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La vida de miles de colombianos cambió el pasado 10 de agosto. El terremoto de magnitud 7,4 afectó 470 municipios del país, dejando damnificadas a más de 140.000 familias. Hasta el momento se reportan 312 personas fallecidas, 4.380 heridos y 290 desaparecidos. Más de 130.000 viviendas están averiadas, casi 30.000 quedaron destruidas y 277 edificios colapsaron. Los números no alcanzan para dimensionar el dolor y el desamparo de quienes perdieron a sus seres queridos o vieron desplomarse el trabajo de toda una vida.
Las estimaciones iniciales del Gobierno de Abelardo de la Espriella indican que los daños ascienden a COP 30 billones en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. La nueva administración ya ha anunciado varias medidas para atender la emergencia y poner a andar la reconstrucción. El martes 11 de agosto, frente al Congreso, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, informó que activaría un crédito con el Banco Mundial por USD 450 millones. Poco después, el jueves, el organismo multilateral desembolsó USD 200 millones.
El presidente De la Espriella celebró el domingo que, “en tiempo récord” la cartera logró activar el desembolso del primer tramo del crédito. Los recursos, aseguró el mandatario, “se usarán para atender las necesidades más apremiantes de las víctimas de este desastre natural”. Esta es una estrategia de financiamiento que Colombia utiliza desde hace casi dos décadas.
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¿Cómo funciona el crédito con el Banco Mundial?
Colombia accedió a la línea de crédito Cat DDO (Catastrophe Deferred Drawdown Option u Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes) del Banco Mundial. “Es un crédito preaprobado que se desembolsa de forma inmediata cuando ocurre una emergencia”, explica Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence.
En palabras de un exfuncionario del Ministerio de Hacienda, esta es una especie de “seguro” para tener liquidez en momentos de crisis. A diferencia de otros créditos, el mecanismo solo se desembolsa cuando el Gobierno emite una declaración de desastre, como ocurrió la semana pasada. Para activarlo debe haber ocurrido un fenómeno natural, como terremotos, inundaciones, sequías, incendios forestales o deslizamientos, o emergencias de salud pública como epidemias y pandemias.
Esta es la cuarta ocasión en la que el país recurre a este crédito con el Banco Mundial. El primer préstamo de este tipo fue contratado en 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, por USD 150 millones, y se desembolsó tres años después, en 2011, durante la primera administración de Juan Manuel Santos. En esa ocasión, se usó para atender la emergencia por el fenómeno de La Niña.
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El segundo se contrató en el año 2012, en la administración Santos, por USD 250 millones, y se desembolsó en 2020, en el Gobierno de Iván Duque, para atender la crisis por la pandemia del Covid-19. El tercero se contrató en 2021 (Duque), por USD 300 millones, y se activó en diciembre de 2022, cuando era presidente Gustavo Petro. En este último caso, los recursos se usaron para atender la ola invernal por el fenómeno de La Niña.
El cuarto préstamo, por USD 200 millones, se contrató el año pasado, durante el Gobierno de Petro. El anuncio se hizo en febrero de 2025 y el contrato entre Colombia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, organismo especializado del Banco Mundial, se firmó meses después.
La fecha límite para desembolsar el crédito era el primero de marzo de 2028. De acuerdo con el contrato que conoció El Espectador, en las condiciones financieras, entre otras cosas, se establece una comisión inicial de 0,50 % sobre el monto del préstamo. Una vez desembolsado, la tasa de interés se compone de la tasa de referencia más el “spread” variable del Banco Mundial.
Michelle Visbal, experta en derecho tributario y socia de Serrano Martínez CMA, explica que la tasa es variable y “corresponde a la tasa de referencia SOFR más un margen de 1,66 % anual, con posibilidad de conversión a otra modalidad si el deudor así lo decide”.
Visbal explica que la tasa está en el rango habitual de los préstamos de la política de desarrollo del Banco Mundial a países como Colombia. “Los créditos recientes de la banca multilateral en la región, en líneas de política de desarrollo o de reconstrucción posdesastre, suelen moverse entre 1,3 % y 2 % de margen, dependiendo del instrumento, del riesgo país y del diseño del programa. En ese universo comparativo, 1,66 % es una tasa competitiva”.
En cuanto a los plazos, el contrato de 2025 establece que se paga dos veces al año, siempre en las mismas fechas (15 de marzo y 15 de septiembre). El capital se empieza a pagar en marzo de 2030, en cuotas semestrales de 3,33 % hasta marzo de 2044, con un pago final de 3,43 % en septiembre de 2044.
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Un exfuncionario del Ministerio de Hacienda del Gobierno Petro —administración que fue crítica de otras modalidades de crédito con organismos multilaterales, puntualmente del Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional que, de hecho, fue cancelado en septiembre del año pasado— explicó a El Espectador que el Cat DDO es una buena opción porque “no es condicionado”. Básicamente, esta modalidad no exige reformas económicas ni que el dinero se destine a un rubro específico. Sin embargo, para que un país acceda a la línea de crédito, sí debe cumplir con determinados requisitos relacionados con la gestión del riesgo de desastres.
Un análisis del Banco Mundial sobre el tercer préstamo destaca que estos créditos le han servido al país como fuente de liquidez inmediata en momentos de emergencia. El documento, de noviembre de 2021, señala los avances de Colombia en la evaluación y gestión del riesgo fiscal asociado a desastres naturales y al cambio climático, pero también advierte que persisten retos importantes en el desarrollo de nuevos instrumentos financieros, así como en el involucramiento de sectores clave y de gobiernos locales.
Tras el desembolso de USD 200 millones, la administración de Abelardo de la Espriella buscará una ampliación de USD 250 millones en el crédito, para llegar a los USD 450 millones que anunció el ministro Gómez.
Entre tanto, el país avanza en su estrategia de reconstrucción. El Ministerio de Vivienda aseguró que en lo que resta de agosto y septiembre terminará la fase de atención inicial de la emergencia; la segunda fase, entre octubre y marzo de 2027, se enfocará en el mejoramiento de vivienda y apoyos para arriendos. La fase final, que tomaría entre dos y cuatro años, será la reconstrucción, que según la cartera incluirá el apoyo de la banca, el sector privado y los entes territoriales.
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