Deudas morosas con el Estado ascienden a $51,6 billones

La Contaduría General de la Nación cuenta con la información y las cifras de lo que tiene y vale el Estado. “Al ser las cuentas públicas de todos los colombianos, pues qué mejor que todos sepan qué es lo que tienen, qué se debe y con qué se cuenta”, dice Pedro Luis Bohórquez, contador general.

La contabilidad del país está migrando a prácticas contables internacionales. Eso se verá reflejado en el balance de 2016 y 2017, dice Bohórquez. “De las empresas que cotizan en el mercado de valores, en su consolidado de 2015, el efecto en el patrimonio fue de por lo menos 10 billones de pesos”. La contabilidad pública le sirve al gerente (autoridad regional) para que cobre lo que le deben. Las cifras indican que al país le deben cerca de $51,6 billones con corte a mayo de 2016; los deudores morosos son un poco más de 790.000 personas naturales y jurídicas.

La información revelada indica que la entidad a la que más le deben es al Consejo Superior de la Judicatura, con cerca de $19 billones, y la DIAN, con $8,1 billones. Según la Contraloría General, de la deuda con el Consejo Superior de la Judicatura, por lo menos $5,6 billones son irrecuperables. Estas deudas judiciales son por sanciones económicas, procesos penales, civiles o por desacato a la autoridad, sentencias y mandamientos judiciales que han producido las diferentes entidades jurisdiccionales, dice Bohórquez. “Cuando van a ser embargos sobre los bienes de los deudores, ya no existen o han trasladado la titularidad”. En el caso de los parapolíticos, las multas impuestas fueron altas, pero a la hora de hacer efectivo el cobro aparecen sin bienes. Los escenarios de cobros judiciales son largos y dispendiosos, admite Bohórquez.

En cuanto a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que le deben $8,1 billones unas 57.000 personas, la deuda se forma por obligaciones impositivas, sanciones tributarias autoliquidadas en las declaraciones y las infracciones al régimen tributario incurridas por los contribuyentes. “Recuperar la deuda de la DIAN es bien difícil, porque hay mandamientos de cobros coactivos o persuasivos que cuando llega la entidad a incautar lo único que encuentra es una bodega desocupada o carros desvalijados”, dice el contador general. Un caso particular de entidad a la que deben 102.982 personas es el Banco Agrario, que tiene una cartera morosa de $1,8 billones y muchas de esas obligaciones son difíciles de recuperar, admiten funcionarios de la entidad bancaria estatal. No es secreto que las mayores deudas están en manos de políticos y congresistas. El Banco Agrario va a ser la entidad más importante, porque seguramente va a apalancar los programas agrarios dentro del proceso de paz.

Demandas contra el Estado

Sin embargo, lo preocupante de conocer las cuentas estatales es el monto de las demandas que debe afrontar la Nación. Bohórquez advierte que esas pretensiones ascienden a $3.186 billones. En litigios por responsabilidades contingentes están $1.300 billones. “Esos son valores importantes que los tenemos contabilizados en cuenta de orden y que una vez salgan los mandamientos judiciales, que son las probabilidades de pérdida de esas acciones judiciales, las incorporamos como pasivos en los estados financieros”.

Esto quiere decir que, ante una eventualidad remota de que el Estado llegase a perder esas demandas, tendría que disponer de, por lo menos, catorce veces el monto del presupuesto general de la Nación como el que espera aprobar el Congreso para 2017, aforado en $224,4 billones.

Dice el informe de la Contaduría que en el pasivo se registran provisiones por cerca de $55,1 billones. “Ante la probable ocurrencia de eventos que afecten su situación financiera, al 31 de diciembre de 2015, esta provisión asciende a $25.033 billones, siendo la más significativa la correspondiente a litigios”. Las entidades más demandadas son los ministerios de Defensa y Hacienda, luego sigue la Fiscalía General de la Nación. La Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas refleja una deuda con el Estado de $3,4 billones, que corresponden a multas que deben unas 2.284 personas.