Contraloría busca cerrar ‘venas abiertas’ en manejo de dineros de la justicia

Al explicar los efectos del convenio entre la Contraloría General y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la contralora Sandra Morelli manifestó que esta es la ocasión para «verificar que alguna información no se suministra de manera completa y oportuna».

Morelli consideró que la base esencial para un buen control «es obviamente tener la información de manera oportuna y en forma confiable y en esa medida hemos decidido que en este convenio, como lo hemos hecho con otras instituciones como Ingeominas, resulta siendo muy eficaz para el fortalecimiento institucional».

La contralora General consideró que hay debilidad en el control y la contralora delegada tuvo que hacer un gra esfuerzo para verificar «situaciones anómalas, a pesar de las denuncias no habían sido identificadas en ejercicios auditores anteriores«.

Recordó que en el ejercicio auditor respecto del Consejo Superior de la Judicatura, la contraloría nunca ha dudado de su competencia y por eso siguió avante. El convenio mejora los canales de comunicación, reiteró.

Ricardo Monroy, presidente del Consejo Superior de la Judicatura aclaró que la Rama Judicial desde siempre ha sido destinataria de las competencias de la Contraloría «en relación con la vigilancia de la gestión fiscal que cumple. Lo que pasa es que el poder judicial en general desarrolla el ejercicio de función jurisdiccional, que desde luego no está sometida al control fiscal».

Pero en lo que refiere a la gestión administrativa y fiscal hay competencia de la Contraloría. «Somos amigos del fortalecimiento institucional, en esa medida suscribimos este convenio. Somos interesados en que el país conozca la realidad del poder judicial. Me parece que la sociedad entera debe conocer el desempeño de todas las instituciones y en eso estamos claramente comprometidos».