Contraloría pone lupa al acuerdo que permitiría a privados ejercer funciones del ICA

Este documento, del 30 de abril de 2020, crea el “Sistema de Autorización a Terceros” con el fin de “ampliar la capacidad y cobertura de los servicios” del ICA. El Acuerdo ha motivado el rechazo por parte de organizaciones como Dignidad Agropecuaria e incluso de congresistas, debido a que lo ven como una “privatización” de una entidad fundamental para el sector agropecuario del país.

El ente de control agregó que también se dio la orden de “alertar, si es del caso, sobre la legalidad del otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esta entidad”.

Para la Contraloría “llama la atención” la excepcionalidad constitucional y legal que permite que “particulares ejerzan funciones administrativas, toda vez que tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que por su origen tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos”.

Mediante este Acuerdo del Consejo Directivo del ICA, dice la CGR, “se pretende autorizar a terceros particulares para ejercer funciones administrativas que corresponden de forma inherente al instituto”.

La entidad agregó que se verificará si se da una “posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiados, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular”. Resalta que, de privatizarse los recursos, se limitaría la competencia constitucional de la Contraloría en el ejercicio del control.

Con las nuevas facultades con que cuenta el ente de control, “se ha iniciado un ejercicio de planeación para conocer y evaluar los alcances del Acuerdo 002 de 2020. De esta manera, se podrán analizar los riesgos jurídicos, financieros e impacto de estos ante los beneficiarios y el cumplimiento de los fines del Instituto, respecto al servicios que prestará el tercero particular, la tasa o tarifa a cobrar a los usuarios, la destinación de esta y la garantía de la materialización del modelo financiero para que no afecte el patrimonio del ICA”, explicó la CGR.

“Se busca determinar los posibles efectos y riesgos que se producirían con la entrega de funciones administrativas a un particular, algo que, si bien es permitido por la normatividad vigente, implica una excepcionalidad y reglamentación específica”, añadió.