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El 31 de marzo de 1983, un sismo de magnitud 5,6 tardó apenas 18 segundos en destruir buena parte de Popayán. El Archivo Histórico de la Universidad Javeriana registró 267 muertos y 7.500 heridos. Ese evento, que fue el mayor desastre sísmico urbano en la historia del país hasta ese momento, dejó una lección: había que regular cómo se construye.
Un año después, en 1984, el Gobierno expidió el Decreto-Ley 1400, la primera norma colombiana de construcción sismorresistente. Estuvo vigente 14 años, hasta que en 1997 el Congreso aprobó la Ley 400, un marco legal más robusto que permitía actualizar la norma por decreto, sin pasar cada vez por el Legislativo. Bajo ese paraguas nació el NSR-10, adoptado en 2010 y modificado parcialmente en 2023: la norma que rige hoy la construcción en el país.
Cuatro décadas después de lo ocurrido en Popayán, y con tragedias como el terremoto de Armenia en 1999 o el de este lunes, que golpeó con particular fuerza el centro y el occidente del país, con graves afectaciones en ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales, Colombia sigue haciéndose la misma pregunta: ¿qué tan preparadas están sus viviendas para un sismo de gran magnitud?
Hay que decir que una parte del país que construye siguiendo la norma al pie de la letra, con licencia, diseño de ingeniería y supervisión técnica; pero también hay otra parte, mucho más grande de lo que se cree, que levanta viviendas por cuenta propia, sin que, necesariamente, sigan las reglas establecidas. El terremoto de este lunes, con sus pérdidas humanas y materiales, volvió a poner esa brecha en carne viva.
La construcción sismorresistente en Colombia
A grandes rasgos, la NSR-10 divide al país en tres zonas de amenaza sísmica: alta, intermedia y baja. Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Bucaramanga y Pasto están en la primera. Bogotá y Medellín, en la intermedia. De esa clasificación depende cuánto debe exigirse a una construcción: los materiales, las dimensiones de columnas y vigas, los sistemas que debe llevar para disipar la energía de un temblor.
La norma tampoco exige lo mismo para todo tipo de edificación. Los hospitales, las estaciones de bomberos y las plantas de energía son “edificaciones indispensables” (Grupo IV) y deben cumplir requisitos más estrictos que una vivienda corriente, precisamente porque tienen que seguir en pie y funcionando después de un sismo. Los colegios y los centros de atención comunitaria, clasificados en el Grupo III, también cargan con exigencias superiores a las de una casa o un apartamento.
Además, la NSR-10 no busca que una edificación salga ilesa de un sismo, y eso hay que tenerlo claro. “La filosofía de la norma está en que lo primordial es salvaguardar la vida, en segundo lugar está el patrimonio. Es decir que se trata de controlar daños, pero es muy claro que en estos eventos tan fuertes es imposible que no haya daños. Lo más importante es que la edificación no colapse”, explica Juan Francisco Correal, profesor de ingeniería estructural de la Universidad de Los Andes.
Según Correal, la norma tiene diez títulos, y uno de los más importantes es el A, en el que se especifican los sistemas estructurales que se pueden usar en el país, su concepción y los requisitos de diseño que deben cumplir. A partir de ahí, otros títulos entran en el detalle según el material: uno para concreto, otro para mampostería, otro para acero, cada uno con sus propias exigencias de sismorresistencia.
El cumplimiento de la norma
¿Y cómo se comprueba que la NSR-10 se cumplió? No existe un certificado de sismorresistencia que se le pegue a una edificación como una calcomanía. El cumplimiento se acredita en diferentes etapas: en los diseños estructurales, en los estudios técnicos, en la licencia de construcción y, cuando la ley lo exige, en la revisión independiente y la supervisión técnica de la obra.
“Antes de construir, existe una revisión de los diseños estructurales que se realiza dentro del trámite de la licencia y, para los proyectos de más de 2.000 metros cuadrados, la ley exige además que esa revisión sea realizada por un profesional independiente al diseñador”, explica Guillermo Herrera Castaño, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).
“Durante la construcción, esas obras también son sometidas a supervisión técnica independiente para verificar que se ejecuten conforme a los diseños y especificaciones aprobados”, agrega Herrera.
Existe, pues, un andamiaje normativo sólido. Lo que no es tan sólido, coinciden el presidente de Camacol y varios de los expertos consultados, es lo que queda por fuera de la norma.
Una de cada tres viviendas en Colombia es informal
Buena parte de la vivienda en Colombia no la han levantado las grandes constructoras. En las periferias de las ciudades, por ejemplo, es común que las familias construyan su propia casa, con sus propios conocimientos: esa es la llamada vivienda informal.
Para el presidente ejecutivo de Camacol, ahí está el verdadero punto ciego del país en materia de sismorresistencia.
Según explica Guillermo Herrera, el reto no está en la vivienda formal que se construye hoy, sino en dos segmentos del parque habitacional: las edificaciones levantadas antes de que existieran reglamentos nacionales de construcción sismorresistente y, sobre todo, la vivienda de origen informal, que puede haberse construido sin licencia, sin diseños técnicos adecuados y sin los controles que exige la regulación.
Según la CEPAL, para 2022 el 16,9 % de los hogares colombianos vivía en asentamientos urbanos informales. Además, datos de Camacol basados en los censos del DANE indican que, entre 2005 y 2018, se construyeron en el país alrededor de 4,5 millones de viviendas, y cerca de 1,6 millones, una de cada tres, fueron de origen informal.
“Estudios que hemos citado muestran que más de la mitad del crecimiento físico de varias ciudades colombianas ha tenido origen informal”, agrega Herrera.
Y el problema no se limita a la vivienda nueva. Según Marisol Nemocón Ruiz, directora del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia, es común, en ciudades grandes, medianas, pequeñas y hasta en los pueblos, la ampliación o aumento de pisos sin ningún permiso.
Por eso, tras un sismo fuerte como el de este lunes, son tan frecuentes las grietas, los desplomes y los colapsos parciales o totales en este tipo de viviendas.
Los errores comunes de la informalidad
Víctor Naynn Piñeros, docente de Estructuras del programa de Ingeniería Civil de Uniagraria, señala la falla más común de las viviendas informales: la ausencia de vigas y columnas de confinamiento para los muros. “Si ustedes pasan por cualquier barrio popular en Colombia, se puede ver que solo se levanta el muro de ladrillo y se ven las placas. No hay confinamiento ni con vigas ni con columnas”, explica.
A eso se suma el uso de materiales que no están pensados para cargar una estructura: ladrillos no estructurales, bloques huecos de arcilla mal cocida, mezclas de mortero con poco cemento.
Piñeros identifica, además, la falta de continuidad vertical, cuando una columna no sigue de un piso a otro, y las sobrecargas: viviendas pensadas originalmente para uno o dos niveles a las que, con los años, se les añaden cuatro, cinco o seis pisos más.
Así mismo, es común el llamado golpeteo estructural, que ocurre cuando construcciones contiguas no tienen la junta sísmica o el espacio de separación adecuado, y terminan chocando entre sí durante un terremoto.
Marisol Nemocón Ruiz, de la Universidad Católica de Colombia, agrega una vulnerabilidad que empieza incluso antes de levantar el primer muro: el terreno. Algunas viviendas informales se construyen sobre rellenos o humedales que en algún momento se llenaron de escombros, sin que se haya hecho un proceso adecuado de mejoramiento de suelo. A esa base inestable se suma, según Nemocón, la ausencia total de un sistema estructural que respalde la construcción.
No obstante, el riesgo más letal no siempre está en los muros que sostienen el edificio, sino en las fachadas. Como lo explica Nemocón, una de las principales causas de muertes y lesiones en un sismo son las fachadas o muros divisorios que no están anclados a la estructura.
El riesgo se mide en personas
El 83 % de los colombianos vive en zonas de amenaza sísmica alta, según cifras que cita Víctor Naynn Piñeros, de Uniagraria. Es la misma categoría bajo la cual la NSR-10 exige los estándares de construcción más rigurosos del país.
En Bogotá, cerca del 30 % de la vivienda de la capital es de origen informal, estima Juan Francisco Correal, de la Universidad de Los Andes, y se concentra en las zonas perimetrales de la ciudad.
De ahí que, como lo dice Correal, “no es la cantidad de edificaciones, sino la cantidad de personas que habitan esas viviendas. Eso hace que más personas estén expuestas, y que sea realmente una problemática muy compleja”.
El país no solo tiene una norma vigente; también tiene, hace ya un par de años, un borrador para actualizarla. Víctor Naynn Piñeros, docente de Uniagraria, explica que la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) lleva tiempo trabajando en esa actualización, bajo el nombre de AIS 100-24, y que el documento técnico base ya está listo.
Los cambios, de aprobarse, serían considerables. Piñeros detalla que la nueva norma traería mapas de amenaza sísmica actualizados con base en sismos e investigaciones geológicas de la última década, información que la NSR-10, con 16 años de antigüedad, no incorpora.
También se actualizarían los coeficientes de diseño y se introducirían, por primera vez, capítulos obligatorios sobre el uso de aisladores sísmicos en edificaciones de gran altura y disipadores de energía en construcciones de gran envergadura. Un tercer ajuste tiene que ver con la clasificación de suelos, para prevenir la licuación, el fenómeno en el que el terreno se comporta como un líquido durante un sismo.
Por su parte, Correal matiza esa lectura. El profesor de la Universidad de Los Andes enfatiza en que hay que actualizar la norma porque cada año se aprende más sobre cómo se comportan las edificaciones frente a un sismo y, naturalmente, el estado del arte de la sismorresistencia se incrementa. Sin embargo, en ningún caso cabe decir que la NSR-10 esté mal hecha o sea insuficiente.
Reducir la brecha entre la vivienda formal e informalidad requiere más control sobre lo que ya se construyó de forma irregular, pero también medidas que faciliten el acceso a la vivienda formal para quienes hoy no pueden pagarla. Solo así se evita que, cada vez que la tierra vuelva a moverse con esta fuerza, sean las mismas familias las que queden expuestas y desprotegidas.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
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