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Colombia debe involucrarse en las negociaciones sobre una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cooperación internacional en cuestiones de tributación, que se reanudarán en Nueva York el 3 de agosto. El momento impone la urgencia: el país está atravesando una de las crisis fiscales más severas de su historia. Se encuentra además en una transición política: cuatro días después, el 7 de agosto, asumirá la Presidencia Aberlardo de la Espriella, de signo ideológico opuesto distinto al de Gustavo Petro, con una agenda tributaria todavía por definirse con claridad.
Colombia es, junto con Brasil, uno de los países de América Latina con menos espacio fiscal: perdió el grado de inversión en 2021 y arrastra un déficit superior al 6 % del PIB. Y, sin embargo, recauda apenas el 19,9 % del PIB, muy por debajo del promedio regional (21,7 %) y bastante lejos de la OCDE (34,1 %). Su problema no es solo el gasto, sino también una base tributaria estructuralmente baja.
La guerra en Oriente Medio le trajo un respiro inesperado a Colombia: el alza del crudo podría inyectar unos USD 5.000 millones adicionales en 2026. Pero esos ingresos no son estructurales, son un espejismo: se deben a la volatilidad del precio del petróleo. Lo que Colombia necesita no es una bonanza, sino una base tributaria sólida.
El gobierno entrante ha anunciado algunas propuestas en materia tributaria, pero faltan por formularse plenamente: propone un pacto de estabilidad fiscal por 10 años, simplificar el sistema tributario, reducir beneficios, reducir la tasa de tributación de las empresas para incentivar la inversión y combatir la evasión. Simplificar y combatir la evasión es sensato, pero cualquier medida para reducir impuestos debe ser parte de un paquete que aumente los recaudos de impuestos, para contribuir al programa de ajuste fiscal. Las reglas internacionales que alcancen a las multinacionales y las grandes fortunas pueden ser una contribución a un mejor sistema tributario del país.
Por eso importa tanto lo que ocurra en agosto en Nueva York: allí se debatirá el futuro de la arquitectura tributaria internacional, que definirá cuánto puede recaudar cada país para financiar su desarrollo. Apoyar esa convención debería ser una política de Estado, por encima del signo del gobierno de turno.
El World Inequality Report 2026 trae una cifra global que el nuevo ministerio de Hacienda no debería ignorar: el 0,001 % más rico —unas 56.000 personas— posee hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad. Para América Latina, el diagnóstico es más severo: poseemos las mayores brechas del mundo entre el 10 % más rico y el 50 % más pobre.
La guerra en Irán lo ha vuelto todo más urgente. El cierre del estrecho de Ormuz incrementó el costo de la deuda externa que ya asfixia a 356 millones de latinoamericanos. Mientras el petróleo le dio a Colombia un alivio grande como volátil, la guerra multiplicó los beneficios de las empresas petroleras e intermediarios comerciales; los fondos especulativos casi duplicaron sus posiciones en futuros de maíz, soya y trigo. ICRICT, una organización de la que formo parte, llamó a gravar las ganancias extraordinarias de aquellos que se beneficiaron con la guerra: esa riqueza es justo la que el sistema actual no alcanza a gravar plenamente.
El Observatorio Fiscal Internacional muestra que el 24 % de la riqueza “offshore” de los latinoamericanos queda fuera de todo intercambio automático, y que el 44 % está en Estados Unidos. En los hechos, este país opera como la nueva guarida fiscal de la región.
Según el último informe del Foro Global sobre Transparencia en la región, los países latinoamericanos recaudaron 578 millones de euros más debido al mayor intercambio de información entre países. Sin embargo, dicho incremento es desigual entre los países de la región. La negociación en curso en Naciones Unidas también podría ayudar a una más democrática participación en los beneficios del intercambio de información internacional a países como Colombia.
El problema de fondo para todos los países es el de arquitectura global. Durante décadas sus reglas se escribieron en la OCDE, donde los países en desarrollo eran minoría. Una investigación del International Centre for Tax and Development concluye que estos estándares rinden beneficios desiguales y tardíos. Cada año cerca del 1 % del PIB mundial fluye de los países pobres a los ricos. La regla más reciente lo confirma: el nuevo marco “lado a lado” del impuesto mínimo global, que permite a EE. UU. desde enero aplicar sus reglas tributarias independientemente del impuesto mínimo global acordado en las negociaciones de la OCDE, prueba de que esos estándares se moldean según el poder de cada país.
Colombia no debe salirse del bloque latinoamericano en las negociaciones de la convención de cooperación internacional en materia tributaria.
¿Qué debería defender el país en la ONU en agosto?
En primer lugar, una convención ambiciosa. Las normas actuales (basadas en los modelos de la OCDE) limitan los derechos a gravar los beneficios de las multinacionales, dado que las reglas de precios de transferencia se encuentran disociadas de la realidad económica y resultan en un traslado ficticio de beneficios hacia guaridas fiscales o hacia los países de residencia del capital. El convenio de la ONU puede cambiar esto al consagrar una asignación justa de los derechos de tributación, incluida la tributación de las empresas multinacionales.
En segundo lugar, un protocolo ambicioso para la tributación de los servicios transfronterizos, que sirva de reglas modelo, en un contexto de creciente digitalización de la economía, para garantizar que los países en los que se prestan esos servicios y se encuentran los usuarios tengan derecho a gravar los mismos y las utilidades asociadas a su provisión.
En tercer lugar, un acceso verdaderamente universal al intercambio de información y registros interconectados de activos y beneficiarios efectivos, e informes públicos país por país que obliguen a las multinacionales a revelar cuántos impuestos pagan en cada uno de los países donde operan, así como la posibilidad de utilizar la información intercambiada para un conjunto más amplio de fines —no solo fiscales—.
La buena noticia es que nuestra región no parte de cero: su mejor instrumento para hacerse oír ya existe. La PTLAC —Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe—, impulsada por Brasil, Chile y Colombia, y con la presidencia actual de la República Dominicana. Fue mi iniciativa como ministro de Hacienda y cuenta con la secretaría técnica de la Cepal. Ha venido coordinando esfuerzos en los últimos años para que los países de la región construyan posiciones comunes frente a negociaciones tan cruciales como estas.
El momento lo reclama pues algunos gobiernos de la región prefieren cortejar a Washington antes que negociar en bloque. A través de la PT-LAC, Colombia puede llegar a Nueva York con su voz amplificada, articulada con el G77, y resistir la vieja táctica de dividir para reinar.
La corrección de los déficits estructurales será menos dolorosa si la economía recupera el crecimiento, con efectos virtuosos sobre la pobreza y la distribución del ingreso. Restablecer la inversión privada —deteriorada en estos años— es urgente: incrementaría la riqueza nacional y el empleo formal, y generaría así mayor cobertura de la seguridad social, salarios reales más altos y más productividad. Una base tributaria sólida y unas reglas internacionales justas son una condición necesaria de ese círculo virtuoso.
Colombia puede presentarse como espectador o como protagonista de la primera arquitectura tributaria verdaderamente global y democrática. Se trata, en el fondo, de reconciliar el proceso económico con el democrático. La cita es en Nueva York. Llegar tarde no es una opción.
*José Antonio Ocampo es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), profesor de la Universidad de Columbia y exministro de Hacienda de Colombia.
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