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Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, asegura que la entidad tiene la competencia para solicitar información y adelantar visitas a la Registraduría y Cancillería con el fin de determinar si hay practicas contra la libre competencia en los numerosos contratos que se han firmado con la empresa Thomas Greg & Sons.
En esta entrevista, la funcionaria aseguró que en el marco de las indagaciones le han negado información, dijo que el presidente Gustavo Petro no le ha dado ninguna instrucción sobre el tema y pidió que las entidades le permitan a la Superindustria cumplir con sus funciones. Rusinque también habló sobre la investigación contra Avianca y Viva, que se archivó a cambio de garantías.
¿Por qué la Superintendencia está adelantando visitas a Thomas Greg & Sons, a la Registraduría y a la Cancillería? ¿Qué indicios tienen sobre los contratos firmados con esa empresa?
Las visitas se realizan en el marco legal de competencias que tiene la Superintendencia, se basan en una serie de indicios, varias denuncias, y las realiza la delegación de Competencia dentro de un calendario que se estableció con varias semanas de anticipación.
El objetivo es determinar, a través de la recolección de material probatorio, si en el curso de las contrataciones en las que tuvieron participación Thomas Greg & Sons, la Registraduría y la Cancillería existieron algunos acuerdos o actuaciones ilícitas encaminadas a distorsionar el mercado, favorecer a alguno de los intervinientes, impedir el acceso o la participación de alguno de los posibles oferentes, en fin, todo lo que constituya alguna violación al régimen legal de competencia.
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Inicialmente, se puso en tela de juicio la competencia de la Superindustria, ahora la Procuraduría investiga una posible extralimitación de las funciones…
Al comienzo de la polémica, generada por esas visitas que se adelantan hace muchísimos años de manera ordinaria, se habló de una eventual falta de competencia. Hemos demostrado con toda la justificación jurídica, el sustento legal, constitucional y la jurisprudencia que están avaladas este tipo de visitas administrativas, sin las cuales sería muy difícil, o casi imposible, determinar eventuales responsabilidades o conductas violatorias de la competencia.
Por simple sentido común es claro que si la Superintendencia actuara solamente vía solicitud de información sería prácticamente imposible que los eventuales agentes infractores nos allegaran el material probatorio que necesitamos para determinar si hubo conductas irregulares. Evidentemente no vamos a encontrar las pruebas en los contratos ni en documentos que son de público conocimiento. La Superintendencia tiene competencias para investigar a todos los agentes, incluso personas naturales, públicos o privados, que estén inmersos en ese tipo de contrataciones estatales donde puede realizarse una práctica restrictiva de la competencia.
¿Hubo extralimitación, como investiga la Procuraduría?
La Procuraduría, en la labor de acompañamiento que fue solicitada por parte de la Registraduría de manera preventiva, está llamada a velar porque no haya un abuso, por ejemplo, de parte de los funcionarios en el marco de estas diligencias. Es una indagación, la Procuraduría tendrá que demostrar si hubo ese eventual abuso, lo que está demostrado es que al material probatorio que fue recolectado se accede de manera ordinaria y que tenemos las competencias.
Por nuestra parte, respondemos absolutamente a todos los requerimientos de todos los organismos de control con transparencia, oportunidad e inmediatez para permitirles ejercer ese tipo de funciones. El llamado aquí sería que en el marco de las competencias legales, que nos han sido otorgadas desde la misma Constitución, nos permitan ejercer nuestra función y acceder a la información que necesitamos para el buen curso de las investigaciones. En beneficio de todos los colombianos, no es solamente del orden de la Registraduría, ni la Cancillería, ni la Procuraduría, ni siquiera de nosotros, es de interés nacional que se establezca si existieron o no en el curso de esas contrataciones prácticas que violen el régimen de competencia y para eso que necesitamos pruebas.
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¿Considera que se le ha negado información a la entidad en el marco de estas indagaciones?
No solamente lo considero, lo afirmo. Hay funcionarios que en este momento, en medio de toda esta supuesta polémica generada por las visitas, se han negado a acceder a una entrevista, a responder a inquietudes y algunos, a facilitar información. Nos preocupa, en la medida que esa conducta constituye un obstáculo al buen ejercicio de las investigaciones y también podría constituir una acción enmarcada dentro de una violación al régimen de competencia.
Desde diferentes sectores, principalmente políticos, se ha dicho que esta podría ser una instrucción del presidente Gustavo Petro para tener un motivo para tumbar definitivamente la licitación de los pasaportes. ¿Es eso cierto?
No, es absolutamente falso. He sido enfática y reiterativa en que no he recibido ninguna orden por parte del señor presidente ni ninguna orientación del Gobierno Nacional sobre adelantar o no investigaciones a un agente del mercado en particular. La única instrucción que he recibido por parte del presidente fue de público conocimiento, en el marco de mi posesión, de velar por el interés de todos los consumidores en Colombia, fortalecer las posibilidades de acceso y el equilibrio en los mercados de la pequeña y mediana empresa, es decir, cumplir con el marco legal y constitucional que corresponde, sin sesgos de ningún tipo.
Usted dice que estas visitas ya estaban organizadas desde antes de su llegada. ¿Hace cuánto tiempo se está investigando el tema?
Desde que comenzamos el empalme a mí me refirieron un calendario con visitas e indagaciones que estaban adelantándose y allí estaba el caso de Thomas Greg. Es importante que la opinión pública sepa que aun si yo quisiera de manera discrecional y arbitraria orientar una visita, me sería imposible. Yo allí no tengo una intervención particular.
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En su respuesta en X a la apertura de investigación por parte de la Procuraduría, usted decía que entregarán toda la información necesaria, pero que las diligencias van a continuar…
Evidentemente, no podemos parar a menos que haya una modificación del régimen legal y constitucional vigente en Colombia, lo que nos corresponde es seguir cumpliendo con la función en el marco de nuestras facultades y competencias. Hablaría mal de nosotros si dejamos de investigar a raíz de todo el ruido que se ha generado.
En el documento con el que se abrió la investigación la Procuraduría dice que en las visitas se habría capturado información sensible sobre las elecciones entre 2019 y 2024. ¿Es cierto?
No, no creo que sea cierto. No tengo conocimiento particular en ese sentido. Siempre se ha hecho la salvedad por parte de quienes hicieron estas visitas que lo que allí se recolecta es información absoluta y estrictamente ligada a lo que corresponde a una eventual violación al régimen de competencia.
Incluso, para tranquilidad de la opinión pública y de los agentes sujetos de esas visitas, existe un software en la Superintendencia que hace un filtro para decantar estrictamente lo que concierne al marco de las investigaciones. Más allá de ello, no tenemos ningún interés particular en indagar sobre cuestiones que no son de nuestra competencia y aun teniéndolo, no podríamos porque el software decanta la información.
¿Qué otras investigaciones está adelantando la entidad?
No puedo hablar de casos puntuales porque hay una reserva legal, pero puedo mencionar sectores donde hay indicios que permiten entrever posibles prácticas restrictivas de la competencia, abuso de la posición dominante, por ejemplo, alimentos, medicamentos, transporte, comunicaciones.
La Superindustria inició una investigación a Avianca y Viva por, presuntamente, haberse integrado sin autorización y tenía pruebas de que se creó una “ficción legal” para aparentar una independencia que no existía. Sin embargo, el año pasado esa investigación se archivó a cambio de unas garantías. ¿Cómo va el cumplimiento de esas garantías?, ¿han dado los resultados esperados?, ¿el tema se revisará de nuevo?
Cuando esas garantías se conceden, se archiva la investigación y el proceso termina de manera anticipada. Normalmente, se confieren cuando cubren la necesidad de los consumidores y corrigen la práctica restrictiva de la competencia de manera que hay justificación para no hacer un desgaste mayor y terminar anticipadamente un eventual litigio.
Hacemos un seguimiento permanente de ese cumplimiento. En la actualidad se ha garantizado una reubicación para aproximadamente 3.000 trayectos, una suma bastante limitada. Lo que hubo con ese otorgamiento de garantías, a mi juicio ―hablo a título personal por lo que he conocido de ese proceso― no necesariamente fue lo más beneficioso para los consumidores. Lo que sí se ha ocasionado es una gran congestión judicial en la delegatura jurisdiccional. Lamentablemente, son procesos que van muy encaminados al primer responsable, que en ese momento era Viva Air, un agente que está en liquidación, y los consumidores van a penar por resarcir ese perjuicio que les ha sido ocasionado.
Frente a este tipo de conductas que pueden ser gravosas en términos del mercado, creemos que para el otorgamiento de garantías estas tienen que ser suficiente y no se pueden volver algo simbólico para los agentes infractores.
En contexto: Un año después, nadie responde por los pasajeros de Viva
Son 3.000 pasajeros beneficiados, pero los afectados en total fueron 700.000…
Hay que aclarar que se le dio una aplicabilidad a partir del momento en que se otorgó la garantía, hay muchos consumidores afectados que no tendrían un sustento para hacer valer su derecho. Si hay un incumplimiento de esas garantías, inmediatamente nosotros podemos levantar esa suspensión y continuar con la investigación. Sinceramente, no creo que haya un incumplimiento porque podría ser muy gravoso para Avianca, principalmente.
O sea, seguirá cerrada, aunque no sea suficiente a juicio de la Superintendencia.
Hay una cuestión de seguridad jurídica. Estaría mal levantar de manera arbitraria una garantía que fue concedida en el marco legal, no hay ningún mérito para suspenderla mientras se esté dando cumplimiento a las medidas que en su momento se valoraron como suficientes.
¿Vienen otras acciones contra el denominado ‘gota a gota’ virtual?
El ‘gota a gota’ virtual es una práctica que se volvió común, en la cual a usuarios que incluso solo solicitaban información sobre la posibilidad acceder a un crédito se les empezaba a cobrar como si hubiese un consentimiento, recurriendo a una serie de prácticas abusivas, como el cobro de intereses que sobrepasan el límite legal, es decir usura, cobrando doble el uso de la plataforma más los intereses sin dar la información debida.
En primera medida, se acaba de emitir una multa de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y también unas órdenes para que no se siga recurriendo a estas prácticas abusivas.
Hay una investigación en curso contra la DIMAYOR, la Federación Colombiana de Fútbol y varios clubes por presunta “cartelización” en la liga profesional femenina. ¿Qué puede decirnos sobre ese tema?
La investigación sigue su curso. Se han presentado unas solicitudes de garantías, estamos analizándolas en el despacho con todo el rigor para ver si cumplen con las expectativas, si verdaderamente satisfacen las necesidades tanto de los consumidores como de los agentes intervinientes.
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¿La Superintendencia investigará de manera imparcial, indistintamente del sector político?
Esa es la obligación que tenemos como entidad, como funcionarios públicos, el deber de ética pública nos obliga a investigar sin sesgos y lo único cierto es que la única orientación que a mí se me ha dado de parte fue la de mi posesión y por lo demás, obrar con transparencia y ecuanimidad de cara a todos los agentes del mercado.
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