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El municipio de Campamento está ubicado en la subregión del norte de Antioquia, a tres horas y media de Medellín. Este pueblo, encumbrado entre las montañas, tiene como principal actividad económica la panela. Allí se contabilizan cerca de 200 trapiches, pero el problema es que los precios que hoy le pagan al campesino son iguales a los del 2017; “con eso lo condenamos a migrar a los cultivos ilícitos. Tenemos una zona de difícil acceso donde hay unas mil hectáreas en hoja de coca y el temor es que ahora, con esta pérdida de empleos de la mina, se puedan incrementar”, comentó el alcalde Jorge Iván Durán, en tono de preocupación y en referencia a la reciente prohibición de la explotación del asbesto.
En Campamento, a 15 kilómetros del casco urbano, está la última mina de este material en el país. Durante 50 años, esa explotación ha sido parte fundamental de la economía del municipio.
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Sentado en su oficina, el alcalde enseña unos documentos de la Contraloría en los que le advierten que debe cumplir la ley 617, según la cual no más del 80 % los recursos de libre destinación pueden ser para gastos de funcionamiento. Si esto ocurre implicaría que el municipio no es viable financieramente. Hoy se encuentra en 74 %. Como quien dice, el fantasma de perder la categoría de municipio lo asusta y más ahora con el cierre de la mina de asbesto Las Brisas. “Los ingresos por industria y comercio que recibimos al mes son del orden de $22 millones. La mina aporta $12 millones. Para Campamento la mina cerrada son 200 empleos menos que dejan de mover los negocios, almacenes, cantinas, transportes; sin ellos dejamos de hacer transacciones por $200 millones al mes”, explicó el alcalde.
Ante el panorama expuesto por el mandatario, la pregunta que surge es: ¿si se acaba la mina, entonces se “muere” el municipio? Con rostro desencajado y con ganas de tener una respuesta diferente, el alcalde manifestó que “después de 180 años y de ser la cuna de la independencia de Antioquia, es duro reconocerlo, pero sí, dejaríamos de ser municipio y pasaríamos a ser corregimiento de Yarumal”.
Buscando salidas
“Defendemos la mina por la generación de empleo, porque tener una empresa como esa no es fácil y nos aporta cifras significativas. Ya vemos que no hay respaldo para un pueblo rico en asbesto; lo aceptamos, pero no lo vemos como un gesto en favor del municipio”, explica el alcalde al referirse a la decisión del Congreso de la República de prohibir la producción, comercialización y distribución del asbesto en el país a partir de 2021.
Asegura que desde 2017 ha ido en siete oportunidades al Congreso, “es difícil hacerse escuchar con un tema tan complejo y lamentamos las muertes de las personas a causa del asbesto. Creemos que el Congreso debe tener un plan b, de apoyo para este municipio que perderá 200 fuentes de empleo, que generará migración a la ciudad. Este problema lo podemos resolver con inversiones en proyectos que tenemos, por ejemplo, en movilización, pavimentación de vías para conectar Anorí y Campamento norte y nordeste para turismo; apoyar las pequeñas centrales hidroeléctricas en el río Nechí, que nos representaría ingresos por industria y comercio y nos generaría empleos. Hemos solicitado que nos permitan exponer nuestros argumentos, que no nos excluyan. No hacemos parte de Hidroituango, y nos dejan sin la única fuente de empleo”.
El proyecto aprobado por el Congreso dispone que se debe implementar una estrategia para que todos los trabajadores de esa mina logren una adaptación laboral. Sin embargo, según el representante Ómar Restrepo, del partido FARC, el texto se quedó corto al no plantear acciones concretas o recursos. Añade que es necesario que el Gobierno haga realidad esa “reconversión” mediante una política económica y social.
En el municipio tienen la esperanza de que permitan que la mina pueda seguir trabajando sin comercializar el asbesto en el país, sino para exportar. “He hablado con las directivas y me expresan que quieren que les permitan la exportación, ya que en otros países tienen compradores, además que les permitan la exportación del silicato de magnesio, con lo cual podrían generar 400 empleos más. Eso depende de que la ley que restringe el asbesto no restrinja la exportación. El señor presidente podría hacer algunas objeciones, así como lo hizo con la JEP. Pedimos que nos den lo que nos corresponde como cuna de la independencia de Antioquia”.
El partido Farc y los trabajadores
Desde febrero de este año minera Las Brisas cerró sus actividades. En sus instalaciones solo están los vigilantes que custodian la maquinaria, pero los demás trabajadores se encuentran en licencia remunerada, aunque dicen que les adeudan varios pagos a la fecha.
“Trabajo aquí hace 10 años. Estamos en una incógnita tremenda, porque no nos han dicho qué pasarácon nosotros. Nos tienen en licencia remunerada desde febrero y nos adeudan siete quincenas, vacaciones y cesantías del año pasado y de este”, explica uno de los trabajadores, que pidió la reserva., y agregó: “Aquí las oportunidades son muy pocas, si uno consigue un día de trabajo es mucho, nos tocaría irnos a la ciudad, porque imagínese: 200 personas aquí, donde el trabajo es ninguno, estamos mal, muy mal”.Aseguran que los problemas financieros de Las Brisas vienen desde 2017, cuando cambió de administración. Temen que se repita la historia de 2011, cuando la empresa se declaró en quiebra y se perdió la liquidación de los trabajadores. “Yo perdí $5 millones, ahora no me puede pasar lo mismo, no sería justo”, dice Hernando*
Desde hace un par de semanas representantes del partido FARC asesoran a los trabajadores. “Vinieron aquí preocupados con el precio de la panela y al ver la situación nuestra nos dijeron que conformáramos un sindicato, que el Estado nos tenía que indemnizar, que nos escuchen y nos digan qué va a pasar, nos garanticen los pagos o nos ayuden con otro empleo. Hace 10 días lo conformamos y somos cincuenta los integrantes”, explicó otro de los trabajadores. El representante Restrepo, quien estuvo en el territorio siguiendo la problemática, afirmó que la conformación del sindicato fue iniciativa de los trabajadores, pero que desde el partido están dispuestos a continuar acompañando y asesorarlos.
“Nos están apoyando con abogados. La idea es que la empresa nos responda, para que no se pierda la platica. El 8 de julio tendremos una reunión en el coliseo con todos los trabajadores, los congresistas de las FARC y los representantes de la empresa. Veremos qué nos dicen”, manifiesta Jorge*, quien trabaja desde hace siete años en la mina.
Conviviendo con el asbesto
Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición al asbesto causa cáncer y otras enfermedades. Y, como cita la exposición de motivos del proyecto de ley aprobado en el Congreso, en el país se calcula que unas 320 personas mueren al año por esta razón.
Sin embargo, en Campamento nadie parece tenerle miedo al asbesto ni a las enfermedades mortales que causa. “No tenemos evidencia de muertes por asbesto. Las principales causas son hipertensión, enfermedades cardiovasculares y accidentes de tránsito. Tenemos asbesto crisotilo encapsulado y ese no hace daño, en el hospital no hay registro de enfermedades asociadas”, afirma Durán. “Nos hacen exámenes periódicos y todo sale normal. La empresa nos da la dotación adecuada para trabajar y no hemos tenido problemas. Yo llevo 25 años aquí y estoy sano”, según uno de los trabajadores. Por esa razón quieren insistir en que permitan que la mina siga siendo explotada para conservar los empleos existentes y generar nuevos, como lo proyectan con las exportaciones.
El Espectador intentó hablar con las directivas de Las Brisas para saber su respuesta sobre los dineros que dicen los trabajadores que les adeudan, además del lobby que quieren hacer en el Congreso para que les permitan seguir trabajando, pero no fue posible obtener respuestas.
“Sé que al próximo alcalde le entrego un municipio sin deuda pública, con el precio de la panela de 2017, sin la única fuente de empleo. Entendería que Campamento pidió ayuda y no fue escuchado por el presidente, que obtuvo aquí el 83 % de la votación y creyó en él, y sin embargo fue condenado a morir como municipio con [la prohibición de] el asbesto”.
Con la firma del Acuerdo de Paz, el Gobierno se comprometió a sustituir los cultivos ilícitos que hay en la zona, pero a la fecha eso no se ha cumplido. Según el alcalde, más de la mitad de los 9.000 habitantes han sido víctimas del conflicto armado y la “única respuesta que tenemos del Estado es el abandono”.
*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
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