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El Ministerio de Minas reconoce que, aunque hoy la canasta minera depende pesadamente de la explotación de carbón, hay un gran potencial para desarrollar e incrementar las actividades en metales como oro y cobre.
El oro, por cuenta de los estragos de la pandemia, ha registrado cotizaciones históricas en los últimos meses y, a decir verdad, lleva años siendo el consentido de los mercados internacionales. Por el lado del cobre, las autoridades reconocen el metal como una oportunidad de entrar en las grandes ligas de la minería mundial.
Este panorama puede representar buenas noticias, en la medida en la que estas actividades representen beneficios reales para el país, comenzando por los monetarios. Guillermo Rudas, economista y experto en este tema, además de integrante del comité académico del Foro Nacional Ambiental, cuestiona el esquema tributario y de regalías que tiene la minería de metales en Colombia. Este será el tema a tratar en un evento, que esta institución realizará este jueves de manera virtual, en colaboración con Fescol.
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¿Por qué hay que hablar del esquema tributario de la minería de metales en Colombia?
Quisiera arrancar diciendo que hay una discusión que se ha dado, y es que el movimiento social se vuelve una traba para obtener los beneficios de estas actividades y dicen que vamos a renunciar a esas cifras en regalías y en impuestos. El primer punto que hay que tener en cuenta es que se presentan petróleo y minería juntos. Y, la verdad, es que la minería es muy diferente y en especial la de metales; con esta nos referimos al oro, cobre y níquel, en esencia.
Entonces, las regalías que dejan la minería de metales, en particular las de oro y cobre, son precarias si se comparan con las regalías del petróleo y lo mismo pasa con los impuestos. Las exenciones a las minerías de metálicos, y aun en el carbón, son extraordinariamente grandes en comparación con las que tiene el petróleo o la manufactura, por ejemplo.
Entonces, ¿cuál es el panorama tributario de la minería de metales en Colombia?
Cuando uno las compara, el país no recibe nada por esos minerales. ¿Por qué? Por una razón sencilla: por la cantidad de exenciones en impuesto a la renta. Y esto no lo concluí yo. Esto es con cifras de la DIAN de 2018. Las más altas exenciones son de cinco empresas mineras, que tienen el 32 % de todas las exenciones por este tributo en el país.
¿Cómo encaja esto con regalías, que es un asunto distinto?
Las regalías del petróleo oscilan entre 15 y 35 % del valor del crudo. En estos metales estamos hablando de un rango entre 3 y 4 %. Entonces, por el lado de los impuestos tienen grandes exenciones y cuando se comparan con las regalías que pagan, pues tienden a ser iguales. Pagan regalías y casi que les salemos a deber. Ese es el gran problema que tiene esta minería. Mientras no se cambien esas reglas del juego, así se resolvieran los problemas ambientales, esa minería no le dejaría al país gran cosa.
¿Cómo llegamos a este escenario?
Esto fue establecido en 1994 y no se ha modificado. ¿Por qué ha habido dos reformas constitucionales del eje central de regalías y no se ha discutido este tema? En el Código de Minas de 2001, por el lado tributario, había una intención clarísima de eliminarle todos los impuestos a la minería. Y, adicionalmente, argumentaba que como la minería pagaba regalías, cosa que también hace el petróleo, no debería pagar impuestos territoriales. El primer artículo fue declarado inconstitucional. Y el segundo sí resultó exequible. Por eso el argumento que usan las autoridades y las mismas empresas de que ahora sí van a verse muy beneficiados los municipios con tributos como el predial o el ICA es equivocado.
¿De cuántos recursos se estaría hablando que no ha recibido el Estado?
Si usted coge las regalías del oro en los últimos cinco años, por ejemplo, mutiplíquelo por 10. En ese escenario, de ese factor de 10, nueve es lo que el Estado perdió. En otras palabras, puede tomar lo que el oro ha pagado en regalías desde 2012 y multiplíquelo por nueve y ahí está.
Si no resulta beneficioso para el Estado, ¿por qué cree que no se da esta discusión?
Esta es una decisión de política pública y mientras el Estado no quiera dar el debate, pues no se va a tomar. La discusión se ha planteado desde hace muchos años desde el sector académico, pero no ha sido recibida por las autoridades y mucho menos por las empresas. ¿Por qué el Estado ha tenido esta actitud? Es una pregunta para hacérsela a ellos. Pero sí dicen que las regalías entregan $7 billones, contabilizando en el mismo grupo al petróleo, que tiene un régimen distinto. El Ministerio de Minas dice que la minería va a generar 32 mil empleos. ¿De dónde sale esa cifra? La explotación más grande que se está planteando en este momento, en Quebradona, dice que va a generar 1.000 empleos. Y se habla de ocho proyectos de minería priorizados.
Usted establece una comparación con la actividad petrolera para hablar de un marco tributario más justo. ¿Del mundo del petróleo qué lecciones se pueden tomar para la minería de metales?
La decisión que tomó el país hace años de tener una empresa del Estado que compita con las privadas. Cuando el Estado compite y tiene unas reglas de juego claras, igual a las que rigen a los privados, y conoce el negocio, entonces el Estado puede hablar de tú con el sector privado. No digo que este no deba estar y que las multinacionales no deben estar. Pero es que acá el recurso es del Estado y es altamente rentable, el oro y el cobre lo son desde hace años, que no cayeron en la crisis en la que sí bajó el petróleo. ¿Por qué el Estado, siendo dueño de la materia prima, no ha hecho lo que se hizo con Ecopetrol, que llegó a generar $50 billones anuales para el país?
¿Qué lecciones hay sobre este tema en la región, con países que son fuertes en minería de metales, como Chile, por ejemplo?
No sólo en la región, sino en todo el mundo, cuando la minería se vuelve un motor de desarrollo es cuando el Estado logra captar suficiente beneficio de la actividad. Para el caso de Chile, allí hay participación estatal en la minería de cobre y así se puede hablar de tú a tú con las empresas privadas en ese negocio. Entonces, la empresa pública, que es la mayoritaria, le genera las utilidades al Estado.
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