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Pago de cánones de arrendamiento variables, expresados como un porcentaje de la venta y pagaderos mes vencido, es la única alternativa posible para el gremio de restaurantes dada la coyuntura de crisis por la pandemida de coronavirus.
Así lo manifestó la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) en un comunicado en el que expresó «su creciente preocupación por la insostenible posibilidad de garantizar empleos ante la crisis generada por la pandemia COVID-19».
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El gremio señaló que «teniendo en cuenta que el acceso a nuevos créditos bancarios ha sido mínimo y para muy pocas compañías de la industria gastronómica, la imposibilidad de reducir el arriendo de manera significativa, genera una consecuencia material inmediata, que es la liquidación masiva de personal».
Hizo un llamado a los arrendadores a «mantener nuestras sanas relaciones comerciales, construidas por años. El futuro del negocio de restaurantes en Colombia depende de la racionalidad de los arrendadores frente a la realidad económica. De no existir esta racionalidad, se desencadenará una inevitable desocupación masiva de locales, liquidación masiva de compañías y de todo el personal de nuestra industria, una de las grandes generadoras de empleo e ingresos en el país».
A pesar de que varios restaurantes han podido seguir ofreciendo sus productos a través de domicilios, «la realidad económica actual ubica a la industria gastronómica con cero ingresos por venta directa, canal que representaba el 75 % de la facturación de los negocios», indicó Acodres.
A lo que añadió: «El 80 % de la industria no cuenta con capacidad para reinventarse y prestar el servicio de domicilios; y los que prestan hoy ese servicio, solo alcanzan ventas promedio equivalentes al 12 % de los ingresos anteriores a la crisis, realidad sobre la cual tenemos que ajustar las estructuras de costos y gastos para sobrevivir».
El sector es consciente de que por mandato de las autoridades deberán seguir cerrados por un periodo aún incierto. «Este escenario de muchos meses y quizás hasta dos años con los restaurantes cerrados al público, adicional a las condiciones propuestas por el Decreto 579 expedido ayer, deja como único escenario un acuerdo razonable entre arrendadores y arrendatarios a la luz de la realidad económica de los últimos».
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