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Ni el MinTIC, ni la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ni la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) saben a ciencia cierta por qué subieron tanto las tarifas que pagan los colombianos por hablar por teléfono y navegar en internet, según lo registrado en los más recientes datos de inflación publicados por el DANE.
Para marzo, el renglón de información y comunicación fue el que más subió de precio, con una variación mensual de 2,96 % (esto es comparando con febrero de este año) y una anual de 4,73 % (teniendo en cuenta los datos de marzo de 2025).
Este comportamiento es extraño, pues los precios de este rubro no suelen reflejar repuntes tan importantes. Lo normal es que se mantengan en márgenes estables e incluso que registren contracciones.
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Por ejemplo, para marzo del año pasado, las variaciones mensuales y anuales se situaron en -0,2 y -1,43 %.
Cada una de las autoridades mencionadas está indagando con los actores de esta industria qué es lo que pudo haber pasado, por lo que hasta la fecha solo se manejan suposiciones.
Una de estas, planteada por el presidente Gustavo Petro, apunta a que el alza estaría relacionada con la fusión entre Tigo y Movistar, que habría dejado un mercado más concentrado —y, por tanto, menos competitivo.
En este escenario podrían presentarse acciones coordinadas, que es cuando empresas competidoras de tamaño similar, sin necesidad de ponerse de acuerdo, actúan de forma parecida —por ejemplo, subiendo precios al mismo tiempo— reduciendo así la competencia y desestimulando la inversión, lo que afecta a los usuarios.
La otra suposición es que se trate de un ajuste normal de mercado, es decir, que ante el aumento de los costos operativos los operadores hayan subido las tarifas para sostener la estabilidad financiera de sus compañías.
Lo que sea que esté pasando no es un tema menor, pues el acceso a internet es un servicio público esencial, debido a su relevancia para el desarrollo. Lo que ocurra en los próximos meses será determinante, ya que es algo que puede sentirse directamente en el bolsillo de los colombianos.
En esta conversación es clave lo que diga la CRC, pues su papel como árbitro en este partido entre operadores es fundamental para mantener la cancha nivelada y promover tarifas justas de cara a los usuarios.
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En entrevista con El Espectador, su director ejecutivo, Felipe Díaz, aseguró que no están preocupados, pues no es la primera vez que en la industria se presentan cambios de precios. De hecho, explicó que estos ajustes suelen realizarse por lo general una vez al año.
Sin embargo, el escenario actual resulta inusual: las alzas se han prolongado de forma sostenida desde agosto del año pasado y en marzo volvieron a registrarse incrementos, lo que rompe con la dinámica habitual del mercado.
Este escenario obliga a los reguladores a no quedarse de brazos cruzados, razón por la cual adelantan un monitoreo para determinar la causa de este incremento. La CRC no descarta que los grandes operadores estén coordinando alzas en las tarifas, lo cual sería alarmante, pues en esos casos los precios tienden a subir de forma sostenida y luego es muy difícil hacerlos bajar, a menos de que se establezca una regulación.
“Parte de nuestro compromiso, tras la aprobación de la integración entre Tigo y Movistar, es construir un observatorio de la competencia. Con este buscamos monitorear el comportamiento del nuevo agente, así como hacer un seguimiento al mercado, donde ya existe un operador dominante desde hace tiempo, que es Claro”, detalló Díaz.
La calma no debe reinar
Según un estudio de Cable.co.uk, Colombia se encuentra entre los 10 países del mundo con el costo por gigabyte (GB) más económico. Parte de esto se debe a la dinámica que trajo WOM en el mercado, que con sus tarifas agresivas obligó a los otros competidores a bajar sus precios.
Díaz recuerda que el papel que desempeñó esta empresa contribuyó a que entre 2020 y 2022 los aumentos en las tarifas fueran mínimos, incluso con periodos en los que se registraron caídas constantes.
Hoy, explica, los consumidores ya no buscan solo planes baratos, sino mejor calidad y cobertura, incluso si eso implica pagar más. Esto genera fidelización y, según señala Díaz, ayuda a entender por qué Claro mantiene la mayor cuota de mercado: su tamaño le da mayores márgenes, lo que le permite invertir más, mejorar su red y ampliar su cobertura, reforzando así ese ciclo.
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Su lectura es que el mercado se ha ido calmando. Ya no hay desórdenes o disrupciones que lo alteren y fomenten la competencia. Esto, en el largo plazo, puede traducirse en aumentos tarifarios.
Para incentivar la competencia, la CRC busca que, con la Resolución 8183 de 2026, se actualicen los esquemas de remuneración mayorista para llamadas, SMS, roaming y operación móvil virtual.
En la práctica, lo que hace esta medida es impactar los acuerdos que definen cuánto cobran los operadores entre sí por usar sus redes. Por ejemplo, cuánto le cobra Tigo a Suma Móvil por usar su infraestructura.
Las reducciones que plantea la CRC llegan hasta un 97,5 % para mensajes de texto y 73 % para llamadas e internet móvil. Estas medidas, estima el regulador, tienen el potencial de provocar ese desorden que está requiriendo el mercado para fomentar la competencia, especialmente en los operadores más pequeños, los cuales podrán ampliar su presencia en zonas de cobertura limitada sin la necesidad de desplegar infraestructura propia.
Las banderas rojas
Lo que pase en las próximas semanas como resultado de las pesquisas que hagan la CRC, el MinTIC y la SIC, será determinante para evidenciar si la fusión entre Tigo y Movistar está causando acciones coordinadas.
Si ese es el caso, detalla Díaz, habría varias banderas rojas que lo pondrían en evidencia. La primera es un incremento persistente en las tarifas tanto en planes nuevos como existentes. La segunda es una reducción en promociones y descuentos, especialmente en portabilidad.
“Cuando desaparecen las promociones, es una señal de que los operadores se están volviendo más simétricos, lo cual puede indicar menor competencia”, señala.
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A la lista de alertas se sumarían cambios en las tasas de pérdida o retención de usuarios; la portabilidad neta; el ingreso promedio por usuario (ARPU) y el ingreso por unidad de tráfico.
“Si observamos que el incremento de marzo se mantiene en los meses siguientes, pasaremos de un monitoreo general a análisis más detallados, incluyendo información granular de planes y comportamiento de usuarios, para intervenir de manera más directa”, concluye el funcionario.
Lo cierto es que el panorama de las telecomunicaciones enfrenta múltiples desafíos en Colombia. Así lo señaló el más reciente reporte de la OCDE que, entre sus páginas, destinó una serie de recomendaciones al regulador, especialmente en materia de competencia, pues se sigue viendo con preocupación la sostenida dominancia de Claro en el mercado.
Y, al final de cuentas, en este escenario se juegan el desarrollo económico y el bienestar de millones de usuarios, que hoy aprovechan la conectividad móvil y fija para impulsar sus emprendimientos o avanzar en sus planes de escolarización. Una escalada en los precios terminaría por impactar negativamente a quienes más necesitan acceso y asequibilidad en estos servicios.
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