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Pagar peajes, al menos para la mayoría, no es grato. Por redes sociales y en conversaciones cotidianas abundan las quejas a estos mecanismos, en especial porque el valor se percibe como costoso o desproporcionado. De ahí que muchos celebraron la decisión que tomó hace un año el Gobierno del presidente Gustavo Petro de congelar las tarifas para 2023, con el ánimo de, según la administración, ayudar a contener la inflación.
Desde ese momento, los expertos cuestionaron la pertinencia de una medida que calificaron como popular, pero peligrosa. Un año después, bajar los peajes no contribuyó a bajar el costo de vida, por lo menos no significativamente. Según un análisis de Fedesarrollo, si la tarifa de los peajes hubiese aumentado a principios de este año 13 % (inflación de 2022), en este momento la inflación sería apenas un 0,01 % más alta.
La medida no cumplió con su objetivo, pero el Gobierno igual tendrá que pagarles millonarios recursos a los privados como compensación. El Ministerio de Transporte dijo a este diario que se estima que para la vigencia 2023 las concesiones dejaron de recaudar $724.380 millones, “este valor debe ser cubierto con los mecanismos contractuales establecidos”.
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En la ley de adición presupuestal, expedida en julio, el Gobierno destinó recursos por $500.000 millones para, a través del Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, cubrir las afectaciones en los contratos de concesión; sin embargo, con corte al 15 de noviembre, solo se le ha pagado a los privados $41.731 millones.
Sobre estos $724.000 millones hay mucho por decir, lo primero tiene que ver con el costo de oportunidad, es decir, lo que se pudo haber hecho con ese dinero. “Subsidiar el no incremento de los peajes representa muchos recursos. Teniendo en cuenta las necesidades sociales y de infraestructura, parece que no fue el mejor uso”, dice Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Por ejemplo, con ese dinero se habría podido financiar, durante cuatro meses, el pago de Colombia Mayor, programa que entrega $80.000 mensuales a 1,7 millones de mayores vulnerables.
Ahora bien, esta deuda seguirá creciendo a menos que el Gobierno suba lo correspondiente a la inflación de 2022 (13 %) y también a la inflación de 2023 el siguiente año (con corte a octubre, la inflación anual se ubica en 10,48 %).
El problema parecía solucionado, pues este mes el Gobierno publicó para comentarios un proyecto de resolución y un proyecto de decreto que calmaron las preocupaciones de concesiones e inversionistas. Los documentos señalaban que el incremento correspondiente a la inflación del año pasado se haría efectivo el 1 de diciembre y el correspondiente a 2023, en enero del otro año. Pero, posteriormente, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dijo en medios de comunicación que el Gobierno estaba “analizando” el incremento, pues no quiere golpear más el bolsillo de los colombianos.
Fuentes consultadas por este diario confirmaron que la administración todavía no tiene claro cómo ni cuándo hará el incremento de los peajes. Por ahora, no es posible saber cuánto le costará al país el congelamiento, pero un estudio que publicó Fedesarrollo en abril da algunas pistas: el centro de pensamiento estimó que si no se hace el incremento de 13 % correspondiente a 2022, se arrastraría un déficit permanente a favor de los concesionarios que llegaría a $13,8 billones en 2040.
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También hay otras consecuencias difíciles de cuantificar. La Cámara Colombiana de Infraestructura dijo a este diario que la no indexación de las tarifas de los peajes pone en riesgo “la financiación de las obras y su correspondiente operación y mantenimiento”, pero también la confianza y apoyo de los inversionistas nacionales e internacionales a las concesiones viales en Colombia.
Una concesión que prefiere no ser citada aseguró que en etapa de cierre financiero estas decisiones generan “demoras en las aprobaciones correspondientes y un incremento en las tasas de crédito”. Otra señaló que la falta de ingresos adicionales dificulta el cumplimiento de los compromisos financieros del proyecto.
Los cálculos del gremio indican que los retrasos en las inversiones en infraestructura, producto de la incertidumbre, podrían reducir el crecimiento de la economía en 0,5 % del PIB. Una cifra que preocupa, particularmente, en un momento de desaceleración económica y de caída de la inversión.
Pero hay más. “Si no se dan los ajustes ni las compensaciones en un tiempo razonable, eventualmente puede haber una avalancha de demandas contra el Estado colombiano”, asegura María Montejo, líder de Infraestructura de la firma de abogados Baker McKenzie.
La experta dice que las compensaciones se están pagando más tarde de lo que esperaban las concesiones, pero además hay zozobra entre los inversionistas de las iniciativas privadas (IP). De acuerdo con Montejo, como la ley establece un máximo de recursos públicos que pueden destinarse a estos proyectos, “se está interpretando que está prohibida la compensación en dinero para las IP”. Bajo esa lectura las opciones serían extender el tiempo de los proyectos o limitar el alcance, según su experiencia en el sector, ambas medidas son inviables y poco atractivas para las concesiones.
“La CCI considera que, de acuerdo con la legislación vigente, el Estado debe compensar a estos proyectos de iniciativa privada también con recursos del Presupuesto General de la Nación”, dijo el gremio.
Es claro que mientras el Gobierno no incremente los peajes seguirá creciendo la deuda y la incertidumbre. Si bien un aumento de más del 20 % es políticamente costoso y, claro, afecta directamente a sectores como el transporte de carga, que también atraviesa una crisis, y a la población en general, si no se toman acciones, las finanzas del país podrían sentir las consecuencias.
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