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Según las cifras del DANE, de los 23,7 millones de trabajadores que hay en Colombia, tan solo 2,4 millones devengan un salario mínimo (el 10,12 % de la población ocupada).
Aunque no son la mayoría, lo que se decida sobre el aumento de este ingreso salarial es importante. Esto se debe a que muchos cobros y tarifas en el país siguen ligados (técnicamente el término es indexados) a ese valor o al porcentaje del incremento, por lo que cualquier cambio termina impactando el bolsillo de una gran porción de colombianos, en mayor o menor medida.
Justo este lunes se inició formalmente la discusión para el incremento que tendrá el salario mínimo desde el primero de enero de 2026. En la mesa de concertación tienen asiento los empresarios (representados agremiaciones como la ANDI, ACOPI y la SAC), el Gobierno (con la participación del Ministerio del Trabajo) y los trabajadores (por medio de centrales obreras como la CUT, la CGT y la CTC).
La Ley 278 de 1996 les encarga la misión de acordar el aumento del salario mínimo antes del 15 de diciembre (aunque las negociaciones se pueden extender hasta antes del 30 de diciembre). Para llegar a ese consenso se deben diversas variables, siendo las principales la inflación y la productividad.
El objetivo, en general, es que el ajuste del mínimo compense la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores por el aumento en el costo de vida.
Para este año, la Productividad Total de los Factores (PTF) que reportó el DANE es del 0,91 % (0,82 puntos porcentuales por debajo de la consolidada en 2024). La entidad también presentó el dato de productividad laboral por hora trabajada en volumen (0,57 %) y laboral por persona empleada (0,32 %). La mesa de concertación debe elegir uno de estos datos, por lo general se opta por el más alto que, para este año, sería la PTF.
El dato de la inflación será presentado por el DANE el viernes 5 de diciembre y será discutido por la mesa el martes 9 de diciembre. Previendo la cifra que pueda anunciar el DANE, Fedesarrollo informó la semana pasada que un aumento razonable para el salario mínimo sería del 6 % o del 6,5 %. La base técnica para esto es la suma de la inflación estimada para el cierre de este año, que es del 5,2 %, y la productividad que, independiente de su medición, fluctúa entre -0,3 % y +0,9 %.
Aunque la fecha para presentar oficialmente las propuestas de aumento es el 9 de diciembre, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, adelantó que su propuesta no será menor al 10 %. Es decir, los sindicatos pedirán un incremento de dos dígitos para el salario mínimo del próximo año.
Esta posición coincide con lo que insinuó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Aunque él no hace parte de la mesa de concertación, dejó ver que el Gobierno buscaría que el salario mínimo llegue a cerca de $1.800.000, incluyendo el subsidio de transporte. Eso equivaldría a un aumento cercano al 11 %.
Estas posturas han generado tensiones en la mesa de concertación. Puntualmente el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reiteró el lunes que este año no participará en la mesa de concertación.
En la rueda de prensa que se dio el lunes, tras la reunión de la mesa, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el presidente de la CUT, lamentaron que Cabal decidiera no atender el llamado a la discusión.
“No nos gusta el oportunismo de los empresarios, pues van a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a quejarse de que no hay diálogo social y cuando se les invita al diálogo social salen corriendo. Eso es típicamente una posición oportunista”, dijo Arias, quien calificó como “tirante” el panorama que hoy se tiene en la mesa de concertación.
Desde la Asociación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) se ha insistido en que la decisión que se tome no solo tenga en cuenta el bienestar de los trabajadores en Colombia, sino también el de las mipymes, las cuales representan cerca del 95 % del tejido empresarial en el país. La presidenta de este gremio, María Elena Ospina señaló que “se debe ser muy prácticos y responsables”, atendiendo el rigor técnico que es construir una cifra con base en la inflación y la productividad.
Para este año se ha buscado que lo que se denomina como el salario mínimo vital y móvil haga parte de la concertación. Por definición, este es el que busca que los trabajadores y sus familias tengan un acceso real a la canasta básica familiar. Según lo explicado por el Ministerio de Trabajo, un reporte entregado por la OIT sugiere que el valor de este ingreso en Colombia es de COP 3 millones para un hogar de cuatro integrantes. Si bien no es camisa de fuerza llegar a esa cifra, para la cartera laboral y las centrales obreras sí es una meta de lo que se debería alcanzar para lo que ellos denominan como una remuneración justa.
Finalmente, el ministro Sanguino detalló que este año también se buscará desindexar más cobros del salario mínimo, puntualmente en materia de vivienda. En los últimos años se ha logrado la desindexación de cerca de 200 ítems, y aún quedan varios pendientes, especialmente en el rubro de combustible y servicios públicos.
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