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La CCI, bajo el criterio del gremio, hizo un recuento sobre los hechos que marcaron el año en materia de infraestructura; no todos son buenos, algunos, de hecho, son deudas que persisten.
Lo bueno
• La inauguración del Cruce de la Cordillera Central, en noviembre, es uno de los hechos más importantes para la infraestructura del país. En los 31 viaductos, 25 túneles (incluido el Túnel de La Línea), tres intercambiadores viales y 30 kilómetros de doble calzada, que conectan Calarcá (Quindío) con Cajamarca (Tolima), se invirtieron $2,9 billones. (Vea el especial del Cruce de la Cordillera Central)
La CCI resaltó las lecciones que dejan para el país los tropiezos en el proyecto en materia de planeación: “se duplicó el tiempo de ejecución y se quintuplicó el valor de las obras, pero es cierto que la entrega de la totalidad del proyecto traerá inmensos beneficios económicos y contribuirá al mejoramiento de la productividad y competitividad del aparato productivo del país”.
• La entidad también resaltó el acuerdo en el que la aseguradora Mapfre cubrió el 90 % de la póliza de Hidroituango, un hecho que asegura la continuidad del megaproyecto y garantiza la seguridad energética del país, después de mucha incertidumbre al respecto.
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Sin embargo, asegura que los argumentos utilizados por la Contraloría en el proceso de responsabilidad fiscal, “dejan serias dudas acerca de la rigurosidad constitucional y legal en el estudio realizado por el ente de control, dado que no existe gestión fiscal alguna a cargo de los constructores del proyecto y, en consecuencia, no pueden ser calificados como responsables fiscales”.
• Los altos índices en la ejecución de las Concesiones de Cuarta Generación (4G), cuyo avance supera el 60 % con una inversión de más de $29 billones, es otro de los hechos importantes. Las cuatro concesiones que ya terminaron obras son: Girardot – Honda; Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de La Prosperidad; Autopista Conexión Pacífico 2 y Vías del Nus.
• Los acuerdos entre la Agencia Nacional de Infraestructura y los concesionarios viales y aeroportuarios para superar los efectos de la pandemia en la ejecución de los proyectos.
• El despegue de los proyectos de infraestructura de la quinta generación de concesiones (5G), o concesiones del bicentenario 5G con la adjudicación del proyecto Malla Vial del Valle del Cauca, a la cual se presentaron ocho proponentes –por primera vez en la historia de la ANI- y la luz verde para el ALO Sur.
La primera ola está conformada por 14 proyectos (siete carreteros, cuatro aeroportuarios, dos de navegabilidad y uno ferroviario) con una inversión de $21,8 billones en capex. En total, las obras de esta generación de concesiones implicarán una inversión por cerca de $50 billones.
Uno de los puntos más destacables de las 5G es la apuesta por promover el desarrollo de la logística especializada para facilitar la conexión y el intercambio de un modo de transporte a otro. (Le puede interesar: Intermodalismo y sostenibilidad: las apuestas de las 5G)
Lo malo
• Para la CCI, este año fue escasa la inversión regional en vías terciarias y secundarias: “Preocupa la baja ejecución de los recursos hoy disponibles en las cuentas del Sistema General de Regalías: $14,4 billones, monto que en buena medida podría invertirse en vías terciarias y secundarias. Es un asunto para reflexionar, entre alcaldes y gobernadores, más aún cuando ese monto equivaldría al recaudo resultante de una reforma tributaria”.
• El kilómetro 58 de la vía al Llano fue otro de los dolores de cabeza del año. La Cámara asegura que hubo fallas evidentes en el proceso de planeación y contratación del viaducto, especialmente en materia presupuestal.
A finales de septiembre se adjudicó el contrato por más de $119.000 millones para la construcción del viaducto de 750 metros de longitud; sin embargo, el proceso se adelantó en medio de las críticas de los gremios. Este es el punto más problemático de una vía que resulta vital para la economía de los Llanos Orientales y la conectividad del centro del país hacia el oriente; de acuerdo con el Invías, el viaducto será la solución definitiva que permitirá aislar mejor la vía del humor variable de la montaña, especialmente en la medida en la que los inviernos se vuelven más crudos en un planeta en crisis climática.
El proceso, en el que participan tres consorcios con nueve empresas, fue criticado por el presupuesto (que se consideraba muy bajo), pero también por el poco tiempo destinado para la ejecución, menos de un año. Aunque en su momento el Invías defendió ambas cosas, presupuesto y plazo, el gremio insiste en que los recursos son insuficiente y el tiempo de ejecución es irreal.
Otro ingrediente que se le suma es la presión de los políticos del Meta, cuando se suspendió temporalmente la licitación el gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, explicó que para región once meses ya era una eternidad, teniendo en cuenta que los recursos estaban asignados hace más de un año y que por cada día de cierre el comercio del Meta pierde $48.000 millones.
• Para la CCI, el POT de Bogotá es uno de los grandes errores del año. El gremio asegura que la competitividad de la capital se verá afectada por la exclusión del tramo Norte de la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO. Aunque, es válido resaltar, que los argumentos dados por la alcaldesa, Claudia López, tienen que ver con el impacto que tendría este proyecto para del medio ambiente.
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• La ejecución de algunos entes del orden nacional entra en la lista de cosas negativas para la infraestructura. La CCI denuncia que a la fecha el sector transporte solo ha ejecutado un poco más del 30 % del presupuesto asignado para la vigencia 2021, señala especialmente al Invías afirmando que, con corte al 30 de noviembre, solo ha ejecutado un 41,9 % y a la Aeronáutica Civil, que para la misma fecha ha ejecutado el 38,3%.
• Otro de los tiene que ver con las modalidades fraudulentas para evadir los pliegos tipo. La CCI advierte que hubo una “perversa y corrupta insistencia” de algunos entes territoriales para eludir la aplicación obligatoria de los documentos tipo por medio de tres mecanismos: “la modificación de los pliegos tipo; evaluaciones subjetivas para el direccionamiento de las adjudicaciones y la firma de convenios interadministrativos con empresas industriales y comerciales del Estado que no están obligadas al uso de los documentos tipo”.
• Finalmente, el gremio desaprueba las iniciativas parlamentarias que buscan que a través de la contratación estatal las empresas vinculen personas de determinados grupos poblacionales por medio de incentivos. Para la CCI “esta situación impacta negativamente la viabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas, al aumentar sus costos de operación y pone en serio riesgo la selección objetiva de contratistas”.
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