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Los subsidios que está anunciado entregar el gobierno del presidente Petro a diferentes sectores de la población empieza a preocupar por su costo fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido preocupación “por los anuncios del Gobierno sobre las ambiciones de inversión previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y los posibles efectos fiscales de reformas legislativas”.
Están saliendo costosos los constantes pronunciamientos y contradicciones de ministros y funcionarios de la administración Petro. Muchas veces el propio gobierno le ha tocado salir a aclarar los pronunciamientos para calmar la incertidumbre y esos anuncios contradictorios.
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Con las notificaciones de algunos ministros sobre las propuestas reformistas en materia de salud y pensiones, el nerviosismo por la suerte de las finanzas va creciendo. “El escenario fiscal de mediano plazo conserva un elevado nivel de incertidumbre”, dice el documento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
En los últimos días al propio presidente Petro le tocó salir a explicar lo que quiso decir el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo sobre posibilidades cambios en la edad de pensión. En una entrevista en el diario caleño El País, el ministro Ocampo dijo sobre la posibilidad de elevar la edad de jubilación comentó: “Ese es un tema que discutiremos y llegaremos a un punto de vista del Gobierno. En la mesa de negociaciones está el tema”.
Esa respuesta alborotó el avispero en los diferentes sectores de la economía, especialmente entre el gremio de los fondos de ahorro y analistas del sector. El anuncio fue tan devastador que al propio presidente Petro le tocó salir a apaciguar las aguas. “Primero renuncio antes de subir la edad pensional”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.
En materia de anuncios sobre la reforma a la salud los desaciertos son peores y también preocupantes. Para justificar la reorganización en el sector de la salud poniendo fin a la existencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), se habla de una deuda del gobierno con las EPS de $50 billones , pero luego se reconoció que había un desfase y esas obligaciones apenas sumaban $23,3 billones. En su cuenta de Twitter el ministerio de Salud aclaró que “Luego de realizar la depuración efectiva, @Supersalud determinó que las deudas de las EPS ascienden a $23,3 billones, de los cuales: $16,6 billones corresponden a las EPS activas en el sector, $1,7 billones a las EPS liquidadas y $5 billones a las EPS en liquidación”.
Aclara el ministerio que “estas cifras pueden variar debido al proceso y revisión de los pagos de acreencias que adelantan los agentes liquidadores de las 102 EPS clausuradas entre 2003 y 2015″.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal considera que las reformas no deben presionar el gasto del gobierno. Esos proyectos deben ser presentados y estudiados dentro del marco fiscal del gobierno. “Es imperativo que cualquier reforma cuente con los recursos suficientes para su implementación y no implique mayores niveles de endeudamiento para el Gobierno”, señala el CARF.
En este escenario también es materia de preocupación la suerte de los ingresos petroleros. “Será importante tener presente el riesgo de un menor ingreso petrolero derivado de un precio del petróleo más bajo al consignado en los supuestos, y la interacción de esto con las señales internas adversas a la industria de hidrocarburos”, subraya el informe del CARF.
Considera el estudio sobre las amenazas que se ciernen sobre las finanzas públicas, que “sigue siendo indispensable que el Gobierno publique cuanto antes el plan para la transición energética y de tranquilidad al mercado y, a los actores del sector, sobre la continuidad de la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. La eliminación de la incertidumbre en este frente contribuirá a afianzar las expectativas de los agentes sobre el tipo de cambio, la inversión y el crecimiento”. También sostiene que una claridad sobre el futuro de los nuevos contratos petroleros hará “más predecibles los ingresos de la Nación tanto a través de los impuestos esperados del sector, como a través del flujo de dividendos de Ecopetrol”.
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El Comité resalta el anuncio del gobierno de ir eliminando los subsidios a la gasolina para rebajar el déficit que arrastra el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) cercano a los $36 billones que representa un poco más del doble del costo de los programas sociales ejecutados en 2022 de $18 billones.
Una preocupación que ronda entre los analistas de la economía colombiana locales y extranjeros tiene que ver con el costo de las ayudas que diariamente está ofreciendo el gobierno del presidente Petro. Además del costo de los programas sociales prometidos hay que adicionar el valor de la rebaja del 50% en el Soat, mantener el subsidio a los combustibles de los camioneros y congelar el alza de los peajes, entre otros beneficios que se tienen que cancelar con cargo al Presupuesto General de la Nación.
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