoluta del proyecto”, explicó.
Forero señaló que para Camacol esta sentencia constituye un gravísimo antecedente porque desconoce los precedentes jurisprudenciales de la misma Corte Constitucional en lo que se refiere a la procedencia de la tutela contra las decisiones administrativas como lo es una licencia urbanística.
Así mismo, sugiere que el curador puede desconocer las normas urbanísticas si, en su criterio subjetivo, el proyecto puesto a su consideración desconoce la Ley o la Constitución. En pocas palabras, le da al curador el carácter de Juez, señaló Forero.
Además recalca la dirigente que se desconoce el objeto de la tutela como mecanismo para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. En este caso, no es posible evidenciar cual es el derecho fundamental protegido; pues el proceso se inicia por unos vecinos que rechazan el proyecto porque este les obstaculiza su vista sobre la ciudad.
Por esta razón Camacol pidió la nulidad de la sentencia ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, e instó al ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a que, no solo se pronuncie ante la Corte Constitucional, sino que adelante los ajustes a las normas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica, fundamento básico del desarrollo, la inversión y la construcción de ciudades de calidad.
Los argumentos de la Corte:
Pedro Gómez & Cía. y la caja de compensación familiar Colsubsidio se habían convertido en la piedra en el zapato para un grupo de vecinos del barrio Rosales, quienes se opusieron a la construcción del proyecto inmobiliario Serranía del Nogal, en la calle 79B 4-26.
El conflicto, duró cerca de tres años, y tuvo enfrentados a la empresa del reconocido constructor y a los residentes del edificio Belmonte III, contiguo al futuro proyecto.
Los vecinos acusaron a la constructora de desacatar un fallo judicial que le ordenó detener la construcción mientras se determinaba la legalidad de las decisiones administrativas tomadas desde 2007 para reglamentar el uso del suelo de lote.
La Corte, en su decisión del 24 de enero de 2014, decidió amparar los derechos de los vecinos del predio que presentaronn una tutela debido a que el terreno donde se realizaba la constucción tiene un uso dotacional, es decir, está destinado a la construcción de colegios.
En su fallo, el alto tribunal indicó que la Secretaría de Planeación había violado el debido proceso al proferir la resolución 1062 de 2007, que cambió el uso del predio hoy cuestionado de dotacional a residencial. La Corte concluyó que “el inmueble ubicado en la calle 79B 4-26 tiene un carácter de bien de interés cultural”. Sin embargo, Gómez está dispuesto a agotar hasta el último recurso legal para probar que es él quien tiene la razón en esta pelea.
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