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La última semana de agosto puso en evidencia que el dólar dejó de ser barato. La suspensión de la venta de las acciones que el Gobierno tiene en Isagén (57,6%, operación avaluada en US$4.000 millones), la reducción en recursos externos de capital de portafolio y la propuesta de cambio en la rentabilidad mínima de las inversiones de los fondos de inversión, modificaron el rumbo de la tasa de cambio: los $1.878,75 con que inició el octavo mes del año fueron aumentando progresivamente hasta los $1.924,40 con que culminó la semana pasada.
“Durante la última semana el peso registró una fuerte depreciación de 2%, pasando de $1.885 a $1.924. Si bien todas las monedas de la región perdieron terreno frente al dólar en este período, la moneda colombiana fue, de lejos, la de peor desempeño”, resalta un informe de la firma bursátil Credicorp Capital a sus clientes.
Esa apreciación se atenuó en la jornada de ayer en el mercado del dólar interbancario, cuya cotización se incrementó 0,60% para cerrar en $1.935,30. Un comportamiento que vuelve a poner sobre la mesa la eterna advertencia a los exportadores —en especial a los del sector agrario— de proteger sus ganancias en tiempos de dólar caro contra cambios inesperados en la cotización de la tasa de cambio.
“Los empresarios han venido entendiendo su importancia y su funcionamiento como un seguro para garantizar el tipo de cambio, particularmente en estos períodos de alta volatilidad. Por eso ahora fijan el precio y pueden dormir tranquilos”, explica Javier Díaz, presidente de Analdex, quien aclara que, no obstante, esta práctica no se ha generalizado en todo el sector.
Aunque este tipo de instrumentos se contratan generalmente con los bancos comerciales, el Gobierno lo ha convertido en su punta de lanza para el campo. En 2013 el Ministerio de Agricultura destinó $38.000 millones para el programa administrado por Finagro para los agricultores, monto del cual se ejecutó el 96%, protegiendo a los productores con una tasa promedio de $1.993 cuando la TRM se mantuvo en niveles de $1.880. Para este año cuenta con un presupuesto de $15.896 millones.
“Se ha convertido en un instrumento muy utilizado por los floricultores, bananeros y empresarios de piscicultura, quienes se han acogido al incentivo de cerca del 50% en cobertura que ofrece el Gobierno”, comenta Francisco Estupiñán, exministro de Agricultura.
dmayorga@elespectador.com
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