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Hacer un trámite hoy en día no es lo mismo que hace diez años. Gracias a los avances tecnológicos y a su adopción, ahora es posible realizar estos procesos en línea y en cuestión de segundos.
Solo piense, por ejemplo, en lo engorroso que podía ser solicitar un crédito: tomar transporte, llegar al banco, hacer una larga fila y cargar una carpeta llena de documentos bajo el brazo. Hoy, en minutos, ese trámite se puede hacer desde el celular.
Las apuestas tecnológicas se siguen enfocando en la lucha contra la tramitomanía. Esta semana se dio a conocer una propuesta interesante en el marco del congreso de Alianza In (el gremio de las plataformas digitales y la innovación). Su presidente, José Daniel López, explica que es posible que para el año 2030 los colombianos tengan una billetera digital con documentos como la cédula, la licencia de conducción y la historia clínica.
“La idea es que, en una sola aplicación en el teléfono celular, se puedan almacenar este tipo de documentos para que los trámites se realicen de manera ágil”, explica López. Añade que el beneficio no sería solo para los ciudadanos, sino también para el Estado, ya que estos mecanismos podrían traducirse en una reducción significativa de los costos administrativos.
Colombia no sería la primera nación en adoptar este paso hacia la digitalización. Estonia, por ejemplo, ha logrado que el 99 % de sus trámites se hagan de forma virtual.
Fácil en el papel, complicado en la práctica
En la práctica, la tecnología que se requiere para dar este salto ya está disponible. Por ejemplo, la veracidad de los documentos y la trazabilidad de los trámites podría soportarse con blockchain; la autenticación de los usuarios puede reforzarse mediante biometría (como reconocimiento facial o huella dactilar), y la interoperabilidad entre entidades podría lograrse a través de APIs seguras que permitan el intercambio de información en tiempo real.
Se vuelve complejo al entender que esto no depende de una sola persona o entidad. Requeriría, por ejemplo, el trabajo coordinado de múltiples instituciones, como la Registraduría, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Salud y cualquier otra que deba integrarse a esta plataforma.
En algunos aspectos también sería necesaria la participación del Congreso, pues un modelo de estas proporciones necesitaría de un marco regulatorio que mitigue los abusos y garantice la sostenibilidad del sistema.
Para López, será el próximo presidente o presidenta de Colombia quien tenga la capacidad de liderar esta transformación, articulando las acciones necesarias entre todos los actores involucrados. Es por ello que, en las últimas semanas, ha tenido acercamientos con los candidatos para explicar esta iniciativa.
“Más que desarrollo normativo, esto requiere liderazgo presidencial. Un mandatario con capacidad de articular a las distintas entidades del Estado y al sector privado podría sacar adelante este proyecto. Con ese liderazgo vendrían luego los ajustes normativos necesarios, ya sean legales o reglamentarios”, concluyó.
Dudas sobre la privacidad
Aun si se superaran los desafíos anteriores, quedaría por resolver la principal barrera de un proyecto de esta naturaleza: la privacidad y la seguridad de los usuarios.
La concentración de grandes volúmenes de información (que en su mayoría podría considerarse sensible) en un solo sistema no solo incrementa los riesgos, sino que también lo convierte en un blanco especialmente atractivo para los ciberdelincuentes.
Si, por ejemplo, un tercero llegara a obtener acceso no autorizado a estos datos, podría incurrir en conductas de suplantación de identidad; es decir, hacerse pasar por usted para solicitar un crédito o incluso cometer otros delitos.
Según explicó a El Espectador, Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma, no es la primera vez que se plantea una iniciativa de este tipo.
Hace algunos años se impulsó la llamada Carpeta Ciudadana que, de acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es un servicio que permite a los ciudadanos acceder, de manera ágil y sencilla, a los documentos resultantes de los trámites realizados ante distintas entidades.
Para Castañeda, es importante pedir explicaciones a la Agencia Nacional Digital sobre lo que ocurrió con este proyecto, al que se le dedicaron esfuerzos y recursos.
El codirector de Karisma recuerda que no existe un sistema que sea 100 % seguro ni libre de filtraciones, por lo que será determinante que, si se quiere sacar adelante esta iniciativa, se apliquen los más estrictos controles y herramientas para blindar al máximo la seguridad y privacidad de los colombianos.
También es importante analizar la conexión entre quienes producen los documentos y el lugar en donde serán almacenados. Para el caso de la propuesta de Alianza In, los emisores pueden ser distintas entidades, como la Registraduría, el Ministerio de Transporte, la DIAN…
“Cada entidad produce documentos, pero surge la pregunta sobre qué significa realmente “guardarlos”. ¿Se trata simplemente de descargar un PDF y almacenarlo en algún lugar, o el modelo es distinto? Por ejemplo, podría pensarse que la DIAN genera un documento con un código QR u otro mecanismo de verificación, y eso sería lo que se almacena en la billetera digital. En ese sentido, hay muchas preguntas sobre el funcionamiento”, detalla.
En este orden de ideas, vale la pena preguntarse: ¿Cuál es el verdadero alcance que tendría esta propuesta? ¿Cómo se va a sostener económicamente? ¿La operación estará a cargo del Estado o se le encargará a uno o varios entes privados?
En suma, la idea de tener una billetera digital es ambiciosa y responde a una necesidad real: simplificar la vida de los ciudadanos. Pero entre la promesa y su implementación hay un terreno complejo, donde la tecnología, la regulación y la confianza deben avanzar al mismo ritmo. De lo contrario, el riesgo es que una solución pensada para facilitar trámites termine abriendo nuevas incertidumbres.
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