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Gabriel Boric llega a la presidencia de Chile para hacerle frente a uno de los momentos más complejos en la historia económica del país.
Claro, lo anterior resulta cierto para prácticamente cualquier gobernante actual, bien sea recién llegado al cargo o ya con un tiempo en él, pues la pandemia ha sembrado peligros e incertidumbres económicas como para que sus consecuencias nos acompañen por varios años en diferentes espectros de la vida diaria.
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Chile, por su parte, lleva una buena parte de esa carga al ir registrando una de las mejores recuperaciones económicas de la región, acompañada, cómo no, de una inflación que dista muchísimo de ser saludable.
A su vez, el país se encuentra rediseñando su Constitución Política, que bien podría traer cambios en la aproximación al modelo económico y al papel del Estado en uno de los estandartes del neoliberalismo del continente.
De fondo, lo que propone Boric (defínalo como izquierda o extrema izquierda dependiendo de qué espectro de Whatsapp habite) es replantear la relación del Estado con la sociedad chilena. Su visión aboga por mayor participación e intervención, con más gasto público en renglones sociales, por ejemplo.
El presidente electo deberá hacerle frente a una serie de retos macroeconómicos, a la vez que tendrá que navegar la fina (finísima) línea entre impulsar sanamente la economía, pero no dejar desbocar la inflación. En otras palabras, uno de sus grandes retos es tanto evitar un recalentamiento económico, como una crisis social por vía de pérdida de poder adquisitivo, contracción de la demanda y, por ahí mismo, crecimiento potencial del desempleo.
El panorama económico
Después de anotar una caída del 5,8 % en 2020 como consecuencia de las restricciones sanitarias por la pandemia, Chile cerrará 2021 con una expansión del PIB que se ubicará entre 10,5 % y 11,5 %, según estimaciones del Banco Central de Chile, que a su vez han sido apoyadas por la OCDE.
Buena parte de esa recuperación se debe al apoyo del Estado durante la pandemia, así como los retiros anticipados de pensiones en fondos privados que fueron aprobados por el Congreso chileno el año pasado en medio de una fuerte presión social para liberar esos recursos en medio de una de las peores crisis económicas en la historia de ese país (y, de paso, en el mundo).
En su momento, los legisladores chilenos autorizaron para que los ciudadanos pudieran hacer hasta tres retiros (de 10 % cada vez) de su ahorro pensional privado.
Sólo los retiros de los fondos de pensiones significaron una inyección de US$50.000 millones, mientras que el Gobierno destinó hasta diciembre de este año US$3.000 millones mensuales para pagar el bono Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una suerte de Ingreso Solidario a la chilena, si se quiere.
Además de esta inyección de capital auspiciado, o permitido, por el Estado, desde mediados de este año la economía chilena retomó en buena parte sus dinámicas prepandemia gracias a una campaña de vacunación que hoy alcanza más de 90 % de la población objetivo.
Como primer productor mundial de cobre, Chile se ha beneficiado también del alza internacional del metal, de la mano de la demanda china.
Todo esto ha llevado, como está sucediendo prácticamente en todo lado, a que la inflación crezca por encima de las expectativas de las autoridades. El índice de precios al consumidor (IPC) de Chile subió en noviembre 0,5 %, acumulando 6,3 % en lo que va del año y 6,7 % a 12 meses, su mayor dato desde diciembre de 2008.
El Banco Central chileno sólo espera que la inflación regrese a un nivel moderado (alrededor de 3 %) en 24 meses, lo que significa que 2022 será sinónimo de precios altos para los consumidores.
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La semana pasada, el emisor chileno aseguró que los precios subirán 6,9 % este año y 3,7 % en 2022, por encima de las previsiones anteriores de 5,7 % y 3,5 %, respectivamente.
Y esta es una proyección que puede resultar particularmente preocupante, pues para 2022 la proyección de crecimiento de la economía que anticipa la OCDE para Chile se ubica en 2 %. Esto en buena parte se deberá a que una buena parte de las ayudas estatales se agotarán para el próximo año, así como la liquidez de los ciudadanos derivada de los retiros pensionales.
En otras palabras, 2022 puede ser un tiempo para navegar entre precios altos, pero, quizá, pérdida de poder adquisitivo. Y esto, a su vez, podría impactar a la baja la demanda, lo que termina golpeando, en general, a toda la economía (incluyendo, potencialmente, factores como la creación de empleo).
En paralelo a este escenario, el Banco Central ya ha subido desde octubre dos veces la tasa de interés, en 1,25 puntos porcentuales cada vez. Actualmente, este indicador se ubica en en 4 % (su mayor nivel desde 2014) y se espera que ésta suba nuevamente en 2022 para contener la inflación. El aumento de tasas comenzó en julio, cuando el organismo la elevó en 25 puntos y luego la ajustó al 1,5 % en agosto y al 2,75 % en octubre.
Hay que recordar que al poco tiempo de irrumpir el coronavirus en Chile en marzo de 2020, el emisor chileno realizó un drástico recorte de la tasa hasta el mínimo histórico del 0,5 %.
El nuevo presidente “se hará cargo de un escenario macroeconómico complejo, en el cual tendrá que gestionar el retiro del estímulo fiscal”, le dijo a la AFP Juan Ortiz, de la facultad de economía Diego Portales. Y agregó que “la economía hoy está desbalanceada en términos económicos (…), recalentada a partir de un shock de consumo”, algo que se expresa claramente en el comportamiento y proyecciones de la inflación.
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Durante la campaña, tanto Boric, como Kast, se comprometieron a hacerle frente a la deuda pública chilena, que para junio de este año superaba 33 % del PIB.
En este escenario hay que introducir también la variable de una nueva Constitución Política, que bien podría redefinir el sistema pensional chileno, uno de los mayores focos de tensión e incertidumbre en política económica de la actualidad chilena.
Para algunos analistas, el retiro anticipado de pensiones si bien ayudó a sobreaguar el momento más crítico de la pandemia, también significó una descapitalización a nivel macro (del orden US$50.000 millones, como ya se dijo) y, a la larga, podría implicar que la pensión de miles de usuarios será más baja, lo que introduce preocupaciones por el bienestar futuro de los pensionados; esto al menos bajo las reglas del sistema pensional actual, que, como ya se dijo, podrían terminar siendo modificados por la redacción de la nueva Constitución.
La economía y el rol del Estado, según Boric
Las mayores diferencias entre José Antonio Kast y Boric en lo económico tiene que ver con su visión sobre el papel del Estado: el primero es un abierto creyente de la regulación del mercado (que ha generado, paralalelo al crecimiento económico, algunas de las mayores desigualdades en Chile y en Latinoamérica) y el segundo se ubica más en un espectro más cercano a los Estados de bienestar de algunos países europeos.
“Boric tiene una mirada que se vincula a la de una socialdemocracia europea, que busca que el Estado cubra ciertos derechos, mientras que Kast es partidario de preservar el actual modelo, muy marcado por el rol mínimo de lo público”, le dijo a la agencia EFE Eolo Díaz-Tendero, director del Observatorio de Transparencia de la Universidad Estatal de O’Higgins.
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El sistema chileno, que por herencia de la dictadura de Pinochet es marcadamente neoliberal y con servicios básicos privatizados, llevó a Chile a ser el país con más renta por cápita de Suramérica, aunque también lo dejó como el más desigual, según la base de datos independiente World Inequality Database (WID).
“Nos hemos propuesto avanzar con mucha responsabilidad, porque todo gasto permanente tiene que financiarse por ingreso permanente, por lo tanto uno de nuestros compromisos es que vamos a avanzar paso a paso”, fue una de las últimas declaraciones de Boric poco antes de la elección que ganó este domingo.
Y sus palabras, claramente, buscaban apaciguar a los mercados financieros, pues varias de sus propuestas van en línea de que el Estado se meta más la mano al bolsillo, lo que puede no ser noticias muy buenas en medio de problemas fiscales y retos inflacionarios.
De primera mano, Boric ha hablado de un reforma al andamiaje tributario chileno. Aunque su propuesta inicial hablaba de un incremento de 8 % del PIB en recaudo tributario, durante la fase final de la elección, su meta se situó en 5 %, lo que no es poca cosa.
A través de Twitter, María Fernanda Valdés, experta en temas tributarios, doctora en economía y coordinadora de la Fundación Fescol en Colombia, dijo de la propuesta de Boric que “esto son casi dos reformas de Carrasquilla. Es lo más ambicioso que conozco en términos tributarios en América Latina”.
Así mismo, Boric también quiere crear una Banca Nacional de Desarrollo, condonar los créditos universitarios, reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y crear un fondo universal de salud. Todas estas son propuestas que requerirán un papel protagónico al gasto público.
En la apertura de los mercados este lunes, el peso chileno, los bonos extranjeros y el principal índice bursátil registraron su mayor caída en meses. La moneda se debilitó hasta un 3 % el lunes temprano, mientras que las acciones cayeron más de un 5 %. Sin embargo, las pérdidas disminuyeron a media mañana cuando los analistas advirtieron que el mercado podría estar reaccionando de forma exagerada a una perspectiva excesivamente pesimista.
En líneas generales, a los inversionistas les preocupa que las políticas de Boric dañen una de las economías más ricas de América Latina al imponer mayores impuestos, elevar el gasto social y aumentar la regulación gubernamental sobre las empresas.
Pero aquí también hay que agregar que hay pocas cosas más cobardes que el dinero, por lo que las primeras reacciones, como lo han advertido analistas, puede ser más una sobreactuación del mercado que un indicador fiable de cualquier cosa.
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