Contraloría General advierte irregularidades en construcción de vivienda social

Presuntas irregularidades en el desarrollo, ejecución y entrega de varios proyectos de vivienda de interés social, subsidiados por la Nación, que se adelantan en Villavicencio y el municipio de San Juan de Arama (Meta), fueron advertidas por la Contraloría General de la República.

Las irregularidades detectadas tienen que ver en particular con la construcción de viviendas de interés social en la ciudadela San Antonio, de Villavicencio, a cargo de Villavivienda y contratadas con varias Uniones Temporales, denunció el contralor General, Julio Cesar Turbay Quintero.

Precisamente, con la reactivación de la construcción de vivienda, el Gobierno espera reducir la alta tasa de desempleo que enfrenta la economía colombiana.

El comunicado de prensa explica que el ente de control investiga denuncias relacionadas con la construcción de 1.560 viviendas de interés social en esta ciudadela, que se contrataron con la Unión Temporal Los Colores-Villavivienda (104), Unión Temporal Nuevo Milenio-Villavivienda (63), Unión Temporal Proorinoquia Llanos -Villavivienda (1.196) y Unión Temporal Jader Eduardo Solano-Gustavo Alberto Días Rubio-Villavivienda (197).

Funcionarios de la Contraloría General en Villavicencio visitaron las obras contratadas y tomaron fotos del estado de algunas viviendas, donde se evidencian los daños estructurales que presentan las mismas.

Los documentos allegados por la gerencia departamental de la Contraloría General de la República en el Meta al despacho del Contralor General de la República, señalan además presuntas irregularidades cometidas por parte de las Curadurías 1 y 2 de Villavicencio en la expedición de las respectivas licencias de construcción.

Fallas estructurales

En el primer caso, la construcción de 104 viviendas de interés social en la Ciudadela San Antonio, contratada con la Unión Temporal Los Colores-Villavivienda, se encontraron construidas estas soluciones de vivienda y habitadas en su totalidad, sin embargo se detectaron graves fallas estructurales en todas las casas, revela el comunicado.

No se construyó sobre las culatas y parapetos la viga cinta en concreto reforzado, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 400 de 1997 y el Decreto 33 de 1998, dejando estos elementos a merced de un eventual evento sísmico, con el correspondiente riesgo para los ocupantes de estas viviendas.

Según la Contraloría General de la República, en este caso se pudo incurrir en un presunto prevaricato, por la no construcción de dichos elementos, de la cual serían responsables la Unión Temporal, la interventoría externa y Fonade como interventor por parte de Fonvivienda, dice el informe.

Se conoció también una licencia de construcción otorgada por la curaduría primera de Villavicencio, en la cual se autoriza esta construcción con incumplimiento de la ley antes citada, por lo tanto la Curaduría sería también responsable de estas irregularidades, al otorgar licencias de construcción violando la Ley 400 de 1997 y su decretos reglamentarios, en cuanto a la sismoresistencia de estas casas.

Se observaron fallas constructivas como mala instalación de la cubierta en asbesto cemento, pues esta no cubre completamente los muros permitiendo el ingreso de las aguas lluvias a las viviendas, lo cual genera problemas de salud pública, como enfermedades respiratorias, a los habitantes de estas casas, especialmente a los niños.

Las casas presentan también problemas de humedad y fallas en las instalaciones eléctricas. Además, se encontró que el constructor no realizó el cerramiento a los patios de las casas, a lo cual se había comprometido contractualmente.

Viviendas sin entregar

La Contraloría General de la República verificó igualmente la construcción de otras 1.196 viviendas de interés social en la Ciudadela San Antonio, contratada con la Unión Temporal Proorinoquia Llanos-Villavivienda y encontró al menos 200 viviendas de este proyecto en construcción, sin que se haya entregado ninguna a sus beneficiarios.

En este proyecto se encontraron también graves fallas estructurales en todas las casas e incumplimiento de la Ley 400 de 1997, pues las columnas y vigas de estas casas se están construyendo con solo tres varillas de 3/8 de pulgada como refuerzo principal de estos estos elementos,.

Se evidencia una situación de riesgo en caso de un eventual evento sismo y, como en el caso anterior, la Contraloría General atribuye responsabilidad en la ocurrencia de las irregularidades detectada a las autoridades que dieron vía libre a la respectiva licencia de construcción (Curadurías Primera y Segunda de Villavicencio) y menciona un presunto prevaricato.

Todo esto se aplica igualmente para el proyecto de construcción de 63 viviendas de interés social en esta misma Ciudadela, contratado con la Unión Temporal Nuevo Milenio-Villavivienda.

Sólo se construyeron las bases

Siguiendo con la Ciudadela San Antonio, en lo que tiene que ver con la construcción de 197 viviendas de interés social, contratada con la Unión Temporal Jader Eduardo Solano-Gustavo Alberto Díaz Rubio-Villavivienda, se encontró que no se está adelantando ninguna obra en el sitio donde se deben construir las casas. Sólo se realizó la construcción de las bases de 76 viviendas y en los demás lotes de este proyecto no se ha adelantado trabajo de construcción alguno, sin encontrarse el porqué de esta situación irregular, considerando que ya están vencidos los términos de ejecución de esta Unión Temporal

Detrimentos patrimoniales

La Contraloría General de la República recomendó realizar un control de legalidad a todos estos proyectos de vivienda, además de un análisis financiero que permita esclarecer cuántos recursos se han entregado a los constructores, para establecer si hay presuntos detrimentos patrimoniales al Estado.

Finalmente, una comisión de la Contraloría General de la República realizó una visita de inspección física a las obras que se adelantan en el municipio de San Juan de Arama (Meta), en desarrollo del contrato No. 010 del 18 de octubre de 2006, que tiene por objeto la construcción de 49 unidades básicas de viviendas de interés social rural tipo B, para la población desplazada, por valor inicial de $372 millones y un valor adicional de $7 millones, para un valor total de $379 millones, de los cuales más de $300 millones son recursos de la Nación (subsidios).

Los funcionarios de la Contraloría pudieron evidenciar que las viviendas construidas no tienen viga cinta para amarrar las culatas y muros parapetos, contraviniendo la Ley 400 de 1997.

Así mismo, los muros de las viviendas se encuentran construidos en bloques de arcilla, que su mayoría se observan fisurados, se desmoronan y algunos fueron partidos para su colación, lo cual señala un presunto incumplimiento de las normas de sismo-resistencia.

Adicionalmente, la cubierta de las viviendas se observó oxidada y en la mayoría de las viviendas desprendida de las correas, a causa del viento. Se observaron agujeros en los amarres, al parecer sin impermeabilizar, lo que ocasiona goteras de agua cuando llueve.

Algunas ventanas y puertas se observaron caídas. En algunas viviendas se observaron las instalaciones eléctricas incompletas. Los baños de las viviendas se observaron sin sanitarios, ni lavamanos.

A la fecha de la visita de la Contraloría General, el municipio de San Juan de Arama no había recibido la obra, por cuanto no hay actas de recibió y de liquidación que permitan aclarar todas las inconsistencias expuestas.

Dadas las deficiencias constructivas que se evidenciaron, y las posibles falencias del proceso contractual, se evidencia un presunto incumplimiento del Artículo 51 de la Constitución Nacional, del Art. 1º. de la Ley 400 de 1997, de la Ley 387 de 1997, de la Ley 80 (Artículos 4, 5,53 y 26) y la inobservancia del principio de eficacia en la gestión fiscal, consagrado en el Artículo 8 de la Ley 42 de 1993; que ponen en riesgo no sólo los recursos públicos invertidos, que según soportes de pago ascienden como mínimo a $311.456.074.88, sino la integridad física de estas familias desplazadas.